Con tasas de homicidio obstinadamente elevadas y delitos en alza como la extorsión, México encara una elección presidencial donde las propuestas de las candidatas favoritas contra la criminalidad lucen insuficientes, advierten expertos.
La escalada de violencia, que estalló en 2006 con la ofensiva militar antidrogas del presidente conservador Felipe Calderón (2006-2012), deja más de 450.000 asesinatos y unos 100.000 desaparecidos, según cifras oficiales.
Claudia Sheinbaum, aspirante oficialista y líder en intención de voto, propone mantener la estrategia del presidente, Andrés Manuel López Obrador, de atender las causas de la violencia, como la pobreza y la marginación, antes que el combate a las mafias.
El presidente izquierdista bautizó esa política como “abrazos, no balazos”.
Pero ese enfoque resultó deficiente a juzgar por una tasa de homicidios que -según Insight Crime- se mantiene arriba de 23 por cada 100.000 habitantes desde 2016, superior al promedio latinoamericano, y por el control que ejercen los cárteles en varias regiones, opinan analistas consultados por la AFP.
“¡Vamos a traer paz y seguridad!”, prometió Sheinbaum días atrás en Fresnillo (Zacatecas, norte), la ciudad mexicana donde la gente percibe más inseguridad, según una encuesta oficial.
La candidata argumenta que frenar la violencia no es asunto de “mano dura” y que la estrategia de López Obrador no significa que se haya quedado cruzado de brazos.
Fresnillo fue el lugar que la centroderechista Xóchitl Gálvez escogió para iniciar su campaña hacia los comicios del 2 de junio: “¡Se acabaron los abrazos a los delincuentes!”, sentenció la aspirante, cuyo eslogan es “México sin miedo”.
La violencia también sacude las elecciones, con 15 aspirantes a cargos regionales asesinados desde octubre pasado, según el gobierno. La consultora Integralia contabiliza 23 desde septiembre.
– Sin límites –
“La gente quiere mano dura” pero no “abusos”, sostiene Raúl Benítez, experto en seguridad y crimen organizado del centro de análisis Casede.
Atender ese reclamo exige coordinar a jueces, policías, fiscales y órganos de inteligencia, subraya Benítez, quien reconoce que Sheinbaum cosechó éxitos siguiendo estas pautas como alcaldesa de Ciudad de México (2018-2023).
El reto es aplicarlas en todo el país (de 126 millones de habitantes), lo que demanda inmensos recursos para reparar una “cadena de justicia rota”, apunta Carlos Rodríguez Ulloa, consultor en seguridad e inteligencia.
Ambos expertos ven como un fracaso el plan de López Obrador. “No es atacando la pobreza como se combate a la delincuencia, es atacando a los delincuentes con una estrategia correcta”, afirma Benítez.
La tesis del mandatario ha facilitado la expansión de los cárteles, cuyas atrocidades perduran pese a su discurso pacifista, opina Rodríguez.
“No puedes dar reconocimiento de facto a unos grupos (…) que son como una especie de hoyo negro, no tienen límite alguno. Si se les abre la puerta, se meten hasta la cocina”, añade.
En México operan el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa, dos de las mayores organizaciones criminales del continente, y otras bandas dedicadas también a la extorsión o el tráfico de migrantes.
Los cárteles han diversificado además el negocio con drogas sintéticas como el fentanilo, que mata anualmente a decenas de miles en el vecino Estados Unidos.
– Violencia normalizada –
Las candidatas coinciden en la necesidad de reforzar policías e instituciones de justicia, así como la coordinación entre autoridades. También, en fortalecer la Guardia Nacional, un cuerpo militarizado creado por López Obrador.
Las diferencias están en los acentos: mientras Sheinbaum ofrece nuevos programas para jóvenes, Gálvez propone atrapar a los criminales más buscados en los dos primeros años de gobierno, edificar una cárcel para los más peligrosos y lanzar al ejército contra las grandes mafias.
Promete además mejorar los salarios y prestaciones de los policías, una medida que según analistas busca reducir la corrupción.
“No veo ninguna novedad, son como continuidades con distintas variaciones”, considera Benítez.
En Tijuana, fronteriza con Estados Unidos, ciudadanos entrevistados por AFP creen que las aspirantes parten de diagnósticos equivocados. En Baja California, estado al que pertenece Tijuana, la tasa de homicidios triplica la media nacional (76,7).
“Reprimir y encarcelar” es “un discurso policíaco que no ataca las causas”, comentó Cristian Castro, maestro de 47 años.
Para Enedina Gálvez, una de las miles de personas que residen en Tijuana y trabajan en Estados Unidos, la solución exige discutir la polémica despenalización de las drogas, un tema ausente en la campaña.
“Si los actos delictivos son porque las personas usan drogas, se deberían regularizar esos consumos”, afirma esta mexicoestadounidense de 34 años.
Aunque 41% de mexicanos ve la inseguridad como el asunto “más urgente” para el próximo gobierno, según un sondeo del diario El Financiero, el tema está relegado en el discurso de Sheinbaum. Paradójicamente, la oficialista obtiene 51% de las preferencias, contra 34% de Gálvez.
Los mexicanos están “saturados y resignados” con la violencia, apunta Rodríguez.
EFE
