Antes de ser asesinada, Vanesa acudió en 16 ocasiones al Centro de Justicia para las Mujeres a denunciar la violencia que ejercía sobre ella su esposo Emmanuel, quien finalmente la asesinó el 25 de abril afuera de Casa Jalisco.
Esto fue revelado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) tras integrar un expediente sobre la actuación de las autoridades, que abarca informes y expedientes desde 2017 -cuando Vanesa denunció por primera vez a su agresor y feminicida- hasta después de su asesinato, a unos metros de la entrada principal de la casa del gobernador.
En el expediente de 161 páginas que derivó en la recomendación 38/2019, la CEDHJ advierte que las omisiones de las autoridades “propiciaron que permaneciera la conducta de violencia feminicida” en este caso.
“Desde septiembre de 2017, la víctima había denunciado violencia constante en su contra por parte de su entonces esposo, acudiendo en 16 ocasiones al Centro de Justicia para la Mujer. La última vez que se presentó en dicho centro fue el 13 de abril de 2019 y no obstante que fue atendida y que se dictaron tres medidas de protección, días después fue víctima de una conducta de violencia feminicida”.
El organismo señala que las evidencias y hechos hacen evidentes “las deficiencias institucionales de las distintas autoridades del Estado para atender, prevenir, sancionar y erradicar” la violencia contra las mujeres, ya que “no actuaron con un enfoque de género, especializado, diferenciado, transformador, con la debida diligencia reforzada y bajo las normas, principios, procedimientos y protocolos que este tipo de casos ameritan”, e incluso documenta que la violencia que sufría Vanesa no fue debidamente valorada.
“La víctima sufría violencia por parte de su esposo y fue catalogada en la primer atención (21 de septiembre de 2017) en semáforo amarillo, aunque cuando se realizó una revalorización, el 29 de diciembre del mismo año, la Consejería determinó semaforización color morado, que es el más alto nivel de violencia en la escala del semáforo, sinónimo de Violencia Extrema”.
Luego de la revalorización se dictó la primer medida de protección por Violencia Familiar el 30 de diciembre de 2017, para el 27 de febrero de 2019 se citó la segunda medida de protección con motivo de la ampliación de denuncia por amenaza y tras ampliar nuevamente la denuncia ante el Ministerio Público, se dictó la tercer medida de protección el 13 de abril, es decir 12 días antes de su feminicidio.
No obstante, en las últimas dos medidas de protección “no fueron considerados los antecedentes de violencia de género de los cuales era víctima y por tanto no fue valorado de forma oportuna el grave riesgo que corría su integridad y su vida”. Ninguna de las medidas de protección fue notificada al agresor.
La Comisión advierte deficiencias e incumplimiento en las obligaciones por parte de las y los servidores públicos que intervinieron en el caso, pues no se siguieron las normas, principios, procedimientos y protocolos. Asimismo asevera que existieron múltiples omisiones en la investigación e integración de la carpeta de investigación, que se inició con motivo de la denuncia que presentó la víctima por las agresiones y amenazas que sufría por parte de su esposo.
Tras documentar estás deficiencias y omisiones, la Comisión recomienda otorgar apoyo en vivienda y empleo, así como atención médica y psicológica para el hijo y la madre de Vanesa. Además de que se inicien, integren y resuelvan procedimientos de responsabilidad administrativa en contra de agentes del Ministerio Público y policías investigadores de la FE involucrados.
Asimismo que se establezcan medidas para la no repetición, se actualice y perfeccione el Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres, se implemente o, en caso de existir, se actualice y perfeccione el Expediente Único de Víctima (EUV), crear en todas las regiones casas de resguardo y protección para mujeres víctimas de violencia, implementar la herramienta “Pulso de Vida” a través de la Policía Metropolitana así como realizar un memorial mediante una ceremonia pública, para dignificar y reconocer a las víctimas de feminicidio.
Los servidores públicos señalados son Ismael Banderas Ocegueda, María Elena Páez Salazar, Berenice Martínez Santana y Jimena Patricia Ruiz Mejía, agentes del Ministerio Público; así como los policías investigadores Moisés Oswaldo Victoriano Espinoza, Víctor Manuel Reséndiz Neri, Guillermina Santiago Ramírez, Julio César Ávila González, Bárbara Elizabeth Torres Pinedo, Salvador Tadeo García de Santos y Paulina Rosales Palacios, a quienes pide abrir procedimientos de responsabilidad administrativa debido a que no actuaron con un enfoque de género, especializado, diferenciado, transformador, con la debida diligencia reforzada y en general bajo las normas, principios, procedimientos y protocolos.
El 25 de abril de 2019, mientras se dirigía a su trabajo, Vanessa se percató que un vehículo la perseguía, de inmediato hizo una llamada y se acercó a un policía que resguardaba Casa Jalisco a pedir auxilio, segundos después fue embestida por el auto del que bajo su esposo Emmanuel, quien la acuchillo en cuello y cara. Días antes Vanesa había presentado una denuncia penal en contra de su esposo e inició los trámites de divorcio y custodia de su hijo.
Cemiac
