En pleno comienzo de la temporada de calor en todo el territorio, surgieron distintas protestas y denuncias por la falta de agua en el país. Acciones de abuso en Chihuahua, en el Estado de México y en Jalisco apuntan a pérdida de derechos, especialmente a mujeres, las principales afectadas por la sequía, el robo de aguas y por su condición de mujeres. Las autoridades señalan las denuncias en boletines y estudios, no actúan.
El jueves 12 de mayo, el dirigente nacional del Barzón, Alfonso Ramírez Cuéllar, pidió a las autoridades en el estado de Chihuahua terminar con la criminalización de las y los defensores del agua en la zona noroeste, donde desde hace siete años han pedido que terminen con el robo de agua y, en cambio, actualmente se giraron 20 órdenes de aprehensión en contra de ellos y ellas.
El Centro de Derechos Humanos de las Mujeres A.C. (CEDEHM) con sede en Chihuahua y el Barzón afirmó que miles de familias campesinas al norte de Chihuahua que conforman varios ejidos, han denunciado por más de siete años el robo de agua que sufren por parte de la familia Lebarón, hecho que ha tenido un impacto en sus cosechas e incluso secado los pozos de agua potable de al menos tres comunidades.
Señalan que hasta hoy ninguna autoridad ha actuado y en contrario 20 personas cuentan con órdenes de aprehensión por oponerse a la electrificación de los pozos ilegales que están abatiendo los mantos acuíferos. Y se ha desatado un hostigamiento a las Defensoras del Agua, no sólo en Chihuahua, sino en el Estado de México.
Mujeres defensoras del agua
En marzo pasado surgió la Red “Mujeres y Aguas en Movimiento”, integrada por mujeres defensoras del agua y el territorio en el estado de Jalisco. La organización, integrada por defensoras comunitarias, ambientales, de derechos humanos, del agua y del territorio, son mujeres indígenas, rurales, campesinas y urbanas que defienden el Lago de Chapala, la Laguna de Cajititlán y de San Juan Bautista, el Río Santiago y Verde, el Bosque de la Primavera, los manantiales acuíferos y los parques del Área Metropolitana de Guadalajara.
“La lucha por el agua, la madre tierra y la vida, no puede concebirse sin el aporte y la participación de nosotras las mujeres, quiénes estamos defendiendo nuestros territorios frente al sistema capitalista, patriarcal y colonial, que busca la máxima ganancia, imponiendo proyectos de desarrollo e infraestructura, impulsados por las empresas y/o el Estado, en zonas rurales o urbanas, los cuales requieren de grandes cantidades de bienes naturales, como el agua, minerales, tierra, bosques, entre otros recursos, ocasionando despojo, impactos en la vida de las mujeres, las niñas y los ecosistemas, así como graves violaciones a los derechos humanos”, manifestaron.
La Red “Mujeres y Aguas en Movimiento” refiere que en Jalisco las mujeres protagonizan luchas emblemáticas en defensa de la vida, son guardianas del agua, los ríos, lagunas, lagos, manantiales, bosques y parques, en el campo y la ciudad.
Por ello, decidieron unirse y conformar la Red, con el objetivo de visibilizar la lucha de las mujeres defensoras del agua y el territorio frente al modelo extractivo, para denunciar los impactos y consecuencias que genera en la vida de las mujeres y las niñas de sus comunidades y territorios.
Sostienen que la Red será un espacio para el intercambio de experiencias y estrategias entre mujeres, para el fortalecimiento y la defensa de los derechos, y la construcción de propuestas, de proyectos de vida frente a los proyectos de muerte.
“Exigimos el esclarecimiento y la justicia del asesinato de la compañera abogada y defensora ambiental Verónica Patricia Guerrero Vinueza, integrante del Colectivo Urbi Quintana, el pasado 3 de febrero en Tonalá, Jalisco. Hacemos un enérgico llamado al Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), para que respete y acate las suspensiones judiciales interpuestas por nuestras compañeras del Colectivo en Jardines de la Paz y San Rafael en Guadalajara. Cese el hostigamiento y se detengan los trabajos del colector pluvial San Rafael y su vaso regulador”, demandaron.
Además, reconocen a las mujeres de Temacapulín por “su valiente lucha y el logro de salvar su territorio de inundación y desplazamiento por la Presa El Zapotillo. Honramos a doña Lupita Lara, de quién hemos aprendido a luchar. Hacemos un homenaje a doña Teresa Santillán, defensora de la Laguna de Cajititlán, compañera e integrante de nuestra Red, que falleció el pasado 21 de febrero. Doña Tere vive, es semilla que florece”.
