Por Jesús Zambrano Grijalva
Presidente Nacional del PRD
Los organismos electorales del México democrático nunca antes habían enfrentado una estrategia de amenazas y amedrentamiento, orquestada y promovida desde Palacio Nacional, como la que han enfrentado con el gobierno actual.
El presidente López Obrador carga con una rencilla hacia las autoridades electores desde la elección de 2006. Es un resentimiento que ha exhibido durante todo lo que va de su sexenio y que lo descarga cada vez que puede contra los consejeros y magistrados actuales, que no tuvieron nada que ver con aquella elección.
Es un rencor enfermizo que combinado con su afán de control y autoritarismo resulta altamente riesgoso para los avances democráticos que hemos construido. Como hiciesen los “gobiernos neoliberales”, López Obrador desacredita a las instituciones, lincha a quienes las dirigen y “argumenta” sobre su supuesta inoperancia para, en lugar de proponer su mejoría, desaparecerlas, trastocarlas o capturarlas.
Durante el pasado proceso electoral que concluyó con la elección del 6 de junio, fuimos testigos de la campaña de desprestigio y descalificación que el presidente de la República encabezó contra el INE y sus consejeros por haber revocado la candidatura de dos de sus abanderados que incumplieron con la ley electoral al no presentar sus gastos de campaña.
Con la denominada “Consulta Popular” sucedió algo similar, López Obrador culpó al INE y sus consejeros de la nula participación ciudadana y los amenazó con removerlos de su cargo. Cuando la realidad es que el INE cumplió con su responsabilidad constitucional a cabalidad.
El último suceso lo presenciamos apenas la semana pasada, cuando todos celebramos que la crisis institucional del Tribunal Electoral había quedado superada con la designación del magistrado Felipe Fuentes como presidente interino para resolver las impugnaciones de la pasada elección, López Obrador declaró que no estaba de acuerdo, que el Tribunal Electoral estaba mal, que los magistrados no actuaban con rectitud, que lo habían decepcionado luego de que resolvieron cancelar las candidaturas en Michoacán y Guerrero. Es decir, el presidente de la República, en lugar de ser un mediador, aprovechó la crisis institucional del Tribunal Electoral para alimentar su retórica contra los organismos electorales.
Pero la cosa no quedó ahí, el viernes pasado el Tribunal Electoral retiró tres diputaciones federales a Morena porque se comprobó que los resultados asentados en las actas habían sido modificados para favorecer a este partido y una vez que se realizó el recuento de votos de las urnas impugnadas resultó que el ganador fue otro, en este caso, candidatos de la Alianza Va por México, con lo que el Bloque Opositor llegó a 202 escaños para la LXV Legislatura. Ante esta resolución, el presidente declaró que el Tribunal Electoral era un “Frankestein” y amenazó de nuevo con presentar una reforma para una “renovación tajante” con la que buscará cambiar por completo a los integrantes del INE y del Tribunal.
Afortunadamente, la retórica del presidente en contra de las autoridades electorales se quedará en eso, en pura retórica. En las elecciones del pasado 6 de junio, la ciudadanía decidió ponerle un alto al autoritarismo de López Obrador, otorgándonos a los partidos que conformamos la Alianza Va por México su voto de confianza para no permitir ninguna reforma que represente un retroceso democrático y así lo haremos.
Artículo publicado el 19 de agosto de 2021 en El Diario del Yaqui
