Por Jesús Zambrano Grijalva
A la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) le corresponde llevar a cabo el cómputo final de la elección, la declaración de validez, si se cumplen los requisitos constitucionales y legales, así como la declaración de la presidencia electa, una vez analizado si la candidatura que obtuvo el mayor número de votos reúne los requisitos de elegibilidad a que se refiere la Constitución.
La Ley en la materia establece que los juicios de inconformidad al respecto deberán resolverse a más tardar el 31 de agosto del año de la elección. Por el bien de la ciencia del Estado de derecho esperamos que se valoren todas las quejas tras las múltiples violaciones a los principios democráticos antes y durante el proceso electoral 2023-2024.
El Pleno de la Sala Superior acordó la creación de una Comisión especial con la finalidad de integrar, sustanciar y poner en estado de resolución los medios de impugnación presentados en contra de la elección de la presidencia, específicamente respecto de aquellos juicios presentados a fin de alcanzar la nulidad de todas las elecciones o de poner en entredicho su validez; dicha Comisión responde a la demanda de la oposición de que se dé puntual seguimiento a los juicios de inconformidad interpuestos por el PRD, el PAN, el PRI y la candidata Xóchitl Gálvez; y se garantice la máxima publicidad, transparencia, rendición de cuentas, imparcialidad, objetividad, profesionalismo, ética judicial y perspectiva de género.
El desahogo de todas estas pruebas, que llevarán a la validez o a la nulidad de la elección presidencial, es de una gran importancia, ya que la virtual nulidad de una elección es un mecanismo de justicia electoral que garantiza los principios rectores de las elecciones en un Estado Constitucional.
El Tribunal Electoral ha confirmado en los últimos días que se vivió una elección de Estado:
- El uso las mañaneras para promocionar a Claudia Sheinbaum y las candidaturas de Morena para atacar y denostar a Xóchilt Gálvez y a los partidos que la apoyaron;
- Propaganda electoral a partir de diversas publicaciones editoriales pagadas con recursos públicos;
- Intervención de las y los gobernadores morenistas en favor de su candidata a la presidencia;
- La utilización de los “servidores de la nación” como ejército electoral a través de los programas sociales para comprar votos;
- Uso indebido del Centro Nacional de Inteligencia y de la Unidad de Inteligencia Financiera en contra de Xóchilt y persecución de diversos candidatos y candidatas opositores;
- Permisividad ante la violencia generalizada para la intervención del crimen organizado en los procesos electorales en favor de Morena.
Asimismo, un sinfín de acciones violatorias de las normas constitucionales legales que el Tribunal Electoral ha consignado en sus resoluciones de los últimos días.
Todo ello tuvo un impacto electoral a favor de la candidata oficial y de su partido, con lo cual influyó de forma determinante en las preferencias de la ciudadanía.
El PRD siempre estuvo denunciando estos ilícitos. Tan solo un ejemplo: el 21 de septiembre de 2023, cuando ya era muy evidente la descarada y sistemática intervención del presidente López Obrador en la elección, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE dictó medidas cautelares para frenar lo que denominó: “la presunta realización de actos anticipados de precampaña y campaña, promoción personalizada, uso indebido de recursos públicos y vulneración a los principios de imparcialidad y equidad de cara al proceso electoral federal”. Lamentablemente eso no modificó nada.
Por ello, el TEPJF debe valorar las quejas y analizar las pruebas que se han presentado y que acreditan la intervención inconstitucional del presidente en el proceso electoral, y anular la elección, ya que no debe permitirse nunca más una elección de Estado, esa que el propio López Obrador desde la oposición en diversos momentos exigió desterrar, pero que ahora encabeza y defiende como el autócrata que es.
La historia juzgará a AMLO como un delincuente electoral y violador de la Constitución. Nunca deberá olvidarse que padecimos una elección de Estado y sentar precedentes para que esto no vuelva a ocurrir. México lo pagará muy caro, y más pronto de lo que nos imaginamos.