La defensa en Chihuahua inminente: Antecedentes
Chihuahua sufre una grave crisis por las sequías recurrentes acentuadas en los últimos 10 años. Desde el 2012 varios productores agrícolas con concesiones legales para extraer el agua del subsuelo de la Cuenca Hidrológica del Río del Carmen, comenzaron a ver disminuidas sus cosechas por el abatimiento de los acuíferos, por lo que iniciaron un movimiento para exigir a las autoridades que cancelaran los más de 400 pozos ilegales abiertos en la Cuenca.
Los comunicados de estas organizaciones señalan que la sobreexplotación ilegal, no sólo afecta a las familias que cuentan con concesiones para sembrar sus parcelas y producir alimentos, sino que está provocando un daño irreversible a los recursos naturales.
El Ejido Benito Juárez, del municipio de Buenaventura es uno de los principales afectados por la sobreexplotación de la Cuenca, adicionalmente, desde el 2012 se enfrentan a una empresa minera canadiense que pretendía instalarse en su territorio y realizar explotación a cielo abierto.
La defensa por el agua y los recursos naturales ha cobrado la vida de Ismael Solorio y Manuela Solís, asesinados en octubre de 2012, así como de Alberto Almeida, ultimado en febrero de 2013. Desde entonces el caso es del conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que otorgó medidas cautelares a favor de 13 personas.
El Ejido Constitución, del municipio de Buenaventura, conformado por más de 894 ejidatarios, se ubica frente al Rancho La Mojina, propiedad de la familia Lebarón, rancho que han utilizado para el cultivo de nogales aun cuando estas tierras no cuentan con permiso para la siembra, precisamente por la sobreexplotación del acuífero y la falta de disponibilidad de agua en la región. Sin embargo, la familia Lebarón sin permiso y de forma ilegal mantiene abiertos al menos 10 pozos que usan para la siembra de 300 hectáreas de nogal, afectando a más de 800 familias campesinas que sí cuentan con concesiones legales para extraer el recurso hídrico
La situación se ha denunciado ante todas las instancias posibles, demandando la solución del problema sin que ninguna autoridad haya implementado alguna acción real para impedir el robo del agua y la sobreexplotación del acuífero.
En este contexto en 2018 más de 500 integrantes de Constitución, incluidas niñas y niños, ingresaron al Rancho La Mojina para verificar si los pozos se encontraban funcionando, y fueron recibidos a balazos por los trabajadores que ahí se encontraban, por lo que comenzó una confrontación que terminó en agresiones físicas y materiales. Dentro del Rancho La Mojina se detectaron 11 pozos funcionando para el riego de las 300 hectáreas de nogal, mediante el uso de motores de combustión interna.
Hace unos días se supo que el Gobierno de María Eugenia Campos Galván, a través de la Fiscalía del Estado, impulsó la solicitud de órdenes de aprehensión en contra de al menos 20 personas de Constitución por el ingreso en abril del 2018 al Rancho La Mojina, acusando a integrantes de la comunidad por un millón de dólares en daños; al mismo tiempo, existe la intención de electrificar los pozos ilegales en los próximos días, por lo que es claro que se está utilizando el derecho penal como un mecanismo para favorecer a la familia Lebarón y facilitar la indebida electrificación.
En el mismo sentido, se reactivó la denuncia penal interpuesta por la empresa minera canadiense en contra de integrantes del Ejido Benito Juárez por desalojar a la mina, luego de no acatar la resolución de asamblea que resolvió expulsarlos del territorio ejidal.
En el 2020 el país entero atestiguó la bravura y el tesón de los agricultores Chihuahuenses en lo que se conoció por los medios de comunicación como “la guerra por el agua” y que llevó a enfrentamientos con la Guardia Nacional y el Ejército mexicano, la toma de las instalaciones de la Presa la Boquilla, protestas que resultaron en el incendio de varios edificios públicos y vehículos oficiales, y que costaron la vida de Jessica Silva Zamarripa y el encarcelamiento de cuatro productores.
Durante esas acciones de defensa del agua, la entones candidata a gobernadora María Eugenia Campos Galván estuvo acompañando a los productores en la lucha, como gobernadora fungió como intermediaria para la liberación de los productores detenidos; en contraste y franca contradicción, hoy ejerce acción penal en contra de quienes también defienden el agua.
El movimiento de productores asociados en la defensa de la Cuenca Hidrológica del Río del Carmen, así como el Ejido Benito Juárez refrendan su compromiso en la defensa del agua y los recursos naturales, aún en contra de las autoridades que mantienen los conflictos sociales y provocan su agravamiento.
Hacemos un llamado:
Al gobierno del Estado de Chihuahua para que no utilice el derecho penal para someter a una comunidad en favor de productores ricos que usan el agua de manera ilegal.
