Mujeres, legisladoras, académicas, exmagistradas, exsenadoras e integrantes de la Red de Mujeres en Plural reclamaron a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el haber sembrado la desconfianza entre las mujeres y el movimiento feminista.
Le reclaman por sus declaraciones sobre las acciones de solidaridad de María Beatriz Gasca Acevedo, con las jóvenes feministas que tienen tomadas las instalaciones del centro de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, durante un acto público y televisado el 28 de septiembre pasado.
También, por su indebida conducta, porque estigmatizó a la ejecutiva al exponerla al escarnio público y mediático, justificando que sus dichos son de interés público y social, cuando en realidad es un abuso de poder. Se preguntan sobre el fondo de este desvarío o los intereses aviesos que la movieron. Pidieron presentación de pruebas e investigación verdadera y la responsabilizan de que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, habló de “infiltradas”.
En un extenso texto, comedido y respetuoso, en lenguaje feminista, le señalan a la Jefa de Gobierno todos los principios que violentó, le recuerdan los acuerdos internacionales y la normativa que ampara los derechos humanos de las mujeres, además de que hay libertad en México para ejercer los derechos políticos y la no criminalización de las acciones públicas.
Aunque dicen que están preocupadas y afirman que buscarán puentes de entendimiento, la cuestionan duramente por haber deslizado la suposición de que Beatriz Gasca Acevedo es una infiltrada con intereses aviesos, y le advierten que mañana podría ser cualquiera otra mujer a la que se investigue y sobre la cual, desde el poder, pudieran recaer estereotipos discriminantes y juicios sumarios.
Expresan que, toda vez que la Jefa de Gobierno aclara no haber hecho una acusación, sino un llamado a la reflexión, le dan la muestra contraria a sus dichos que:
En México se ha dado una lucha porque las autoridades no exhiban a las mujeres víctimas de un delito ni a las personas detenidas ante los medios de comunicación y la opinión pública, antes de que el ministerio público haya investigado los hechos de los que se le acusan y un juez haya determinado su posible responsabilidad, no se puede esperar menos en el caso de Beatriz Gasca Acevedo.
Luego debaten, si bien la jefa de Gobierno advierte que toda la información obtenida sobre la activista es resultado de una “investigación pública”, obtenida a través de las redes, es impropio que se haga uso de la imagen de una persona, que se destaque su condición social y su actividad laboral como realidades que denotan que puede estar relacionada con una actividad empresarial ilegal, porque se puso a la señora Gasca Acevedo injustificadamente en el ojo de un huracán mediático y social, lo que no se justifica con base en el interés público ni en la necesidad de informar a la ciudadanía.
Las firmantes, todas con credenciales de lucha, seriedad y estudio, compromiso político con las mujeres son: Teresa Hevia Rocha, Lourdes Melgar Palacios, Cristina Alcayaga, Rocío García Olmedo, Angélica Nadurille, Beatriz Zavala Peniche, Patricia Olamendi Torres, Celia Cervantes Gutiérrez, Marina González Zihel. Rosario Guerra, Mary Telma Guajardo Villarreal, Cristina Renaud, Pola Peña, Milagros Herrero Buchanan, Beatriz Cosío Nava, Alejandra Rojas Pérez, María del Carmen Alanís, Mariana Niembro, Martha Chapa, Angélica de la Peña Gómez, Claudia Trujillo Rincón, Martha Tagle Martínez, María Fernanda Rodríguez Calva, Bárbara García Chávez, Muriel Salinas, Mariana Benítez Tiburcio, Edith Ávila Romo, Lucero Saldaña, Lourdes C. Pacheco Ladrón de Guevara, Marina Garmendia Gómez, Rogelia González Ruíz, Leticia Gutiérrez, Refugio Esther Morales Pérez, Miriam Hinojosa Dieck, Olga Haydeé Flores, Rosalinda Ávila, Ivonne Melgar, Adriana Ortíz-Ortega, Blanca Gámez Gutiérrez y Janet Góngora.
