¿Y el presidente no? ¿Y la secretaria del Bienestar no? ¿Y el coordinador General de Programas para el Desarrollo no?
En los últimos días de año fuimos sido testigos de un choque más entre la política y la ley; al menos en nuestro país no hay claros ganadores, puesto que fenómenos como los que llevaron al Partido de la Revolución Democrática por medio de Rafael Hernández Estrada a presentar un recurso de revisión ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, son hoy para algunos, un sólido ejemplo de una fragante y continua violación a la Constitución, mientras que para otros simplemente faltas menores.
Cabe resaltar que, aunque el PRD logró evidenciar y probar, ante las autoridades competentes y ante la opinión pública, como desde la Presidencia de la República se orquesta la maquinaria de promoción electoral más perversa y sínica que haya existido en el México moderno, solo equiparable a las elecciones que se desarrollaban en el país antes de 1997, en dónde el gobierno en turno a través de la Secretaría de Gobernación, organizaban y calificaban los procesos electorales.
Los hoy llamados Servidores de la Nación son una terrible amenaza para la democracia mexicana puesto que en su actuar se esconde una violación al artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en el uso indebido de recursos públicos con elementos de promoción personalizada.
La cual, se hace evidente si consideramos sólo la vestimenta de éstos, es decir, el cinismo es tal, que han colocado el nombre del presidente de la República en la indumentaria que utilizan los servidores públicos. Además, las cartas que acompañan la entrega de la tarjeta de apoyo económico también están firmadas con el nombre de presidencia de México. El mensaje es claro, en el país, las políticas públicas y los programas, buscan legitimar a un hombre y no a una administración pública.
Las instituciones están en grave peligro, están perdiendo su credibilidad a costa del aumento de popularidad de un hombre. Provocando que, en muy poco tiempo, la forma de gobierno mexicana se parezca más a un Imperio que a una República.
Ante estos hechos, las magistradas y el magistrado de la Sala Regional Especializada del TEPJF encontraron fundada la queja del PRD al establecer que se acreditaron conductas violatorias a la norma constitucional, mi reconocimiento para todos ellos, puesto que lo que hicieron fue apegado al Estado de Derecho, sin embargo, la resolución fue alcanzada por la política.
La intervención política en la materia judicial es hoy en día cada vez menos visible, pero sigue existiendo, ya que, aunque hay una supuesta autonomía entre poderes, la inexistencia de partidas presupuestales aseguradas por Ley para el Poder judicial y la necesaria designación y ratificación de puestos clave por otros poderes, perpetúan el control político de un Poder sobre otro. 2
Por lo que no es de sorprender que la resolución de la Sala Especializada, carezca de la fuerza suficiente para alcanzar a las altas esferas del Poder Ejecutivo, no obstante el estoico trabajo de nuestros compañeros de Partido en conjunto con los magistrados que resolvieron, nos permite dejarle en claro a la Sala Superior del Tribunal Electoral que los elementos de prueba son reales, legales y efectivos, y que con ellos ha quedado demostrado que los servidores de la nación y su trabajo de promoción, es ilegal.
Ahora demostraremos que sí la resolución ha dejado de manifiesto estás conductas, es incoherente que en lugar de señalar la responsabilidad de todos los Delegados Estatales y Subdelegados Regionales por las conductas violatorias de la Constitución, la resolución sólo señale como responsables a 14 super delegados, 22 Subdelegados Regionales y a 7 Servidores de la Nación, cuando las condiciones, el speech, el uniforme son análogos en todo el país.
Lo que es más preocupante y en lo que debe centrarse la atención de la opinión pública y de los conocedores del derecho, es que si, se ha reconocido la falta de probidad y la ilegalidad de tres niveles jerárquicos, resulta impensable que el coordinador General del Programa, la secretaria del Bienestar y el presidente no sean responsables por tecnicismos legales.
El argumento de que éstos no conocían las conductas ni los hechos es una tomadura de pelo, ahora resulta que los uniformes fueron confeccionados y comprados sin el conocimiento de los responsables directos del programa o que las cartas que se entregan con la leyenda de Presidencia no fueron realizadas e impresas por éstos.
El camino recorrido es en suma valioso, pero las sanciones que mandato la Sala Especializada quedan a deber, puesto que, aunque han sido reconocidas las violaciones a la Ley por una autoridad judicial, en la actualidad sólo se han sancionado a 43 por el caso, cuando el universo de personas infractoras alcanza a las 19,000 personas.
Lo que está en las manos de los magistrados de la Sala Superior, no es menor, puesto que en ellas ésta el futuro de las próximas elecciones, veremos si es capaz de estar a la altura de las circunstancias y del Estado de Derecho, sancionando a los titulares responsables y ordenando la desintegración del programa. Ante la negativa, queda claro que seguimos viviendo en un país en dónde la Ley puede ser violada por ricos o poderosos, mientras que, como dice el ideario colectivo, las cárceles están llenas de pobres.
