Por Angélica de la Peña G.
@angelicadelap
Parece que el lobby que ha venido haciendo la Fiscalía General de la República para que la Investigación a la que está obligada no esté vinculada a la búsqueda de personas desaparecidas, está ganando terreno, incumpliendo lo que establece la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
Resulta que Morena, a través de la diputada Erika Vanessa del Castillo, ha presentado una reforma constitucional que adiciona un párrafo al artículo 17 de la CPEUM cuya redacción plantea que la investigación ministerial, no esté vinculada con la búsqueda de personas, como se señala en la Ley General. Esta reforma, además de ser inconvencional, desconoce que su inscripción derivó de un trabajo de parlamento abierto con las Familias de las personas desaparecidas.
La Ley General fue redactada artículo por artículo desde el Senado de la República en el sexenio anterior por las comisiones dictaminadoras y una Comisión de las familiares y de organizaciones de DH nombradas por las familias; además participaron los jurídicos de la FGR, y del gobierno federal; la Cruz Roja Internacional y la Oficina del ACNUDH. La pauta del diseño y aprobación de la Ley fue “Sin las Familias, no”. Todo lo que se redactaba era llevado a las organizaciones de familiares para su aprobación.
Por eso, hay un reclamo público de más de treinta organizaciones de Familiares de todo el país, quienes han manifestado públicamente su inconformidad porque la Comisión de Puntos Constitucionales no les consultó sobre la pertinencia de esa reforma. Y tienen razón: el texto que pretenden adicionar a la Constitución, es un contrasentido respecto al objeto de la Ley
Las familias señalan que es necesario recordar “que el principal problema frente a la atención de la desaparición de personas no es legal o de facultades, sino de voluntad política. En ese sentido, consideramos que la incorporación del derecho de toda persona a ser buscada a la constitución mexicana resulta meramente anecdótico. Sin embargo, al analizar el texto aprobado por la Comisión de Puntos Constitucionales, observamos con preocupación que la propuesta, lejos de ayudar, entorpecerá la demanda de las familias de que el Estado haga todo lo posible por encontrar a nuestros familiares que han sido desaparecidos”.
“El texto -de la reforma- señala que la búsqueda de las personas desaparecidas no estará vinculada con la investigación ministerial. Situación que acentuará el desinterés de las fiscalías para realizar las acciones de búsqueda, dejando es importante labor solo en manos de las Comisiones de Búsqueda, quienes carecen de facultades expresas para realizar actos de investigación”
La petición de las familias que buscan a más de 110 mil personas desaparecidas, es que se retire esa reforma. Y valdría retomar el interés por esta materia por parte de la Cámara de Diputados para nuevamente recordarles es urgente se apoye con presupuestos suficientes para concretar la especialización de las fiscalías encargadas de la investigación de estos crímenes inscritos como graves violaciones a los derechos humanos. Urge las fiscalías se esmeren en el análisis de contexto que ponga un alto a este terror. Esta reforma al 17 constitucional es un mensaje que hace felices a quienes siguen gozando de impunidad.
Análisis publicado el 7 de febrero en El Sol de México
