Por Antonio Medina Trejo
El título de este artículo es una consigna que hemos acuñado muchos activistas y militantes políticos del movimiento LGBT cuando de leyes y políticas públicas se trata.
No queremos ser sólo votantes, sino personas LGBT en los espacios de decisión política que nos permita defender nuestras agendas de viva voz y en primera persona. Queremos debatir sobre los temas de importancia social con la visión de un movimiento que ha sido excluido de las políticas públicas, que ha luchado por acceder a derechos y que exige la igualdad ante la ley.
Esta consigna cobra sentido en el momento actual por la coyuntura electoral de 2021 cuando se votarán más 21 mil cargos de elección popular: se renovará la Cámara de Diputados con 500 escaños, 30 Congresos y 15 gubernaturas, además de 1,926 Ayuntamientos y Juntas Municipales.
De ahí la importancia de hacer valer la consigna que exige, en el contexto de un país democrático, la inclusión de la diversidad sexual en la toma de decisiones políticas. En ese sentido, la consigna es en mensaje a los partidos políticos para que entiendan que el movimiento de la diversidad sexual es una fuerza social que no sólo quiere estar expectante de las decisiones políticas o que se le vea como una comunidad-clientelar del partido de Estado o del gobierno en turno, sino que en su madurez como movimiento sea parte de las transformaciones del país con representantes en los diversos espacios del poder político.
Ante el reto que significa 2021 en el ámbito electoral, decenas de organizaciones civiles de la diversidad sexual se han agrupado en el Frente Nacional por la Diversidad (FNDS) con el claro propósito de proponer activistas LGBT para ocupar cargos de elección popular para los comicios del 6 de junio, bajo el entendido de ser un contrapeso que sume ante el poder despótico del gobierno actual.
Ha sido el Partido de la Revolución Democrática (PRD) el primero en responder a esta exigencia del activismo sexo-diverso, que desde hace más de dos décadas ha tenido una apertura real para con esta comunidad con diputaciones federales desde finales de los años 90, y por más de 25 años ha sido el instituto político que ha integrado a personas LGBT para impulsar las agendas de sus poblaciones, tanto en la Ciudad de México, como en estados donde ha gobernado o tenido mayorías parlamentarias.
Gracias a la lucha social conjunta entre el Sol Azteca y el movimiento de la diversidad sexual se han logrado avances en leyes y políticas públicas que reconocen actualmente, por ejemplo, matrimonio igualitario, la identidad de género de las personas trans, o la tipificación de los crímenes de odio por LGBTfobia, entre muchas propuestas más.
En esta coyuntura política y electoral es preciso que el activismo LGBT sea tomado en cuanta para estar en cargos de poder político y ser parte del contrapeso que se necesita en los congresos y en las instituciones públicas para dar la batalla al conservadurismo del partido en el gobierno que no ha dado visos de tener la voluntad para avanzar en leyes y acciones de gobierno a favor de la diversidad sexual.
En tanto, el activismo LGBT requiere tener visión de Estado y considerar su participación en política con los mejores perfiles en los partidos políticos que sí tengan compromiso, que permita posicionar a candidatos y candidatas en escaños legislativos, presidencias municipales o regidurías con agendas progresistas que garanticen la progresividad de derechos y políticas públicas.
Muy mal harían los partidos políticos de no generar espacios ganables para la diversidad sexual en las elecciones del 2021, así como también, el activismo LGBT+ cometería un error de no abrirse a la posibilidad de proponer liderazgos competitivos que puedan ocupar espacios políticos en beneficio de su comunidad y de la igualdad por la que ese movimiento ha luchado por más de cuatro décadas.
@antoniomedina41
