Por Mónica Amilpas García y Tania Roque Medel
El gobierno mexicano ha contraído compromisos muy claros en la lucha contra todas las formas de desigualdad entre los géneros y ha reconocido que para lograr ese objetivo, es fundamental prevenir, atender, erradicar y sancionar, toda forma de violencia contra mujeres, adolescentes y niñas. Sin embargo, las recientes acciones contraciden dicho discurso.
Justamente un día después de que el Presidente de la República afirmara, en su conferencia matutina que no habría recortes en la atención a la violencia contra las mujeres, se dio a conocer que el Instituto Nacional de las Mujeres de México (INMUJERES) vio reducido su presupuesto en 151 millones de pesos.
Dicho suceso se suma a otros tantos que en conjunto tiene efectos negativos en el acceso al goce pleno de derechos de las mujeres y las niñas en este país. Para ello, basta revisar algunos datos:
De acuerdo con la Red Nacional de Refugios, las llamadas de auxilio por violencia contra las mujeres en el contexto de la Pandemia COVID-19 (SARS-COV2) se han incremenrado en un 80%. De igual manera se estima que diariamente se perpetran 10 feminicidios, y de abril a mayo de 2020, el SNDIF registró un total de 2,215 niñas, niños y adolescentes que viven violencia, y se ha decretado en 21 entidades federartivas la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), mecanismo para tomar acciones urgentes que frenen los feminicidios, desapariciones u otras agresiones contra mujeres.
No obstante, en días pasados se notificó la cancelación de presupuesto federal para la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), a entidades como el Estado de México, Veracruz, Nuevo León, Ciudad de México, Puebla, Jalisco, Nayarit y Zacatecas. Cabe señalar que, de enero a mayo del presente año, estas entidades han registrado en conjunto, un aproximado de 200 feminicidios.
Anteriormente ya se habían recortado recursos para las estancias infantiles y los refugios de atención a las mujeres, además de reducir a la mitad el número de las escuelas de tiempo completo que eran un apoyo fundamental para las mujeres que trabajan fuera del hogar y para quienes viven violencia.
Cabe señalar que el Comité de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) fue enfático en recomendar al Estado Mexicano “adoptar medidas urgentes para prevenir las muertes violentas, los homicidios y las desapariciones forzadas de mujeres, incluso abordando las causas profundas de dicha violencia, incluida la violencia armada, la delincuencia organizada, el tráfico de drogas, los estereotipos discriminatorios, la pobreza y la marginación”. Lo cual demanda fortalecer las políticas públicas y el prespuesto con perspectiva de género.
De ahí que estos recortes presupuestales en las diversas instituciones y programas, en su conjunto, no sólo constituyen una grave violación a los derechos humanos de mujeres, niñas y adolescentes, sino que contravienen a lo establecido en tratados internacionales y en leyes constitucionales, que señalan que, cuando se trata de derechos humanos de las mujeres, se debe asegurar el principio de progresividad, lo que implica el fortalecimiento de los recursos financieros, técnicos y humanos necesarios para su cumplimiento, no su recorte.
Sin recursos no puede haber avance en la erradicación de la violencia contra las mujeres y las niñas. No basta con tener fiscalías, centros de atención a víctimas en los diversos estados de la República, si estos no cuentan con los recursos humanos y materiales suficientes, para poder hacer su trabajo y rendir cuentas a la sociedad.
De tal manera, quienes apoyamos la igualdad sustantiva, no podemos dejar de señalar la incongruencia de quienes, siendo mujeres, apoyaron el recorte para el Inmujeres. Resulta inverosímil que se nos quiera engañar con frases fáciles y sin sustento como: “haremos más, con menos”, cuando se ha demostrado que toda política pública, para ser eficaz y eficiente, debe contar con el presupuesto suficiente. Igual de criticable, es el silencio de aquellas feministas que han apoyado el proyecto político que hoy nos gobierna.
Para lograr la mayoría de votos, dos consejeras del Instituto, que representan los estados de Baja California Sur y Chiapas, aprobaron la propuesta de recorte en la sesión presidida por Olga Sánchez Cordero, primera mujer en ocupar la Secretaría de Gobernación.
Con un recorte del 75% en su presupuesto, es imposible que Inmujeres realice las tareas que tenía previstas para este año, cuyo monto original fue aprobado por la Cámara de Diputados. Es inadmisible que sean mujeres las que avalaron este recorte, y con mayor razón, en medio del incremento de la violencia intrafamiliar generada por la Pandemia, pues en momentos de emergencia como éste, es cuando se visibiliza que las mujeres y las niñas no somos prioridad, por lo que los derechos conquistados y los avances en favor de la erradicación de la violencia de género, deben seguirse defendiendo.
Nada más vigente que la frase de Simone de Beuvoir: “No olvidéis jamás que bastará una crisis política, económica o religiosa, para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados. Estos derechos nunca se dan por adquiridos, deben permanecer vigilantes toda vuestra vida”.