Argumentaciones
Si la doctora Sheinbaum Pardo tiene elementos suficientes para considerar que la participación de la señora Gasca Acevedo y su apoyo a las mujeres que “okupan” el edificio de la CNDH constituye delito, falta administrativa, o reproche alguno, que presente una denuncia formal ante quien corresponda, no son los medios ni nosotras, quienes debamos concluir y responder si hay un vínculo o no entre la empresa en que laboraba y la responsabilidad en que pudo haber incurrido. Nos negamos a asumir esa responsabilidad.
No pueden admitir que se siembre la desconfianza ni entre las mujeres, ni contra el movimiento feminista. No, porque hoy se desliza la suposición de que Beatriz Gasca es una infiltrada con intereses aviesos, pero mañana podría ser cualquiera otra mujer a la que se investigue y sobre la cual, desde el poder pudieran recaer estereotipos discriminantes y juicios sumarios.
Tampoco decir cuán falsa o interesada es la solidaridad mostrada por la María Beatriz Gasca Acevedo, y afirman que son respetuosas de la vida interna de las redes y colectivas, consideramos corresponde a las organizaciones involucradas formarse un juicio al respecto, en ejercicio de su autonomía y sin intromisiones ajenas.
El que la máxima autoridad de la CDMX exponga a Beatriz Gasca Acevedo y cuestione el apoyo que brindó a las mujeres, por su vehículo, por estatus económico y ocupación laboral como rasgos distintivos, la estigmatiza y genera una respuesta negativa hacia su persona y con relación a las acciones de solidaridad hacia el movimiento de mujeres.
Prueba de ello es que, las declaraciones de la jefa de Gobierno han tenido serias repercusiones para Gasca Acevedo, tales como que al día siguiente el presidente López Obrador en su conferencia matutina, dando por hecho lo dicho, refirió:
“Claudia Sheinbaum dio a conocer una infiltración de los movimientos, de gente que está interesada en perjudicarnos, porque están en contra de la transformación…
No hay repudio al gobierno, desde luego hay una minoría que está inconforme”… Está demostrado que hay grupos económicos que apoyan a grupos conservadores”.
GINgroup, por su parte, separó a Beatriz Gasca Acevedo de su cargo para investigar los acontecimientos.
Claudia debe saber:
La libertad de expresión es un derecho humano indispensable para la consolidación democrática, su adecuado ejercicio y tutela son esenciales para propiciar el debate público y consenso social en torno a las necesidades y problemáticas de las mujeres.
Gobernantes y ciudadanía podemos y debemos emitir libremente nuestra opinión, sin que esto implique la vulneración de la honra de las personas, sin que ponga en riesgo su integridad, existen restricciones que la autoridad tiene que observar cuando se trata de una situación en particular. Los gobernantes, sean del signo que fuera, están obligados a evaluar el impacto de sus declaraciones, porque pueden convertirse en líneas de actuación para otros.
La Constitución Política de la Ciudad de México, establece en su Artículo 4, que las autoridades atenderán la no discriminación y que está prohibida toda forma de discriminación, formal o de facto, que atente contra la dignidad humana o tenga por objeto o resultado la negación, distinción, menoscabo, o restricción de los derechos de las personas, motivada por -entre otros, la apariencia física, la condición social, opiniones o cualquier otra.
En su Artículo 6, Ciudad de Libertades y Derechos, dispone que toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales; de forma eventual o permanente.
Y de acuerdo al Artículo 7, Ciudad democrática, queda prohibida la criminalización de la protesta social y la manifestación pública.
Los derechos humanos son mínimos infranqueables que definen un sistema democrático, constituyen límites a la autoridad para preservar la libertad y la seguridad de las personas, así se trate un gobierno legítimo y democrático, uno de estos es el principio de presunción de inocencia, derecho fundamental que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce, cuyo alcance garantiza la protección de otros derechos fundamentales como son la dignidad humana, la libertad, la honra y el buen nombre.
La ciudadanía plena que demandamos las mujeres no es, ni más ni menos, que el desarrollo de nuestra capacidad de autodeterminación, de expresión, de poder representar nuestros intereses y demandas, así como el pleno ejercicio de los derechos políticos individuales y colectivos.
