Por Rogelia González Luis
#SinMujeresNoHayDemocracia
El Estado mexicano tiene una deuda con las mujeres, nuestro derecho pleno a la salud sigue sin estar garantizado. Y es que el derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos, nuestros derechos sexuales y reproductivos exige que en nuestras leyes se nos garantice poder interrumpir un embarazo no deseado durante las primeras doce semanas de gestación.
Mientras este legítimo derecho siga sin reconocerse por ley, seguirán muriendo mexicanas por abortos clandestinos mal practicados, y más mujeres seguirán siendo injustamente criminalizadas: tan solo entre 2000 y 2020, según datos de la sociedad civil, al menos 5,700 mujeres han sido encarceladas por interrumpir sus embarazos.
Tengamos el valor y la responsabilidad de afrontar la realidad: la no legalización no evita que sigan existiendo abortos, más bien lo que hace es orillar a las mujeres en situación de pobreza a practicárselos en situaciones clandestinas que ponen en riesgo sus vidas. Las mujeres con recursos económicos viajan a la capital del país a tener una interrupción de sus embarazos en condiciones de libertad y seguridad, las mujeres en situación de pobreza y más aún las mujeres indígenas mueren porque se les orilla a exponerse en condiciones inseguras e insalubres, son criminalizadas, están en completa indefensión porque aún no terminamos de entender que este es un asunto de salud pública y de justicia social.
Las democracias más avanzadas del mundo han legalizado la interrupción del embarazo porque se han ceñido a principios científicos. Urge que en nuestro marco jurídico la luz de la ciencia gane sobre la ignorancia, urge porque cuesta vidas de muchas mujeres. Una de cada 13 muertes maternas en México es causa de una interrupción de embarazo mal practicado. Los grupos que se manifiestan en contra del derecho fundamental de las mujeres a decidir sobre sus propios cuerpos olvidan que México es un Estado laico, en el que sus leyes y gobiernos se deben a principios democráticos, la igualdad de derechos para todas y todos.
Quienes defienden la criminalización de las mujeres que interrumpen sus embarazos pretenden que la doble moral rija sobre la ciencia y los principios democráticos. La legalización de la interrupción del embarazo en las primeras doce semanas no obliga a ninguna mujer a abortar, esta es una decisión individual ante la difícil situación que implica un embarazo no deseado. La maternidad debe ser elegida, no impuesta.
Los y las Ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han dejado pasar una oportunidad histórica, al no aprobar la sentencia que sentaría las bases y un precedente en materia de aborto, que podría garantizar el derecho a la salud de las mujeres, niñas y adolescentes, los derechos reproductivos y la interrupción legal del embarazo, han negado la oportunidad de eliminar la criminalización de las mujeres del código penal. Ante ello seguiremos exigiendo el derecho de las mexicanas a la salud sexual y reproductiva en todo el país.
¡Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir!
