Por Jesús Zambrano Grijalva
Presidente Nacional del PRD
El llamado Plan B de la Reforma Electoral con el que López Obrador pretende afianzar su autoritarismo contempla reformas a seis leyes secundarias. Para su estudio –es un decir porque las huestes de Morena ni lo leyeron- y dictaminación en el Congreso de la Unión se tomó la decisión de dividirlo en dos paquetes de proyectos de decretos.
El primer paquete que contempla las reformas a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas concluyó su trámite legislativo, con claras violaciones al debido proceso, el pasado 27 de diciembre con la publicación de sus decretos en el DOF.
Este paquete de reformas establece que “No constituyen propaganda gubernamental las manifestaciones de las personas servidoras públicas que realicen en uso de su libertad de expresión y en el ejercicio de sus funciones públicas.” Con lo que se abre deliberadamente la posibilidad para que un servidor público, haciendo uso de su cargo, haga promoción personalizada hacia otro funcionario, violentando claramente los artículos 134 y otros ocho artículos constitucionales.
Es por eso que la semana pasada, a pocos días de que se cumpliera el plazo legal para hacerlo, las dirigencias nacionales del PRD, PAN y PRI, por separado, acudimos a la SCJN a presentar acciones de inconstitucionalidad en contra de dichas reformas. Asimismo, las y los diputados que integran la Coalición Va por México han presentado su propia acción de inconstitucionalidad y lo mismo lo han hecho las y los senadores integrantes del llamado Bloque de Contención.
Lo paradójico de todo este embrollo es que López Obrador esté echando para abajo las reformas que él mismo impulsó. Recordemos que las actuales reglas electorales en materia de propaganda gubernamental fueron impulsadas por las protestas y el movimiento postelectoral de 2006 que con un “ya cállate chachalaca” exigía impedir la intromisión electoral del gobierno en turno.
La pregunta obligada es ¿por qué López Obrador hoy quiere imponer desde el gobierno las reglas que él mismo impugnó desde la oposición? Parafraseando el dicho de “no es lo mismo ser borracho que cantinero” podemos responder que no es lo mismo ser oposición que ser dictador. López Obrador sabe que para que una de sus “corcholatas” gane en 2024 tendrá que echar mano de todo el aparato estatal y pretende hacer una elección de Estado.
El segundo paquete de proyectos de decretos del Plan B que contempla diversas modificaciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y que además expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, se encuentra detenido en el Senado. Sin embargo, es muy probable que en las próximas horas concluya su trámite legislativo. Morena y sus rémoras en el Senado de la República tienen los votos suficientes para aprobarlo.
En este segundo paquete de reformas se encuentran los decretos que, con el pretexto de la austeridad republicana, buscan “destazar” –palabra usada por el secretario de Gobernación- al INE. Solo por mencionar algunos ejemplos, pero muy transcendentales, se propone eliminar las 300 Juntas Ejecutivas distritales y despedir al 85% del personal del Servicio Profesional Electoral Nacional.
Este tipo de reformas que deliberadamente plantean destruir la estructura del INE también generarán incertidumbre y conflictos que podrían derivar en violencia política en 2024. ¿Acaso es eso lo que pretende López Obrador?
Lo paradójico en este caso es que López Obrador pretenda destruir al árbitro electoral que organizó de manera impecable la elección presidencial de 2018 en la que él se alzó con la victoria. La razón detrás es que López Obrador carga con una rencilla hacia las autoridades electores desde la elección de 2006. Es un resentimiento que ha exhibido durante todo lo que va de su sexenio y que lo descarga cada vez que puede contra los consejeros y magistrados actuales, que no tuvieron nada que ver con aquella elección.
El Consejo General del INE, por acuerdo unánime de sus once consejeros –incluyendo los cuatro que han tomado protesta durante el actual gobierno-, resolvió que acudirá a todas las instancias legales para frenar el llamado Plan B. Obviamente, desde la oposición haremos lo propio y presentaremos nuestras acciones de inconstitucionalidad para este segundo paquete de decretos.
De esta forma, la SCJN y la ministra presidenta tendrán de plazo hasta el 2 de junio (90 días antes de que inicie el proceso electoral 2024) para resolver todas las impugnaciones. Desde el PRD confiamos en que el Poder Judicial haga valer su autonomía ante estas reformas que claramente violentan el Estado de derecho.
Artículo publicado el 2 de febrero del 2023 en el Diario del Yaqui