El derecho de las mujeres a participar en la vida política y pública, forma parte de los derechos humanos reconocidos tanto en nuestra Constitución como en los tratados y acuerdos internacionales, tales como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), cuyo Comité ha señalado que el artículo 7 de la Convención abarca todas las esferas de la vida pública y política, que la vida política y pública de un país es un concepto amplio y se refiere al ejercicio del poder político.
En su Recomendación General Nº 19, relativa a la vida política y pública de la mujer, el Comité CEDAW refiere que esta disposición se extiende a la participación de las mujeres en la formulación, ejecución y seguimiento de leyes, políticas públicas, presupuestos, incluso la participación de éstas en las estructuras y organizaciones sociales, tales como los partidos políticos, sindicatos, asociaciones profesionales o industriales, organizaciones comunitarias, de base y otras que se ocupan de la vida pública y política.
Nuestro derecho a la participación política no se limita a votar y ser votadas ni a militar en un partido, es un derecho que podemos ejercer de manera individual o colectiva y nos posibilita a intervenir, libres de discriminación y violencia, en todos aquellos espacios donde se deliberan los asuntos públicos, es un instrumento para construir nuestra ciudadanía, para formarnos como ciudadanas conscientes de derechos y deberes, que asumen un papel activo en actividades de la sociedad civil, en la construcción de redes, colectivas, organizaciones de mujeres, movimientos sociales. Asegurar su ejercicio y facilitar canales de expresión, es un deber del Estado.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que “el ejercicio efectivo de los derechos políticos constituye un fin en sí mismo y, a la vez, un medio fundamental que las sociedades democráticas tienen para garantizar los demás derechos previstos en la Convención…”
No podemos restarle importancia y visibilidad al enojo de las mujeres, hay una memoria colectiva de toda la violencia vivida a través de la historia que no podemos ignorar.
La violencia en contra de las mujeres se nutre también de violencias institucionales, de acciones, omisiones o la actuación indebida del funcionariado público, de aquellos actos de discriminación o de obstáculos en el ejercicio y goce de los derechos. La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como “Convención de Belém do Pará”, entre otras medidas incluye:
“Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente:
a) Abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar por que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación”.
A nadie conviene en esta ciudad un clima intimidatorio de persecución, que desaliente el ejercicio de los derechos y libertades, inhiba el activismo de las mujeres o exacerbe la protesta.
La acción colectiva de las mujeres no debe ser motivo de suspicacia. A lo largo de la historia, las mujeres hemos aprendido a organizarnos en torno a la idea de justicia a través de la igualdad, de la acción común, a construir un nosotras, a expresar nuestra aspiraciones y demandas en conjunto, a solicitar y darnos apoyo, a trabajar en colectivo, a ser solidarias, a darnos apoyo mutuo, a conjuntar nuestras voluntades para sortear obstáculos, lograr leyes, conquistar nuevos derechos, que solas y por separado no hubiera sido posible.
Estamos en el aprendizaje permanente de ser sonoras entre nosotras, de ser capaces de generar pensamientos, juicios, opiniones de manera objetiva, positiva, comprensiva sobre las otras mujeres y nosotras mismas.
La igualdad por la que luchamos las mujeres es aquella que se manifiesta como libertad que nos permite ampliar nuestra acción individual y colectiva. En un Estado democrático, nadie está por encima de la ley y todos los ciudadanos y ciudadanas son iguales ante la ley. La lucha de las mujeres, la democracia y el Estado de Derecho están vinculados, si la democracia y el Estado de derecho se debilitan no podemos esperar que las condiciones de vida de las mujeres mejoren.
Hacemos votos porque los propósitos de la lucha del movimiento feminista y nuestros gobiernos lleguen a coincidir, que se tiendan puentes de entendimiento y acción conjunta para erradicar la desigualdad, la exclusión, y la discriminación, alcanzar la igualdad y una sociedad justa.
Semiac
