Un verdadero reallity show del fraude electoral fue escenificado, en vivo y en directo, desde el Senado de la República. La ocasión fue la elección de la presidenta de la CNDH, su primer capítulo se transmitió el día 7 de noviembre y el segundo el día 12 del mismo mes.
En la primera fecha, el Senado votó la terna de candidatos propuestos, con la presencia de 116 legisladores. El número de senadores presentes determinó que, aplicando el artículo 102 de la Constitución, se requerían de al menos 78 votos en favor de la candidata o candidato mejor votado para que resultara electo a tan importante encargo.
La candidata recomendada por el Presidente de la República, Rosario Piedra Ibarra, obtuvo en la tercera ronda de votaciones solo 76 votos. La mayoría morenista y su coordinador Ricardo Monreal “arreglaron” el problema a la antigüita: hicieron perdedizos dos de los sufragios y redujeron a 114 el número total de los votos emitidos. Así, en forma fraudulenta, declararon que la candidata recomendada había cubierto más de la mayoría calificada requerida, pasando por alto que la Constitución se refiere al número de los senadores presentes, no al de la votación emitida.
Algunos senadores de la mayoría morenista, particularmente el expanista recientemente converso a la 4T, Germán Martínez, arguyeron que la oposición no podía alegar fraude, porque una de sus legisladoras había estado ayudando a los escrutadores. Tal argumento, digno de alguna asamblea distrital de Morena, de esas que terminan a golpes y sillazos, o de alguna elección de la reina de la primavera, es insostenible porque la violación constitucional no se solventa por el hecho de que algún opositor dé por buena la maniobra o porque no se haya percatado de la misma.
En el segundo capítulo, transmitido el día 12, la mayoría morenista rechazó todas las mociones para repetir la votación, incluida una de su propio coordinador, ratificando así el resultado de la votación fraudulenta y la violación a la Constitución. Acto seguido, algunas de las senadoras de Morena que se habían apoderado de la tribuna se trenzaron con un solitario Gustavo Madero que pretendía protestar, y forzaron la toma de protesta de la así electa. Ésta, atónita, no fue capaz ni de levantar el brazo para hacer la juramentación, cosa que resolvió un atingente senador chiapaneco con pinta de guarura. Si la señora Piedra no fue capaz de rendir protesta por sí sola, mucho menos lo fue para actuar con dignidad y declinar el papelazo que se asignaron en la escenificación.
Además, resulta que la señora Piedra ni siquiera era elegible al cargo. Siendo actualmente consejera nacional de su partido, resulta impedida por el artículo 9, fracción IV, de la Ley de la CNDH, que establece que no puede ser electo presidente de dicha Comisión quien ostente un cargo directivo partidario durante el año previo a su elección. Para mayor agravante, la señora Piedra mintió al respecto, bajo protesta de decir verdad, ante las comisiones del Senado que declararon su idoneidad.
Como lo ha hecho ver Miguel Alfonso Meza, en el artículo que publicó en Animal Político el día 15 de noviembre, tal conducta pudiera constituir los delitos de falsedad en declaración ante autoridad distinta a la judicial y de falsificación de documentos, tipos penales que se sancionan con pena corporal.
En opinión de Ricardo Raphael, expuesta en el artículo que publicó en el semanario Proceso del 17/11/2019, Rosario Piedra debería renunciar al cargo como única forma salvar a la institución, limpiar su imagen y resarcir la trayectoria de lucha de su familia. Estoy de acuerdo en que eso debería, pero no lo va a hacer. Junto al Presidente de la República, la señora Piedra concibe su acceso al cargo como parte de un “cambio de régimen” que incluye, como una pieza determinante, el control presidencial de los órganos autónomos.
Cincelada: respaldemos las acciones afirmativas a favor de los indígenas. Repudiemos que los Servidores de la Nación hagan clientelismo electoral con ellas.
