La conversión de una sede militar, señalada como un lugar de tortura en décadas pasadas, en un banco del Gobierno mexicano, desató este viernes protestas de activistas y familiares de personas desaparecidas en Ciudad Juárez, estado de Chihuahua, frontera con Estados Unidos.
Integrantes de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (Fedefam) mostraron su desaprobación de convertir una antigua Guarnición Militar en un Banco de Bienestar, proyecto del actual Gobierno mexicano con el que busca promover el acceso de la población vulnerable a servicios financieros.
Los activistas recordaron que años atrás, en ese edificio militar, fueron torturados varios activistas y sus familiares se niegan a que se convierta en un banco, previa demolición, ya que argumentan que en el lugar existen huellas del maltrato y la tortura que sufrieron.
“Hemos escuchado a Juan Calos Loera, delegado de Bienestar en Chihuahua, que en este lugar van a construir una sucursal del Banco de Bienestar, pero este espacio ya nos había sido otorgado para hacer el Museo de la Memoria”, explicó la activista Elisa Padilla.
Además, dijo que la acción que se busca concretar “está fuera de lugar porque (la sede militar) no es nada más un edificio deteriorado, es el lugar donde fueron torturados varios jóvenes”.
El pasado 10 de diciembre esa ONG se reunió con el presidente Andrés Manuel López Obrador; con Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, y con Luis Cresencio Sandoval, Secretario de la Defensa Nacional (Sedena), para pedirles que cedieran este terreno para hacer un museo, lo cual les fue autorizado.
Otra activista, Judith Galarza, expuso a Efe que ellos han estado trabajando con el Gobierno federal y, desde hace dos años y medio, también hablaron con Alejandro Encinas y empezaron a trabajar con colectivos en diferentes estados del país.
Añadió que durante esos trabajos participaron en la creación de la Comisión para el acceso a la verdad, el esclarecimiento histórico y el impulso a la justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidos de 1965 a 1990.
Galarza detalló que ya hay un grupo de esta comisión en el estado de Chihuahua y recordó que dentro de sus objetivos está la Ley de la Memoria, que busca recuperar los edificios en el país en donde se presume hubo tortura.
Contó que su hermana, Leticia Galarza y su cuñado David Jiménez, desaparecieron en 1978. Él vivía en la Ciudad de México y eran activistas en contra de los actos de violencia del Gobierno mexicano, motivo por el cual recibieron amenazas y se vieron forzados a dejar a sus hijos con sus familiares. Poco tiempo después desaparecieron sin saber nada de su paradero.
“Mandaron a mi hermana al campo militar. Hace poco hicimos la denuncia, no la habíamos interpuesto porque no creíamos en los Gobiernos anteriores. Hoy tenemos una esperanza y mientras tengamos vida seguiremos denunciando”, concluyó.
Los manifestantes, de manera simbólica y en señal de protesta, clausuraron el edificio sobre el que había una investigación por la desaparición de Francisco Mercado Espinoza, en febrero de 1977.
Además, en el lugar había una pancarta con varias imágenes de desaparecidos, desde 1965, en la que se leía la frase: “Necesaria mantener viva la memoria, la verdad, la justicia, no nos rendiremos. No perdonamos, ni desaparecidos, ni impunidad”.
El pasado lunes, México rebasó las 100.000 personas desaparecidas de acuerdo al Registro Nacional de Personas desaparecidas o no localizadas, de manera que varias ONG reaccionaron urgiendo al Gobierno a atajar esta lacra que, consideran, va mucho más de la cifra oficial.
EFE
