Por Arturo Prida Romero
Presidente del IX Consejo Nacional del PRD
Como ya es toda una realidad, esta administración ha dejado muy claro cuáles son sus prioridades en materia energética, durante los últimos dos años, se ha dado preferencia a “rescatar” a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad, aunque éstas hayan demostrado que recibir más recursos no da como resultado una mejor gestión de negocios o una mayor rentabilidad.
En contraste, lo que sí demuestra, es que México ha olvidado sus compromisos internacionales al suscribir los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 y el Acuerdo de París, los cuales mandatan a invertir en fuentes de energía limpia (como solar y eólica) por encima de las energías fósiles.
Como si esto no fuera suficiente, las energías renovables en México, han sufrido una herida de muerte, por medio de un Decreto presidencial, el cual ante la baja en el consumo energético nacional, debido a la pandemia de Covid-19, ha decidido cancelar sus contratos.
Actualmente, el gobierno es el único acreditado para la venta pública de energía eléctrica, y éste a su vez, por medio de un Decreto, ha mandatado a CFE, como su único proveedor, dejando sucumbir a las empresas de energía renovable que vendían su producción a la empresa productiva del Estado, quienes no pueden vender directamente al público.
Este decreto, es ilegal, pues interrumpe contratos y convenios previamente firmados y autorizados, entre las empresas de energía renovable y CFE. Pero las repercusiones no son tan simples como lo que el gobierno quiere hacer ver. La suspensión de proyectos de energías sustentables en México provocará la salida masiva de inversionistas y que el país pierda la oportunidad de convertirse en un líder mundial en el sector.
Según la justificación oficial, simplemente se les da prioridad a las empresas del Estado ¿Eso que tiene de malo? podríamos pensar; pues la realidad es que desaparecer por decreto una actividad económica esencial, como lo es, la generación de electricidad con energías renovables en la República Mexicana, la cual en su conjunto supera los 20 mil millones de dólares, tiene muchas más repercusiones que una simple “preferencia”. 2
Al igual que, con otros proyectos emblemático de administraciones pasadas, ejemplo el nuevo AICM, la decisión de cancelar los contratos de energía renovable, resultará en una de esas situaciones de perder- perder. Ya que, estos consorcios recurrirán a litigios nacionales e internacionales, en donde, ténganlo por seguro (como en el caso del AICM) el gobierno de México terminará pagando indemnizaciones millonarias por incumplir con sus obligaciones.
Como ya se vivió con el aeropuerto, al final, las indemnizaciones se pagarán con dinero público, en muchas ocasiones equivalente al precio que se pagaría si estas empresas hubieran terminado con su trabajo, solamente que no se recibirán los bienes o servicios y, estaremos una vez más regalando dinero y ahuyentando la inversión.
Mientras que, por el otro lado, el gobierno de México utilizará su demagogia recurrente, para decir, que “ganamos la batalla contra el neoliberalismo” y se implementarán una vez más, respuestas mal planeadas, para atender las necesidades de bienes o servicios con los que, ellos mismos acabaron.
Más allá de un aeropuerto o de un tren, sofocar a las energías renovables en un país donde, por ejemplo, el 85% de su territorio es óptimo para generar energía solar y frenar una industria que según Asociación Mexicana de Energía Solar (ASOLMEX) representa una inversión directa de 8 mil 550 millones de dólares y la generación de más de 64 mil, en tiempos de recesión económica, no parece ser lógico.
Aunque si se quiere hablar de cosas ilógicas, por qué no empezar con la decisión gubernamental de preferir una industria que además de contaminante duplica el precio de la energía limpia, ya que, las subastas de largo plazo de energía eléctrica generaron el compromiso de compra venta de energía renovable, para los siguientes 20 años con costos que van de los 45 a los 20 dólares por MWh, en comparación, con el costo de generación de la CFE (la cual usa carboníferas en el 7% de su capacidad instalada) que ronda los 78 dólares por MWh.
Estas acciones ya se veían venir, puesto que no es ninguna novedad el arcaico nacionalismo petrolero del presidente, quien incluyo en su Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 de México plantea rehabilitar las seis refinerías existentes y la construcción de la nueva en Dos Bocas, Tabasco, para el 2022.
Este tipo de falacias son parte fundamental del discurso y la demagogia de la 4T, pero utilizar la desgracia que ha generado la pandemia en el país, para sacar del juego a las energías renovables y a su paso transgredir la Ley de Transición Energética y la Ley General de Cambio Climático, las cuales, establecen que para el 2024, México debería tener una participación mínima de Energías Limpias en la 3
generación de energía eléctrica de al menos 35%, es una de las más bajas acciones del presidente.
Parece ser que el gobierno de México no aprendido su lección, y repetirá sus mismos errores uno tras otro. Si la experiencia del AICM y la reciente crisis petrolera no fueron suficientes para entender que no se puede violentar el estado de derecho y que las energías limpias son el futuro, estamos destinados a sufrir otra crisis, esta vez, medioambiental.
