De acuerdo con el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), es necesario defender la existencia de organismos autónomos en el país, especialmente frente al plan de ahorro para el erario emitido por el poder ejecutivo. Entre tales organismos resaltan aquellos encargados de la transparencia, competencia y telecomunicaciones, indicó el CEESP en su Análisis Económico Ejecutivo, al que tuvo acceso el equipo de NotiPress.
Ante la declaración del presidente de México Andrés Manuel López Obrador, con respecto a la desaparición de organismos autónomos, el sector privado consideró esta medida como perjudicial para la economía del país. El mandatario señaló al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), Comisión de Competencia (COFECE), y al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública (INAI) entre los próximos a ser eliminados.
“La animadversión hacia organismos autónomos se ha incrementado con los planes del poder ejecutivo para llevar a cabo su desaparición”, informó el CEESP. Según reportaron especialistas del sector privado, los gastos correspondientes a dichos organismos representan 0.05% del presupuesto federal, equivalente a menos de una décima de punto en los ingresos tributarios. Diversos especialistas y centros del sector privado consideran que el ejecutivo busca disminuir la participación de intermediarios, con objeto de tener la autoridad para regular o eliminar cualquier organismo autónomo.
Asimismo, una preocupación clave del sector privado sobre el futuro de los organismos autónomos se basa en la transparencia y asignación de contratos públicos. La desaparición del INAI supone un riesgo en materia de transparencia y recursos, en tanto su función se trasladaría a la Secretaría de la Función Pública (SFP), agregaron.
El INAI cumple una función clave en el combate a la corrupción, indicó el CEESP. La presente administración ha empleado contratos asignados que suman un monto de 189.5 mil millones de pesos (mmp), equivalentes al 42% de las contrataciones públicas. No obstante, el 73% de tales designaciones corresponden a obra pública, lo que representa un problema al manejar la pandemia de Covid-19. Si esto dificulta la adquisición de insumos médicos, distribución de la vacuna, y mitigación del impacto en el sector salud, el país podría sumirse en un problema sanitario mayor, agregaron.
“Los organismos del estado gestionados independientemente de los gobiernos han existido por mucho tiempo, y extendido en economías diversas”, indicaron especialistas del CEESP. Al respecto comentaron, dichos organismos autónomos deben regirse a sí mismos, de otro modo podrían servir exclusivamente a dominancias políticas por parte del gobierno en turno. Esto podría llevar a incurrir toda clase de actividades ilícitas, bajo la normativa de un ejecutivo sin interés en asegurar la transparencia sobre sus contratos públicos, advirtieron.
Notipress
