Las investigaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) muestran que el COVID-19 no representa un riesgo mayor para las mujeres embarazadas de desarrollar enfermedad grave que el resto de la población, pero de restringirse el acceso y calidad de los servicios de atención obstétrica podrían aumentar los riesgos de morbilidad y mortalidad materna.
Mientras los hospitales luchan por mantenerse al día y contener la tercera fase de la pandemia del coronavirus en México, el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGySR) estima que unas 235 mil mujeres darían a luz entre abril a junio de 2020.
Otras 25 mil atravesarían un aborto y en condiciones habituales, se tendrían que otorgar alrededor de un millón 150 mil consultas de control prenatal y casi 200 mil consultas durante el puerperio.
En estas circunstancias las entidades federativas deben apegarse a las directrices que determinó la Secretaría de Salud (SS) para la atención de mujeres gestantes, a la par de estar preparando planes propios para continuar con la atención obstétrica de forma segura, destacó el secretario técnico del Comité Promotor por una Maternidad Segura, David Meléndez Navarro.
“Lo que queremos es que esta pandemia no genere problemas de acceso de las mujeres a los servicios de atención de urgencias o de mayor complejidad, porque por eso la mortalidad materna puede incrementar, no por estar contagiadas de COVID-19, sino porque se reduce el acceso y la calidad a los servicios de atención obstétrica”.
Hasta ahora la Secretaría de Salud ha confirmado cuatro fallecimientos de mujeres embarazadas a causa del COVID-19 (una muerte sigue en investigación) y 26 han dado positivo al virus de más de 500 pruebas aplicadas.
La mayoría de los decesos se han relacionado a enfermedades crónicas como obesidad, hipertensión y diabetes.
En experiencias previas, como ocurrió en 2009 con la influenza A-H1N1, se elevó 12 veces el riesgo de morir por enfermedades respiratorias que complicaban el embarazo, parto o puerperio, de acuerdo con la Ss.
En el caso del COVID-19, en términos de factor de riesgo, el doctor Meléndez Navarro explicó que el embarazo no es un estado de vulnerabilidad frente al virus como fue la influenza, pero como lo muestran los datos, la presencia de comorbilidades sí es un factor que influye en la severidad del desarrollo del COVID-19, como sucede en la población en general.
En su análisis de casos de COVID-19 y su impacto en los resultados obstétricos y perinatales, la OMS reportó en un primer corte en marzo, que de la investigación de 304 mil 107 mujeres embarazadas, con 64 casos confirmados, 82 sospechosos y un caso que cursó la infección asintomática, sólo 8 por ciento tuvieron enfermedad grave y uno por ciento reportó en estado crítico.
No obstante, mientras la evidencia científica a nivel internacional se está generando, las autoridades sanitarias han recomendado extremar las precauciones y medidas de sana distancia en las gestantes.
Meléndez recordó que los hospitales se encuentran con una capacidad humana reducida debido al personal sanitario reguardado por ser vulnerable al COVID-19; la escasez de medicamentos y suministros; y la reconversión de hospitales para la atención de pacientes con el virus.
Y agregó que las secretarías estatales también deben tomar en cuenta la función de otros servicios calificados como esenciales: el acceso a métodos anticonceptivos, la atención integral del aborto seguro en los casos previstos por la ley, y el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana 046 (NOM 046), que establece atender la interrupción del embarazo producto de una violación sexual como una urgencia médica.
Sin embargo, desde el Comité han conocido de casos en Veracruz y Chiapas donde se les niegan estos servicios a las mujeres.
Una de las salidas que dio el gobierno mexicano para seguir la atención obstétrica fue la firma de un convenio de colaboración con la Asociación Nacional de Hospitales Privados y el Consorcio Mexicano de Hospitales, quienes pusieron a disposición del 23 de abril al 23 mayo un 50 por ciento de sus camas para brindar a derechohabientes los servicios en el segundo nivel, entre los que se encuentran las atenciones a partos, embarazo, puerperio y cesáreas.
En opinión del subsecretario técnico del Comité para una Maternidad Segura “son 3 mil camas que van a ser muy útiles” y para optimizarlas deben dirigirse a la atención obstétrica por dos razones: es más fácil cambiar de prestador de servicios de un ginecobstetra a otra unidad, teniendo el historia clínico prenatal, y es menor el tiempo de estancia hospitalaria.
Pero las incertidumbres, falta de información y las percepciones de riesgo de contagio están llevando a las mujeres a considerar no parir en los hospitales, donde en México se producen 89 por ciento de los nacimientos, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Regresar a la partería
Con esta referencia de la salud materna, parteras como Hannah Borbotea, quien dirige la clínica de la Casa de Partería Luna Maya de la Ciudad de México, han llamado al Estado a mirar su modelo de atención como una oportunidad segura y de calidad para las mujeres embarazadas, no sólo frente al COVID-19, sino como una política a largo plazo.
Borbotea expresó en entrevista que les preocupa que existan consecuencias en la salud de mujeres gestantes, sus hijos e hijas, y se exacerben las inequidades en salud sexual y reproductiva durante la contingencia sanitaria toda vez que en los servicios de salud ya existe un problema de violencia obstétrica que podría agudizarse por el incremento de estrés, miedo y saturación en los hospitales.
Borbotea alertó también del retroceso en otros derechos sexuales y reproductivos que se han conquistado, como ahora el dilema de la presencia de visitantes.
En otros países se ha prohibido la entrada de doulas, que son las mujeres quienes acompañan en el proceso vital de la maternidad.
También está el incremento de cesáreas, que en México están muy por encima del 15 por ciento recomendado por la OMS, por ser procesos que aumentan la probabilidad de hemorragia, de infección, de extirpación de la matriz y de lesiones a órganos. O el contacto piel a piel del recién nacido con la madre.
“Tenemos que todas las prácticas que se han venido instalando poco a poco, que los derechos que se han venido ganando a través del sistema hasta llegar a la atención real de las mujeres, todos esos derechos se pueden quitar, porque tal pareciera que epidemia mata derechos”, mencionó.
Otro factor que se cruza es el económico. La partera recordó que aquellas mujeres que iban a parir en hospitales públicos y ahora no lo desean, pueden no tener los recursos para pagar una partera, por lo que han hecho un llamada a las Secretarías de Salud locales ha subsidiar este gasto.
La directora de Luna Maya reconoció que es tan reducido el número de parteras en México que tampoco son suficientes frente a la pandemia, pero esto sólo revela la necesidad de que el Estado impulse este modelo.
Las parteras están calificadas para atender cualquier aspecto de la salud sexual y reproductiva de las mujeres, y mujeres sanas durante el parto, es decir, las parteras atenderían 85 por ciento de los casos porque no es necesaria la hospitalización.
Las parteras además acompañan a las mujeres en lo individual, en su salud mental y emocional, que en este momento podría verse afectado. “El embarazo, parto y postparto son por si mismos procesos de incertidumbre y transformación”, en medio de una pandemia, dijo Borbotea, se eleva exponencialmente la experiencia de las mujeres.
La Red Mexicana de Parteras Autónomas, a la que pertenece Hannah, así como otras redes de partería han hecho diversos pronunciamiento para que los estados contemplen la partería tradicional y profesional como una estrategia para la atención de los partos de bajo riesgo durante la contingencia por el COVID-19, contribuyendo a la disminución de la mortalidad materna y neonatal.
En caso de complicación o signo de alarma durante el embarazo, inicio del parto y puerperio, o si requieres información el CNEGySR puso a disposición la Línea Materna: 800 628 3762.
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