Por Jesús Zambrano Grijalva
Presidente Nacional del PRD
El jueves pasado, con ocho votos a favor y alcanzando una vez más la mayoría calificada, la Suprema Corte invalidó el “decretazo” publicado el 22 de noviembre de 2021 por el que López Obrador declaraba de “interés público y seguridad nacional” la realización de las obras a cargo del Gobierno Federal con lo que las exentaba de permisos y requisitos legales, así como del escrutinio público y la rendición de cuentas.
La controversia constitucional había sido interpuesta por el INAI porque el decreto vulneraba el derecho a saber de la sociedad, ya que impedía el acceso ciudadano a contratos, licitaciones y demás información sobre todas las obras del gobierno.
Desde el PRD celebramos la actuación y determinación de las y los ministros porque una vez más hicieron valer la autonomía de la Suprema Corte y la ley, poniendo por delante los derechos de la sociedad mexicana y las facultades del INAI.
No obstante, como si la Suprema Corte fuera un mero adorno, López Obrador desacató su resolución y pisoteando el Estado de derecho publicó ese mismo jueves en la edición vespertina del DOF un “nuevo decretazo”, prácticamente igual al anterior, en el que reitera su declaración de seguridad nacional al Tren Maya, al Corredor Interoceánico y a los aeropuertos de Palenque, Chetumal y Tulum.
Pero la cosa no quedó ahí. Con la intención de congratularse con el presidente de la República –o por órdenes de éste- los embates de Morena hacia la Suprema Corte y en específico a su ministra presidenta, Norma Piña, se han radicalizado violentamente en los últimos días: el presidente del Senado, Alejandro Armenta, exhibió conversaciones privadas con ella; el subsecretario de la Secretaría de Energía, Sergio Saldaña, la llamó “narcomarrana”; y, por último, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, encabezó una protesta con funcionarios públicos de su gobierno frente a la sede la SCJN cargando un féretro y representando el cadáver de la ministra.
El desacato y la reiteración presidencial, junto a esta nueva embestida cargada de violencia y que claramente busca intimidar a las y los ministros, han llevado a la opinión pública a preguntase ¿Qué esconde López Obrador en sus obras faraónicas? ¿Por qué se empeña en evitar el escrutinio público? ¿Por qué esa obstinación por hacer las cosas en lo obscurito y al margen de la ley?
Para responder esas preguntas basta escarbar un poquito: Un rasgo común entre las obras que el “nuevo decretazo” está blindando es que todas ellas están al mando de la Sedena, cuyo titular ha sido acusado en los últimos días de corrupción.
¿Qué esconde el presidente? La corrupción de su gobierno. Pero lo más grave es que lo haga con la intención, no solo de proteger a sus amigos, sino de claramente beneficiarse del delito. La opacidad de las obras faraónicas son una clara estrategia para ocultar el desvío de recursos públicos con fines electorales.
Desde el PRD, y desde hace tiempo, hemos venido señalando que debemos prepararnos para enfrentar en 2024 una elección de Estado, en donde el gobierno federal no dudará en hacer uso indebido de recursos públicos con la intención de postergarse en el poder. También hemos venido señalado que la única forma de enfrentarlo es con la unión, no solo de todos los partidos de la oposición, sino de la sociedad civil organizada. Ojalá que todos los liderazgos políticos de oposición así lo entendamos. El enfrentamiento en 2024 no es de izquierdas contra derechas, sino de democracia contra autoritarismo.
Artículo publicado el 25 de mayo de 2023 en El Diario del Yaqui
