Arturo Prida Romero
Presidente del IX Consejo Nacional del PRD
Durante el primer mes de este año, salió a relucir una problemática de gran importancia, pero sobre todo de grandes repercusiones sociales, el desabasto de medicinas en 1 de cada 10 recetas, ya que con cifras del Índice Nacional de Atención de Recetas en diciembre de 2019 se promedió un alcance de medicamentos del 92.5% y en el mes de enero de 2020 se alcanzó la lamentable cifra de 89.8% lo que quiere decir que en estos últimos días más del 10% de personas con una enfermedad que pone en peligro su vida, no lograron allegarse de medicamentos gratuitos a los que tienen derecho.
Como se ha visto en el correr de los años en México, las problemáticas en materia de salubridad pública son muchas, pero resultan mucho más visibles si hablamos de enfermedades crónicas degenerativas pertenecientes al Fondo de Enfermedades consideradas de gastos catastróficos, pero, ¿Qué es una enfermedad considerada gasto catastrófico? Bueno en resumen son aquellas enfermedades definidas y priorizadas por el Consejo de Salubridad General por su alto costo, derivado de los altos precios de sus tratamientos y medicamentos asociados; y debido a su grado de complejidad o especialidad.
El mejor ejemplo de una enfermedad de este tipo, es sin duda, el cáncer, el cual durante el último año ha ido mermando su ya escasa infraestructura material, financiera y de recursos humanos. Ya que, durante los últimos meses las personas con este padecimiento han visto decaer el servicio médico que recibían debido principalmente a la segmentación del sistema de salud y al desabasto de medicamentos.
Lo anterior, se constituye como una realidad alarmante, ya que el 60% de los pacientes con cáncer fallecen a causa de este padecimiento. Lo que nos obliga como sociedad a repensar la manera en que se aborda está problemática por parte de la autoridad, puesto que ha quedado evidenciado que las políticas de austeridad implantadas por el actual gobierno han afectado la cantidad y calidad de servicios de salud.
Por si esto fuera poco desde mediados del año pasado, se evidenció que las instituciones integrantes del Sistema Nacional de Salud, suspendieron parcialmente sus servicios, por falta de materiales de trabajo, carencia de medicamentos y material de curación.
Ante lo cual el ejecutivo federal, responsable de este sistema, respondió con una serie de explicaciones y acusaciones que responsabilizaban a las pasadas administraciones de los problemas y de la corrupción. Sin embargo, sin dejar de responsabilizar a anteriores administraciones por sus propias fallas, hay que recordar que las compras y licitaciones que se realizaron con el objetivo de satisfacer las necesidades para el año pasado y este, fueron realizadas bajo la estricta supervisión del gobierno federal actual.
La realidad es que simplemente existió un proceso erróneo de planeación e implementación de las compras consolidadas de medicamentos y por el otro, la reforma que dio origen al nacimiento del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), careció de un sólido sustento jurídico pero sobre todo administrativo, puesto que no se previó el proceso por el cual los institutos de salud de todo el país pasarían a formar parte del nuevo INSABI y para colmo de males, todo el nuevo sistema nació sin siquiera tener reglas de operación.
Creer que un sistema de salud como lo fue el seguro popular, cambiaría en un instante, por decreto presidencial, a convertirse en un nuevo y moderno sistema, habla de la poca preparación que hubo en este proceso y en las personas que lo desarrollaron, ya que el hoy extinto seguro popular era una institución inmensa, la cual debía atender a casi la mitad de la población total del país.
Ya que en un país como México donde, según el INEGI en 2017, cerca de 57% de la población ocupada trabaja en la informalidad es evidente que estas personas dependan del Seguro Popular, el cual llegó a afiliar a cerca de 53 millones de mexicanos que no contaba con otra forma de seguridad social. 2
Por lo que la desaparición del seguro popular, el 31 de diciembre de 2019, y la entrada en vigor del INSABI, debió haberse realizado con el mayor cuidado posible, puesto que, a diferencia de otras malas decisiones de esta administración, la mala realización de este ejercicio pone en peligro la salud y la vida de más de 50 millones de personas.
Aún quedan muchas cosas que resolver antes de que el INSABI logre consolidarse como el suceder del seguro popular, puesto que no existen reglas claras sobre muchas cuestiones pero principalmente sobre el acceso a servicios de alta especialidad y los acuerdos de coordinación para la ejecución de la prestación gratuita de servicios de salud y medicamentos asociados, para la población sin seguridad social entre la Secretaría de Salud y las entidades federativas, pues estos temas no han sido publicados ni especificados por el INSABI.
Aunque talvez ninguna problemática sea tan clara como la falta de financiamiento para dicha reforma, la cual podría tener un impacto presupuestal de hasta 905 mil millones de pesos (3.63 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto), según estimaciones del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, A.C. (CIEP), algo que sería prácticamente irrealizable, puesto que, en estas condiciones, no habrá manera de pagar por el nuevo seguro popular a ese precio, simplemente imaginen que todo el año 2018 el gasto de todos los sistemas de salud, es decir, IMSS, ISSSTE y otros, en su conjunto rondo los 2.81% del PIB, algo muy por debajo de lo que se estima para poner en funcionamiento y operación al INSABI.
Para concluir y a manera de síntesis, me gustaría cerrar dejando muy presente al lector que la crisis de medicamentos y atención hospitalaria se pudo prevenir; y responde a una simple realidad, existió ineficacia en la planificación del cambio institucional y, sobre todo, en el proceso de compras consolidadas.
