Observadores internacionales han expresado preocupación por la violación de libertades fundamentales debido a la ley de seguridad nacional que el gobierno de China continental promulgó en junio de 2020 en la región administrativa especial de Hong Kong. La ley ha ameritado sanciones de varios países, así como una carta de la Organización de las Naciones Unidas al gobierno chino. A continuación, algunas de las claves para entender el conflicto en Hong Kong y por qué ha suscitado la preocupación de observadores de derechos humanos
El conflicto actual en Hong Kong tiene su origen en 2019, cuando el gobierno local intentó promulgar una ley de extradiciones, ampliamente rechazada por la población por permitir la extradición y el juicio de detenidos en China continental. Expertos, activistas y manifestantes consideraron entonces que la ley socavaba la autonomía de Hong Kong e infringía las libertades civiles. El gobierno de la jefa ejecutiva Carrie Lang reprimió violentamente las multitudinarias protestas, aunque finalmente retiró la propuesta de ley de extradición en septiembre, aunque la presión de los manifestantes por el cumplimiento de otras demandas se sostuvo.
Si bien a principio de 2020 las protestas disminuyeron debido a la victoria sin precedentes del campo prodemocracia en las elecciones del consejo de distrito de Hong Kong, en noviembre, y después por la pandemia de Covid-19, éstas volvieron a encenderse en mayo, cuando se dio a conocer la intención del gobierno de China continental de promulgar una ley de seguridad nacional, finalmente impuesta el 30 de junio de 2020. Esta ley ilegaliza las actividades secesionistas, subversivas o terroristas y aunque expertos sostienen que se trata del paso más audaz de parte de China para llevar bajo su poder a Hong Kong, según Carrie Lang, ésta ayudará a devolver la estabilidad al país después de meses de disturbios.
Además de nuevas protestas, la nueva ley de seguridad suscitó la reacción de otros países como Canadá, Australia, Reino Unido y Nueva Zelanda, que suspendieron sus tratados de extradición con Hong Kong, o Estados Unidos, donde el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva para retirar el estatus comercial especial de la ciudad. Posteriormente, el gobierno de Hong Kong comenzó a poner trabas a los candidatos prodemocracia al congreso legislativo y finalmente la jefa ejecutiva Carrie Lang invocó poderes de emergencia para retrasar la elección hasta septiembre, citando la pandemia de coronavirus como motivo del aplazamiento.
Como respuesta, Alemania también retiró su tratado de extradición con el país y ante los primeros arrestos bajo la ley de seguridad nacional, Estados Unidos anunció nuevas sanciones. En este tenor, la ONU dio a conocer el pasado 4 de septiembre, una carta dirigida al gobierno de Xi Jinping, en Pekín. En la misiva, la ONU expresó preocupación por el hecho de que la nueva ley de seguridad nacional de Hong Kong limita algunas libertades fundamentales, como la libertad de expresión o el derecho de reunión.
Menciona la misiva: “Expresamos preocupación por el amplio alcance de los delitos definidos como secesión y subversión; la restricción expresa de las libertades de expresión y la injerencia en la capacidad de las organizaciones de la sociedad civil para desempeñar su función legítima”. Críticos de dicha ley mencionan que ésta acaba efectivamente con el marco de “un país, dos sistemas”, bajo el cual se otorgaba a Hong Kong un alto grado de autonomía cuando Reino Unido cedió el territorio a China en 1997, tras más de un siglo de dominio británico.
Estas son algunas de las claves para entender el conflicto en Hong Kong, donde manifestantes prodemocracia se han enfrentado con el gobierno debido a la intención de las autoridades de China continental de imponer un mayor control en dicho territorio, lo que ha despertado la preocupación de otros países y organismos internacionales por la violación de libertades fundamentales.
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