Por Rogelia González Luis
#SinMujeresNoHayDemocracia
La emergencia derivada del COVID-19 ha provocado impactos específicos sobre las mujeres y profundizando las desigualdades de género existentes, tanto al interior de los hogares como fuera de ellos, en los hospitales y centros sanitarios, en el trabajo y también en la política. Esta realidad requiere que la participación igualitaria de las mujeres en las decisiones y el enfoque de género sean elementos centrales de las políticas de mitigación y recuperación de la crisis.
Globalmente, las mujeres son más pobres que los hombres y actualmente están sintiendo los efectos en el ámbito económico y en el mercado de trabajo, segmentado por género. Las mujeres representan una gran proporción de la economía informal en todos los países y los datos indican que los sectores de la economía más perjudicados por las medidas de aislamiento social afectan de modo importante a las mujeres.
La precariedad laboral de las mujeres se explica por los roles de género y las responsabilidades del cuidado asignadas a las mujeres. El cuidado es colectivo, sin embargo, las normas sociales de género atribuyen el rol del cuidado a las mujeres, lo cual perjudica su participación en el mercado laboral, provoca la brecha salarial y limita su acceso al empleo de calidad.
De acuerdo con datos de la Comisión interamericana de Mujeres CIM/OEA En tiempos de crisis económica, el riesgo para las mujeres pobres aumenta, casi un tercio de las mujeres de la región es económicamente dependiente, condición que puede exponerlas a una mayor vulnerabilidad y que se debe tomar en cuenta en el marco de la emergencia actual.
La crisis del COVID-19 no puede derivar en un retroceso en la participación laboral de las mujeres, y por ello se debe garantizar su acceso a los derechos económicos. Además, la participación de las mujeres en el mercado laboral es relevante para el crecimiento económico de los países. Las mujeres, presentan una menor participación laboral, les afecta más el desempleo y se concentran más en sectores vulnerables y de baja productividad. Existe un vínculo fuerte entre la informalidad y la pobreza, por lo que el alto porcentaje de mujeres en el sector informal contribuye a su situación de pobreza.
La precariedad laboral de muchas mujeres las pone en mayor riesgo, en el periodo de recuperación puedan quedarse sin ingresos, para su bienestar y el de su familia; lo cual se agrava para las familias monoparentales, la mayoría de ellas encabezadas por mujeres. Ante la inevitable crisis económica, la única forma de que no se segmente sexualmente la reinserción laboral, es decir, que las mujeres sean asignadas al trabajo no remunerado de la casa y los hombres al trabajo remunerado público, reforzando las desigualdades de género en los hogares y en el mundo laboral, será con políticas públicas para el fortalecimiento de la economía de las mujeres y más aún en las comunidades indígenas donde la economía se ha visto minada.
No existe una política integral que atienda a los pueblos indígenas ante el COVID19, el desmantelamiento de los sistemas de salud, la falta de personal médico, medicinas y equipamiento, los conflictos sociales y políticos, el uso indiscriminado de los recursos naturales, la invasión de los territorios, el crimen organizado, pone aún más en riesgo la vida de las mujeres y la de sus familias. La situación económica de las mujeres indígenas, se encuentran en un momento de crisis económica por la falta de recursos, aunado a ello, el no poder salir para hacer la venta de sus productos, el alza en los precios de los productos básicos, el cuidado de las personas enfermas agrava la economía familiar volviéndose más vulnerables ante la pandemia COVID 19.
La crisis del COVID-19 no puede derivar en un retroceso en la participación laboral de las mujeres, y por ello se debe garantizar su acceso a los derechos económicos. Además, la participación de las mujeres en el mercado laboral es fundamental para el crecimiento económico de nuestro país. Asimismo se hace necesario impulsar la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, poniendo en primer lugar la cultura como base fundamental del desarrollo; reducir la desigualdad; respeto a los derechos colectivos, al territorio y a los recursos naturales.
