Nada aleja más a este gobierno de su supuesta vocación de izquierda que su talante autoritario, su desprecio por el Estado de Derecho y su predilección por la militarización. Trágicamente, en lo últimos días tenemos dos magnos ejemplos que dan cuenta de este alejamiento:
- La Prisión Preventiva Oficiosa (PPO): Hace un par de semanas, la SCJN anunció que tenía listo para discutir y votar un proyecto de resolución que proponía eliminar la PPO por contravenir con los tratados internacionales.
El anuncio de la eventual eliminación de una medida cautelar injusta, excesiva, violatoria de los derechos humanos y que, según datos del INEGI, afecta a los más pobres de este país, fue celebrada por todos, o más bien por casi todos, porque, para sorpresa de muchos, el presidente López Obrador se pronunció en contra de dicha eliminación.
El asunto no quedó en un simple pronunciamiento. Exhibiendo su talante autoritario y su desprecio al equilibrio de poderes, López Obrador se lanzó contra los integrantes del Poder Judicial, los tachó de deshonestos y los acusó de no resistir “cañonazos”. Refiriéndose en específico a los cuatro ministros que han sido nombrados por él, les reprochó: “ya no están pensando en el proyecto de transformación y en hacer justicia, ya actúan más en función de los mecanismos jurídicos.” Es decir, descaradamente, el presidente supone que, al haber sido nombrados por él, estos ministros deberían comportarse como sirvientes en espera de sus indicaciones.
Pero la pregunta obligada es ¿Por qué López Obrador, que tanto presume ser defensor de los derechos humanos y que supuestamente guía sus decisiones por el precepto de “primero los pobres”, no quiere que se elimine la PPO? La respuesta es porque durante lo que va de su gobierno, la PPO ha sido su herramienta más eficaz para amedrentar a sus adversarios políticos y para mantener en la cárcel a sus chivos expiatorios.
El desenlace del asunto de la PPO lo conocemos todos: ante el embate presidencial, el ministro proponente, al ver que no tendría los votos suficientes, terminó retirando su proyecto de resolución. Mientras tanto, en México cada día se sigue encarcelando a cientos de personas sin que se les haya comprobado delito.
- La militarización de la seguridad pública: Pisoteando todo el proceso legislativo, Morena y sus aliados aprobaron varias reformas a leyes secundarias para que la Guardia Nacional (GN) pase a control de la Sedena.
Estas reformas contravienen flagrantemente lo dispuesto en los artículos 19 y 21 de nuestra Constitución en los que se consagró el carácter civil de este cuerpo policiaco. No tengo duda de que la SCJN en su momento las desechará, pero esto llevará tiempo y los embates presidenciales no cesarán.
También, estas reformas y la iniciativa de reforma constitucional para prorrogar el plazo de la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta el 2029, son todo lo contrario a lo que López Obrador prometió durante su campaña: regresar a los militares a sus cuarteles.
Intentando amortiguar las críticas, la semana pasada el presidente de la República confesó que cambió de opinión de regresar al Ejército a los cuarteles cuando llegó a la Presidencia y se dio cuenta del problema de inseguridad que los gobiernos anteriores le habían heredado.
En ese sentido, es importante que el presidente finalmente acepte que traicionó a su electorado, a su supuesta vocación de izquierda y que terminó impulsando la militarización que tanto criticó, pero es un descaro que a casi cuatro años de su sexenio siga culpando a gobiernos del pasado. La realidad es que este gobierno falló en su estrategia y, ahora, con una Guardia Nacional de 115 mil elementos (80% de ellos de origen militar), hay más violencia, inseguridad, crímenes y feminicidios.
La militarización no es la solución para acabar con la violencia. Incluso, las razones que ha dado López Obrador para trasladar a la GN a la Sedena tienen que ver, según él, con evitar la corrupción, pero hasta ahora no ha explicado cómo reducirá la inseguridad, es decir, se formalizará la militarización de la seguridad pública, pero seguiremos sin corregir la fallida estrategia gubernamental. Este es el asunto de fondo: una estrategia totalmente equivocada , que debe ser sustituida por un sistema integral de seguridad publica de carácter civil.
El objetivo de López Obrador al impulsar la militarización de la seguridad pública, a través de atropellos a la Constitución y al Estado de Derecho, no es resolver el problema de la inseguridad, sino perpetuarse en el poder. Es un paso más hacia la implantación de una dictadura en México que amenaza con continuar su proyecto de la mano de los militares, al costo que sea.
Por eso desde la verdadera izquierda Democrática mexicana, que es el PRD, se ha dejado claro que se debe hacer todo lo que esté en nuestras manos para ponerle un alto al autoritarismo y al militarismo. El militarismo es la muerte de la democracia.
Artículo publicado en El Diario del Yaqui el 15 de septiembre de 2022
