Por Benjamín Muñiz
El día de ayer se publicó un estudio realizado por Bloomberg en el que se midió a 53 países para determinar cuál es el mejor y cuál el peor para vivir durante la pandemia del CORONAVIRUS. El mejor país según dicho ranking es Nueva Zelanda, seguido por Japón, Taiwán, Corea del Sur y Finlandia; el peor: México. Sí, tenemos el horripilante lugar 53 del ranking, estamos por debajo de países como Filipinas, Irán, Nigeria, Iraq (la lista completa se encuentra disponible en https://www.bloomberg.com/graphics/covid-resilience-ranking/?utm_medium=deeplink).
Nunca he negado que los ciudadanos somos, en gran parte, responsables por el incremento de los índices de contagios. Por supuesto que nuestra irresponsabilidad ha generado mayores contagios, sin importarnos la pandemia, hemos hecho reuniones, hemos atiborrado centros comerciales, hemos pretendido hacernos creer que ya vencimos al COVID, pero esto no es así.
Sí, es cierto, los ciudadanos hemos sido irresponsables; me queda claro que difícilmente cumpliremos las medidas de sanidad motu proprio, sin embargo, es precisamente por ello que existe el Estado y su poder coercitivo. Hablemos con franqueza, el Estado tiene el monopolio de la fuerza pública, tiene los medios para asegurar el cumplimiento de sus determinaciones. Consecuentemente, si la ciudadanía no cumple, el Estado tiene la obligación de hacer valer las determinaciones, y cuenta con los medios para hacerlo. En este sentido, el gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador ha fallado reiteradamente.
En diversas ocasiones, el mandatario mexicano aseguró que su estrategia ha funcionado, ha salido en defensa de su Subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, y no ha dejado de decir que sus adversarios políticos son los que están detrás de las cifras manipuladas porque solo buscan afectarlo. Ha presumido que su estrategia ha dado resultados sin tener que llegar a panoramas extremos como la aplicación de toque de queda, incluso en la cumbre virtual del G20 solicitó que se evitaran estas prácticas para hacer frente a la problemática.
Realmente no encuentro a manera de justificar que el presidente siga sosteniendo una mentira tan evidente. Tenemos más de 1’000,000 de contagios, más de 100,000 muertes, esto según las fuentes oficiales, pero no debemos dejar de ver que somos uno de los países del mundo que menos pruebas de detección hacen. Teniendo esto en mente, las cifras pueden ser mucho mayor (la propia autoridad de salud estima que el número real de defunciones por COVID puede ser cercana a las 250,000). No, la estrategia, si es que hay una, no está funcionando.
El gobierno ha sido en extremo laxo. No ha tomado en serio su responsabilidad. Si existen medidas preventivas, como la distancia, el uso del cubrebocas, la aplicación de alcohol, entonces el gobierno tiene que verificar que estás medidas se cumplan. Hoy es deprimente ver como en la puerta de muchos lugares público, si bien es cierto que hay tapete sanitizante, también lo es que éste se encuentra seco, pura faramalla. Pero, ¿qué pasa? Si el gobierno no actúa, si no ejerce su poder coercitivo, las cosas no van a cambiar. Sí, me queda claro que no serán medidas que gocen de gran popularidad pero, es necesario que se impongan sanciones a quienes violen las disposiciones emitidas por el gobierno: multa a las personas que estén en vía pública sin cubrebocas, sanciones económicas y hasta clausuras a los establecimientos que no cumplan con la distancia mínima, o que no tengan alcohol en gel o tapete sanitizante. Hemos demostrado que, motu proprio, la ciudadanía no hará lo que le corresponde para romper las cadenas de contagio, entonces el gobierno debe hacerlo.
Por supuesto, si el mensaje desde el gobierno es incongruente, si las grandes jerarquías gubernamentales huyen al uso de las medidas de sanidad, si el propio presidente no utiliza el cubrebocas, como podemos esperar que la ciudadanía lo haga.
