Por Antonio Medina Trejo
Cuando menos pensaríamos que hay lugar para la discriminación por estar en una contingencia de salud de dimensiones mundiales, líderes religiosos mexicanos sacaron a relucir sus prejuicios y su ignorancia al adjudicar la existencia del coronavirus a la homosexualidad y al aborto.
Por un lado, el obispo de Morelos, Ramón Castro Castro, en su homilía del 22 de marzo dijo que “…la pandemia de Covid-19 es un grito de Dios a la humanidad ante el desorden social, el aborto, la violencia, la corrupción, la eutanasia y la homosexualidad”.
En tanto, Alfonso Durán Moo, presidente de la Comunidad Evangélica de Campeche, en entrevista con Telemar el 26 de marzo consideró que el Covid19 “es la voz de Dios con respecto a la homosexualidad desenfrenada, los matrimonios entre hombres y mujer y mujer que rompen con el principio divino de la familia”.
Ambos líderes religiosos usan su investidura jerárquica y de impacto mediático para influir en la sociedad con su ideología de odio y discriminación, al tiempo en que incumplen las leyes mexicanas antidiscriminatorias y se extralimitan en sus funciones como ministros de fe al violentar el Estado laico y cuestionar políticas públicas vigentes en algunos estados que permiten el matrimonio igualitario entre personas de mismo sexo, y en el caso de las mujeres, interrumpir sus embarazos si así lo desean.
Ante los exabruptos del obispo Castro Castro, quien esto escribe fundamentó una queja ante la Secretaría de Gobernación y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) en mi calidad de Director Nacional de Diversidad Sexual del PRD, en donde expliqué y argumenté mis motivos, los cuales responden a la indignación social que generaron los dichos del líder religioso y que desinforman a la sociedad, en este caso, suponiendo que el Covid19 es un castigo de Dios por ser homosexual o por abortar.
Ante esta situación, solicité el 27 de marzo a las titulares de la Secretaría de Gobernación y del Conapred que sancionaran al jerarca Castro Castro por sus dichos y por violentar las leyes mexicanas sobre la no discriminación y las que refieren a la separación entre las iglesias y el Estado.
Es importante decir que la Secretaría de Gobernación tiene los instrumentos legales para exigir respeto a los sectores agraviados y que se disculpen públicamente los ministros de culto que se extralimitan en sus funciones. De hecho, si Olga Sánchez Cordero quisiera, podría ejercer su facultad de sancionarles suspendiéndoles su registro como asociación religiosa.
De no actuar y sancionar a los líderes religiosos, la Secretaría de Gobernación estaría cometiendo omisión y permitiendo que esos dos entes de fe y espiritualidad estén por encima del Estado mexicano violentando leyes en un momento en que la desinformación en torno al Covid19 puede ser letal.
En mi petición a Conapred le pedí que aplique los “Lineamientos de actuación para la prevención de la discriminación por parte de ministros de culto”, que se elaboraron precisamente por la presión que ejerció el PRD y varias organizaciones civiles entre 2016 y 2017, y que hoy pueden ser puestos en marcha con estos dos ministros de fe discriminadores.
Conapred detalló en un boletín de prensa el 28 de marzo que reprueba dichos prejuiciosos contra grupos discriminados, en este caso contra personas LGBT y mujeres o personas de diversas nacionalidades. Argumenta su rechazo con estadísticas sobre discriminación y hace un llamado a los líderes religiosos a “evitar” discursos basados en prejuicios y estereotipos que confundan y dividan a la población.
Lo ideal sería que llamara a los infractores y aplicara los lineamientos antes citados en donde se les invite a tomar un curso sobre no discriminación. Esa acción sería más contundente y aleccionadora hacia los religiosos discriminadores.
Ante estas desafortunadas declaraciones de los ministros de fe, es importante que la sociedad civil organizada demuestre el músculo ciudadano y se manifieste, pues permitir que religiosos sigan influyendo con sus prejuicios y generen odio, discriminación y violencia en contra de sectores discriminados como las poblaciones LGBT, y hacia las mujeres que deciden abortar, generará más exclusión y estigmatización hacia estos sectores.
Sería muy importante que el gobierno actual haga cumplir la ley a los religiosos. Eso refrendaría la rectoría del Estado mexicano y la autoridad ética de un gobierno que hace cumplir la ley y la aplican cuando ésta es violentada.
@antoniomedina41
