Por Jesús Ortega Martínez
Hace unos días, el presidente de México hizo, a través de una carta ampliamente difundida, un llamado a los gobernadores de las entidades federativas para que “no intervengan en el proceso electoral y respeten la legalidad. Acostumbrados al presidencialismo omnímodo, pocas personas repararon que ese llamado de López Obrador extralimita sus facultades y atribuciones, las que se encuentran establecidas en el Articulo 89 de la CPEUM. En este artículo no hay fracción alguna que le permita intervenir, de cualquier forma, en los procesos electorales, y lo mismo sucede para con los gobernadores, que igual, no tienen facultad alguna para “guardar la legalidad en las elecciones federales y locales”
Las únicas facultades constitucionales para dar certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, corresponden, exclusivamente al Instituto Nacional Electoral y que están establecidas en el artículo 41 de la propia Constitución, lo que permite que el INE sea autónomo del presidente y de los gobernadores y en consecuencia pueda impedir cualquier intromisión del gobierno o de oros agentes externos.
Como ven, lo que parece una “intención de buena voluntad” del presidente, es en realidad, una más de sus perversidades para socavar la autoridad del INE, para lesionar su autonomía, y finalmente para que López obrador se entrometa en las elecciones federales y locales a través de ese pacto. Sorprende la ingenuidad de algunos gobernadores que solícitos se aprestaron a convalidar tal pacto inconstitucional, mas cuando saben y son testigos directos que el presidente financia con recursos fiscales un aparato electoral puesto a su servicio para trampear los comicios y para mantener cautivos –con los programas asistenciales– a una buena parte de los electores más pobres y necesitados.
Son demasiadas las evidencias de como los mal llamados “servidores de la Nación” se encuentran haciendo, de manera descarada y cínica proselitismo electoral a favor de morena, y muchos los intentos del presidente por debilitar la presencia del INE, por restarle facultades para finalmente despojarlo de su autonomía constitucional. La intención es clara: el presidente pretende, como en los tiempos del régimen de partido de Estado, dirigir, conducir, organizar y finalmente, arreglar los resultados electorales a su entera conveniencia.
Aunando: si el presidente violenta la constitución y las leyes electorales o cualquier otra, está cometiendo un delito grave que debe ser perseguido por la Fiscalía General de la República (dice que ya no tiene fuero) y en su caso sancionado, y si alguno de los gobernadores hace lo mismo, igual debe ser sancionado como delincuente electoral.
El INE es el garante de la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad durante los comicios, y el presidente debe dedicar su tiempo a lo que le obliga la constitución: Atender los problemas de la inseguridad, la violencia, la crisis de salud, el crecimiento de la pobreza y el desempleo, la pobre respuesta ante la pandemia, y el desastre económico en que tiene postrado al País.
López Obrador, anda buscando distractores, y siempre hay personajes serviles que le sirven para ese propósito y otros que, al margen de sus intenciones, aparecen como “compañeros de viaje” de López Obrador.
