Por Edgar Pereyra Ramírez
Secretario De Gobiernos y Asuntos Legislativos PRD
El Presupuesto del Gobierno Federal para 2021, aprobado por la Cámara de Diputados el pasado 13 de noviembre, adolece de múltiples debilidades, buena parte de ellas debido a la caída de la economía causada por la pandemia del Covid-19.
Pero también en gran medida por la visión de gobierno que impulsa el Presidente Andrés Manuel López Obrador. Resalta el limitado fortalecimiento del Sector Salud, los nulos apoyos al empleo así como a la micro y pequeñas empresas y no se fortalece la educación a distancia.
En fin, las deficiencias encontradas dan para varios artículos, pero ahora quisiera concentrarme en el problema de la apuesta centralista del presupuesto, que es altamente preocupante tanto por la grave afectación que tendrá para la ciudadanía, como en su dimensión política.
Las entidades federativas y los municipios recibirán 4% menos recursos en promedio, vía participaciones y aportaciones. Con entidades como Baja California Sur, la Ciudad de México, Sonora y Nuevo León con rebajas de más de un 7%, mientras que la reducción para Tamaulipas y Zacatecas es de poco más del 1%.
Obviamente la reducción tiene mayor resonancia en los municipios, ya que sus gobiernos estatales tenderán a cubrir los vacíos que les causa dicha reducción y se verán limitados para apoyar a los ayuntamientos.
Además, el Presupuesto 2021 desaparece el Programa para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública (FortaSeg), que directamente atendía la profesionalización de las policías municipales.
Sí nos atenemos al contexto actual, de crisis económica y enfrentados a una pandemia que no cede, la lógica llevaría a apoyar de manera extraordinaria a todos los niveles de gobierno, que han sufrido a todo lo largo de este año por los gastos no previstos que han tenido que solventar.
Sin embargo, la visión centralista de AMLO, tanto en lo económico, jurídico y político, impuso el actual presupuesto mediante su mayoría mecánica. Lo cual le da una doble ventaja: por una parte obtiene mayores recursos para sus proyectos prioritarios y, por la otra, le da fortaleza de negociación política frente a los gobernadores, al tener el poder de conceder apoyos extraordinarios a los “bien portados” o limitar a los “rebeldes”.
Todo ello, basado en los argumentos de despilfarro y corrupción del pasado, con las infames actuaciones de los Duarte y Borge, así como en la supuesta honradez y eficiencia del Gobierno Federal.
Dudoso el segundo argumento, si vemos que sus proyectos insignia tuvieron un aumento presupuestal de cerca del 100%, mientras que al Sector Salud apenas se le incrementaron 12 mil millones de pesos, cuando de la desaparición de fideicomisos y del Fondo de Salud se obtuvieron 100 mil millones.
Real el primer argumento, pero que no se remedia con recortes, más bien lo que requiere México son procedimientos efectivos de transparencia y rendición de cuentas, que se apliquen en lo municipal, estatal y necesariamente en lo federal.
