#SinMujeresNoHayDemocracia
Por Rogelia González Luís
Muchas de las veces cuando se habla de personas indígenas, se piensa en un grupo minoritario, como grupo vulnerable, con barreras sociales y por lo tanto, que es un grupo excluido socialmente. Ahora bien, cuando hablamos de mujeres indígenas, la discriminación o marginación, se duplica. Aunado a eso, el carácter multidimensional de la exclusión social abarca derechos políticos, lo que entonces se traduce en una triple discriminación por ser mujer, por su condición de pobreza, y por su condición de indígena.
En nuestro país existen 68 pueblos indígenas, la población indígena es de 12 millones 25 mil 947 personas, representa el 10.1% del total de la población, de las cuales el 52% son mujeres; más de seis millones de mujeres indígenas que se concentran en las entidades más pobres: Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Estado de México, Puebla, Yucatán, Guerrero, e Hidalgo. Las mujeres producimos el 60% de los alimentos del mundo, pero sólo somos dueñas del 2% de las tierras. En México, en la mayoría de los casos las mujeres no tenemos ni voz ni voto en las asambleas ejidales.
Históricamente el rol de la mujer en la sociedad ha tenido un papel crucial para favorecer la cohesión social y el crecimiento económico; sin embargo, el reconocimiento a las mujeres es carente y en comunidades indígenas se asume que su aportación es inherente y por lo tanto, que no hay un motivo para que su labor sea exaltada. Existen barreras que obstaculizan su acceso a servicios básicos y derechos en materia de educación, salud, alimentos, agua, empleos dignos, justicia y participación política.
Recientemente se aprobó la reforma legislativa por la que se modificaron ocho leyes en materia de violencia política contra las mujeres y paridad. Es importante reconocer que la reforma contempla lenguaje incluyente. Se establece que la integración de las presidencias municipales, concejalías, regidurías y sindicaturas deberán conformarse garantizando dicho principio, así como las candidaturas a cargos de elección popular y en nombramientos de cargos por designación. Asimismo en relación a sanciones en materia de violencia política, se duplica la pena en un 50% si se comete en contra de una mujer indígena. En la arena política los retos son amplios para las mujeres, aun cuando tengamos paridad legislativa, para las mujeres indígenas, estos retos son aún más desafiantes debido a que no se ha dimensionado su participación, de manera particular en los gobiernos ni en las instituciones públicas o partidistas.
La problemática no es la falta de lideresas indígenas ni alguna carencia de capacidades, sino la falta del reconocimiento de nuestros derechos plenos y nuestra inclusión trasversal en cualquiera que sea la organización en que podamos y queramos participar. Aún hay un largo camino que recorrer, para alcanzar diversos retos como Impulsar candidaturas de mujeres indígenas, fortalecer el liderazgo político de las mujeres indígenas cuando estén en los espacios de toma de decisiones. Destinar mayor presupuesto para la capacitación para el fortalecimiento de liderazgos y el ejercicio de encargos.
Como mujer indígena, seguiré luchando y alzando la voz para que más mujeres en las comunidades podamos acceder a espacios de toma de decisiones y alcanzar la igualdad sustantiva. Asimismo desde este espacio hacemos un llamado a la sociedad mexicana a reivindicar las causas de los pueblos indígenas y las dificultades que enfrentan ante la pandemia del COVID-19.