Por Raymundo Moreno Romero
El presidente López Obrador accedió al poder gracias a las instituciones democráticas que hoy denosta. La incuestionable victoria electoral de 2018 permitió que el actual ejecutivo federal goce de todas las condiciones para concretar su agenda y dar resultados. Sin los contrapesos que tradicionalmente representan las Cámaras del Congreso de Unión, el presidente pudo haber planificado su ruta a partir del realismo, el diálogo y el respeto a la Constitución. Decidió hacerlo de otra manera, es decir, de acuerdo a su instinto político y carácter personal: avasallando, improvisando, estigmatizando a la fragmentada oposición y desafiando tanto a la Carta Magna, como a su garante, el poder judicial federal.
A la cancelación del aeropuerto de Texcoco, cuyas pérdidas se cuantifican en cientos de miles de millones de pesos, sobrevino la desaparición del Seguro Popular, la extinción de Fondos y Fideicomisos públicos, el manotazo que cerró la puerta a la cervecera Constellation Brands en Mexicali, el revés a la reforma educativa y, recientemente, la contra-reforma eléctrica que privilegia las energías fósiles que produce la CFE y saca del mercado a las renovables en manos de inversionistas privados.
Dicha reforma, que entre otros elementos obliga a que se adquiera energía más cara y contaminante dejando de lado las subastas que tan exitosamente se habían desahogado en los últimos años, se advirtió que tendría consecuencias legales tanto en México, como en el extranjero. El presidente y su bancada legislativa decidieron ignorar los señalamientos y hacer de un tema técnico, un asunto político. Privilegiaron su retórica patriotera.
En días pasados se presentaron al menos 30 juicios de amparo contra la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica. De ese número de recursos, jueces federales especializados han concedido 26 suspensiones provisionales, de acuerdo con fuentes del Consejo de la Judicatura Federal. Las últimas suspensiones fueron otorgadas por el juez federal Rodrigo de la Peza López Figueroa, al considerar que pueden dañar la competencia y la libre concurrencia. No descartemos que también se presenten acciones ante paneles internacionales, toda vez que la citada reforma va en contra de lo firmado en el T-MEC con Estados Unidos y Canadá.
La reacción del presidente dio cuenta del estilo autoritario de López Obrador. Exigió un “castigo” para el juez federal que se atrevió a cumplir con su responsabilidad, acusó a juzgadores y particulares de ser cómplices de la oligarquía que dice combatir y, en el extremo de su desdén por la Ley y sus salvaguardas, adelantó que si alguna de sus reformas es inconstitucional, entonces abusaría de su mayoría legislativa para cambiar la Constitución a su contentillo.
México en general y Zacatecas en particular tienen un extraordinario potencial en cuanto a la producción de energías eólica, fotovoltaica y geotérmica. Tales energías, cuya intermitencia se puede anticipar fácilmente con la tecnología meteorológica actual, permitiría a nuestro país cumplir con los compromisos suscritos en el acuerdo de París y que los sectores público y privado compartan la carga de garantizar la anhelada soberanía energética. Tales razonamientos no tienen peso en la lógica de un presidente anacrónico, soberbio y dispuesto a destruirlo todo, incluidos los órganos autónomos, los poderes de la unión e incluso la Constitución, a fin de conseguir su objetivo primordial: una nueva presidencia imperial.