Al gobierno federal y estatal: que, de forma urgente, las autoridades encargadas del cuidado del medio ambiente, resuelvan de forma justa e integral el problema planteado desde hace 10 años que está acabando con el agua de Chihuahua.
Las mujeres son las principales afectadas por la falta de agua, pero también se han convertido en luchadoras para acceder a este derecho.
El Portal Animal Político narra en una información la lucha de las mujeres por el agua:
Son las 5:00 de la mañana y Marisela se levanta para juntar y calentar el agua con la que Francisco, su hijo, se bañará antes de irse a trabajar. Ellos viven en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, en donde la falta de agua en algunas colonias es una constante y su acceso al recurso es a través de pipas, que “hay que corretear”.
Al igual que muchas otras mujeres, Marisela es la responsable de cuidar que unas de las pipas les dejen agua. Y como no se sabe a qué hora van a pasar, los martes y los jueves ella no sale de su casa y se asegura de quedarse frente a su portón el tiempo que sea necesario, para lograr que la pipa abra su manguera solo por un minuto. De no ser por Marisela, Francisco no se podría ni bañar.
Tiempos de sequía y las mujeres
“La escasez de agua, la contaminación y su mala gestión afecta a muchas comunidades en el mundo; pero históricamente son las mujeres las encargadas de los cuidados y servicios del hogar, así que la falta de agua afecta más a las mujeres”, explicó a Animal Político la doctora Helena López, académica del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, quien recalcó que la principal causa de esto es la división del trabajo por razón de género.
Es decir, socialmente se asignan tareas y responsabilidades diferentes para hombres y mujeres. Por ejemplo, a las mujeres se les asigna el rol de cuidadoras y encargadas de las labores del hogar, sin que por ello perciban un sueldo, y a los hombres el del trabajo remunerado fuera de casa.
Basta con ver las cifras de INMUJERES para saber que esto va más allá de un concepto, pues durante el primer trimestre de 2021, la tasa de participación en trabajo no remunerado, es decir, que realizan alguna labor sin recibir un sueldo, fue de 72,7 para hombres, pero de 95,38 para mujeres.
De acuerdo con el INEGI, en 2020 el valor económico de las labores domésticas y de cuidados reportó un monto de 6.4 billones de pesos (3.000 millones de dólares), equivalente a 27,6 por ciento del PIB del país. Y fueron las mujeres quienes aportaron 2,7 veces más valor económico que los hombres por sus actividades de labores domésticas y de cuidados en el hogar.
Hablando específicamente de agua, un estudio realizado en Hidalgo que se encuentra disponible en la plataforma Scielo concluyó que “los problemas de escasez, falta de calidad y deficiente gestión ponen en riesgo el ejercicio del derecho humano al agua de las mujeres”.
Y esto implica sobrecargas de trabajo para abastecerse de otras fuentes y gastos adicionales para comprar agua. “Como responsables de todas las tareas domésticas, las mujeres son las primeras afectadas por esta situación”, destaca.
“Las desigualdades de género en el ámbito del agua son profundas y persisten en todos los niveles, con graves repercusiones en los esfuerzos internacionales para el logro del desarrollo sostenible”, recalca la Unesco.
Dicha institución describe que el género define los roles, las responsabilidades y las oportunidades de las personas en la sociedad y, muy a menudo, determina potencial, conocimientos, talentos y oportunidades que pueden alcanzar.
“El género también determina la relación que establecen las personas con el agua al moldear las necesidades, acceso, uso y beneficios de este recurso vital”, señala.
Mujeres que luchan por el agua
Nezahualcóyotl es una de las demarcaciones de la zona metropolitana del centro del país a la que el Sistema Cutzamala provee del 30 por ciento del agua que utiliza. Pero esa agua proviene de las presas Tuxpan y El Bosque, en el estado de Michoacán, y Colorines, Ixtapan del Oro, Villa Victoria, Valle de Bravo y Chilesdo en el Estado de México.
Es decir, el agua usada en la Ciudad de México y parte del área metropolitana se extrae de otros sitios. Esto sucede desde hace 40 años, debido a la sobreexplotación de las cuencas de los valles de México y Toluca-Ixtlahuaca.
Este es un ejemplo de extractivismo, que se entiende como esta situación en la que se explota la riqueza natural de un lugar, en este caso el agua, para exportarla a otro sitio sin ningún tipo de compensación para los habitantes de donde se saca el recurso, aunque eso implique reordenar los territorios.
Por ello, la investigadora señala que, para resolver el problema del acceso al agua en particular, y del extractivismo en general, “lo más importante es cambiar la cultura patriarcal, colonial y racista”.
Semlac
