Benjamín Muñiz
Hace más de 130 años, en 1887, el historiador británico John Emerich Edward Dalkberg Acton, mejor conocido como Lord Acto, esgrimió una frase lapidaria: “El poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente”. Esta frase actualmente es conocida como el Dictum de Acton. La historia ha demostrado la veracidad de esas palabras.
Muchas veces me han preguntado por qué dedico tanto tiempo a atacar al actual gobierno. La realidad de las cosas es totalmente diferente: en primer lugar, no ataco. Hay cuestiones que no comparto, hay cuestiones que resultan violatorias de la Constitución o de las leyes y, en esos casos, levanto la voz, intento hacerlo notar. El pensar que se ataca a una institución simplemente por decir con lo que no se está de acuerdo o por hacer ver las violaciones que se pueden gestar al marco normativo, es peligroso, es extremo: o estás conmigo o estás en mi contra. AMLO ha dicho que quienes no están de acuerdo con él, traicionan a la patria. Diría Obi-Wan Kenobi en Espisodio III: “Solo un Sith piensa en absolutos”. Además, AMLO no es el Estado, AMLO únicamente está, por 6 años, en calidad de administrador y ejecutor, no tiene, o no debería tener un poder absoluto.
En segundo lugar, quien me conoce sabe que he sido crítico a las administraciones anteriores, emanen del partido del que emanen. La ilegalidad es ilegalidad, no importa de quien provenga. Los actos arbitrarios deben sancionarse, sin importar quien los cometa y, por último y más importante: siempre he creído que el Estado de un solo hombre, aunque éste sea el más virtuoso entre los virtuosos es en extremo peligroso y debe impedirse a toda costa.
El sistema de pesos y contrapesos establecido por Montesquieu tiene un sentido lógico: el Poder Legislativo crea las leyes, el Poder Ejecutivo las ejecuta y, en esa capacidad ejecutiva, cuenta con facultades reglamentarias y el Poder Judicial resuelve las controversias que se susciten, teniendo, además, facultad interpretativa/regulatoria, a través de la jurisprudencia. Con esto queda evidenciado que el Estado de Derecho existe cuando estos tres Poderes actúan conjuntamente, cada uno en ejercicio de sus respectivas atribuciones.
Desgraciadamente en México hemos vivido, constantemente, un intento de reventar ese equilibrio. Normalmente el Presidente busca obtener más poder que el que le corresponde constitucionalmente, incluso se tiene la idea, no fundamentada, que la presidencia es más importante que los otros dos poderes, lo cual es erróneo, sin embargo, en ninguna administración previa había visto tantos intentos de desestabilizar a las instituciones como las he visto a lo largo de lo que va de la administración lopezobradorista (casi la mitad de su mandato).
Hay algunos ejemplos de lo que digo: en este espacio la semana pasada, mencioné el caso del juez Juan Pablo Gómez Fierro, pero este no es el único: hace algunos años, cuando se promulgó la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, se interpusieron acciones de inconstitucionalidad en su contra. Como señala el artículo 105 constitucional, éstas acciones fueron interpuestas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, por instrucciones del Ministro Presidente, fueron turnadas a la ponencia del Ministro Alberto Pérez Dayán quien las admitió a trámite. En respuesta, los grupos parlamentarios de Morena y del PT en la Cámara de Diputados iniciaron el procedimiento para instaurar juicio político en contra del Ministro Instructor. ¿El motivo? Sencillo. No les gustó que un Ministro de la Corte pudiera determinar si la ley impulsada por el líder morenista es o no constitucional.
El caso más actual sucedió el jueves 25 de marzo. Durante una maratónica sesión que duró más de 10 horas, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó los dictámenes emitidos por la Unidad Técnica de Fiscalización relacionados con los reportes de gastos de precampañas. En dichos dictámenes, se propuso al Consejo General cancelar las candidaturas de diversos precandidatos, por no haber realizado la comprobación en tiempo y forma. Entre los precandidatos a los que se propuso retirar la candidatura se encontraba el morenista, aspirante al gobierno de Guerrero, Félix Salgado Macedonio. Si, el mismo que ha sido acusado de delitos sexuales. Como resultado, nuevamente, Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados amagaron con solicitar juicio político en contra de los Consejeros Lorenzo Córdova Vianello, Presidente del organismo autónomo, y Ciro Murayama Rendón, con el fin de que éstos sean destituidos de sus cargos y todo por ir en contra del compadre del Presidente.
Increíblemente, muchas personas afines al lopezobradorismo se encuentran atacando al INE y mostrando su apoyo a Salgado. Esto, de entrada, ya demuestra un grave problema desde mi óptica, pero hay algo que a mí me deja ver una gran incongruencia: cuando AMLO ganó la elección presidencial, el INE actuó conforme a derecho. Cuando el INE negó el registro a México Libre se levantó como un paladín de la democracia. Ahora que el INE actúa ejecutando las sanciones establecidas en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, es parte de la mafia del poder que pretende desestabilizar al gobierno democráticamente electo.
No voy a negar jamás que AMLO ganó, con todas las de la ley, la elección presidencial, y ganó con un amplio margen, pero esto tiene sus bemoles: ganó con 30 millones de votos. En México, somos 120 millones de ciudadanos, es decir, ganó con el voto de, únicamente, 25% de la población. Gobierna solo con los votos de una cuarta parte de los mexicanos. Una gran enseñanza se esconde en esto: el abstencionismo mata democracias.
Pero el gran problema es que se le dio a AMLO también la mayoría en las Cámaras y en las legislaturas locales, otorgándole un poder prácticamente desmedido. En este sentido, el presidente tenía todo a su alcance para cumplir sus promesas de campaña, para trabajar y sacar adelante al país, sin embargo, ha utilizado ese poder para desprestigiar a los que él considera sus adversarios y para intentar destruir las instituciones, tomando nuevamente fuerza aquellas palabras que profirió a gran voz “Al diablo sus instituciones”. Hoy quiere que esas instituciones sean a modo y eso es un grave peligro para la sociedad mexicana, para los ciudadanos, para nosotros, los de a pie.
El 6 de junio tenemos que salir a votar. En nuestras manos está el futuro del país. Es nuestra responsabilidad como ciudadanos salir, vencer la apatía y los pretextos y pararnos frente a una casilla y emitir nuestro voto. Hay que votar, por quien quieran, por quien consideren que es la mejor opción, pero votar. El voto es el mejor medio que tenemos los ciudadanos para levantar la voz; utilicémoslo. En nuestras manos está seguir pavimentando el camino a la tiranía y consolidar un Estado de un solo hombre o, por el contrario, fortalecer nuestras instituciones democráticas. Luis Dolando Colosio dijo muy claro en marzo de 1993: “Yo veo un México con hambre y sed de justicia”. Hoy, yo lo veo más hambriento y sediento que nunca.
