Por Raymundo Moreno Romero
La participación política en los países occidentales fue por siglos un territorio vedado para las mujeres y los grupos históricamente vulnerados, se trataba de un campo de desarrollo profesional reservado para hombres heterosexuales, sin discapacidades visibles y salvo honrosas excepciones, de raza “blanca” o mestizos.
Más allá del debate sobre la inexistencia de razas en la especie humana, merece la pena reflexionar sobre la larga lucha del movimiento feminista, especialmente desde su segunda ola sufragista y de los movimientos de pueblos originarios, diversidad sexual y de personas con discapacidad, a fin de construir instituciones que abonen a plantar cara a la discriminación y ser tomados en cuenta en espacios de decisión.
El resultado de esa lucha, en el caso de México, fue la creación de organismos como el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, planteamiento, entre otras y otros del finado Gilberto Rincón Gallardo, la autonomía de la Comisión Nacional de los Derechos Humano, las reformas en materia de paridad en el ámbito federal y local y finalmente las acciones afirmativas emprendidas por las autoridades electorales, mismas que pudieran significar el inicio de una era de inclusión y auto representación en el servicio público.
Tales lineamientos electorales exigen a los partidos políticos y coaliciones la postulación de fórmulas de candidatas y candidatos a regidurías, diputaciones locales y diputaciones federales para integrantes de las mal llamadas “minorías”, y garantizan la paridad en cuanto a las gubernaturas; son, sin duda, un hito en los esfuerzos por abrir brecha y reconocer el crisol de pluralidad y diversidad que es la sociedad mexicana.
En el caso de Zacatecas, además de la paridad de género, el Instituto Electoral del Estado mandató a cada instituto político la inclusión de tres espacios de regidurías y uno de diputación para personas LGBT, en este último caso, con una fórmula que podría integrarse de manera mixta entre una persona con discapacidad y otra de la diversidad sexual, ademas ordenó el registro de fórmulas edilicias en algunos municipios para personas de origen indígena.
La oportunidad histórica que estos lineamientos representan, no obstante, se pudiera ver empañada por la omisión o la resistencia de algunas dirigencias a postular a personas con el perfil, la trayectoria y la legitimidad que solo el activismo y la lucha cotidiana en favor de los derechos humanos, pueden dar.
En un país donde una de cada cinco personas es discriminada todos los días, la única forma de demostrar congruencia es con hechos, garantizando el acceso de estos segmentos poblacionales con añejos reclamos, a los cabildos y congresos estatal y federal, solo así se podrá actualizar la legislación pendiente y formular las políticas públicas que se traduzcan en un Zacatecas y un México cada día más justos, más libres y más igualitarios. Al tiempo.
