Por Rogelia González Luís
La crisis originada por el COVID-19 ha tenido un gran impacto negativo en los niños y las niñas de todo el mundo, por el aumento de violencia, maltrato y abuso al que están expuestos por el confinamiento en sus hogares, asimismo se ha visto minado el acceso al derecho a la educación.
La ONU asegura que en el mundo existen 275 millones de niños que son maltratados con golpes, insultos, humillaciones y abandonos. Además, una cantidad significativa son obligados a trabajar, a prostituirse o a realizar prácticas pornográficas, otros son víctimas de tráfico humano y muchos más son obligados a enlistarse en las filas del ejército.
La Unicef estima que en México, el 62% de los niños y niñas han sufrido maltrato en algún momento de su vida, 5.5% ha sido víctima de violencia de sexual y un 16.6% de violencia emocional. El Informe Anual 2017 de UNICEF México señala que nueve de cada 10 niños y niñas que hablan alguna lengua indígena son pobres; 80% de los infantes no alcanzan los conocimientos requeridos en su nivel educativo y más de cuatro millones no acuden a la escuela; 65% no tienen acceso a libros infantiles y ocho de cada 10 agresiones contra ellos ocurren en la escuela y en la vía pública.
Durante los últimos años, México se ha enfrentado a un incremento de la violencia infantil, las agresiones contra los niños y las niñas, aumentan a temprana edad, pues son más vulnerables a enfrentar situaciones de violencia física y psicológica. Nuestro país se ubica en el sexto lugar en América Latina, al tener un alto número de homicidios de niñas y niños; tan solo en los últimos casi 25 años, murieron asesinados diariamente 2 niñxs o adolescentes, menores de 14 años.
La Convención sobre los Derechos del Niño y la niña establece el derecho de todos los menores a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. Lamentablemente, no es así para todos. Que los niños crezcan alejados de cualquier situación de violencia, malos tratos, explotación o abusos parece lo más lógico. En la actualidad, una de cada diez niñas en el mundo ha sido víctima de abusos sexuales.
La clave del progreso está en la educación en la primera infancia. Es una de las inversiones más eficientes para emprender un camino al aprendizaje que dure para toda la vida. Sin embargo más de 1500 millones de estudiantes no están asistiendo a la escuela. Es probable que la pérdida generalizada de puestos de trabajo e ingresos y la inseguridad económica en las familias incremente los niveles de trabajo infantil, explotación sexual, embarazo adolescente y matrimonio infantil. Las tensiones que atraviesan las familias, sobre todo aquellas en cuarentena o confinamiento, están agudizando la incidencia de la violencia doméstica. Al aumentar la tasa de fallecimientos por COVID-19, más niños y niñas estarán en situación de orfandad y expuestos a explotación y abusos.
Los niños y las niñas en comunidades indígenas están enfrentando situaciones de desigualdad, discriminación, pobreza y violencia, el nulo acceso al derecho a la educación en el contexto de la pandemia por la falta de acceso a una computadora con internet, así como a la alimentación y de manera fundamental la salud.
Por lo anterior es fundamental garantizar el acceso pleno de los derechos fundamentales de las niñas y los niños, fomentar educación para la paz y el progreso con perspectiva de desarrollo para las comunidades rurales y urbanas, las políticas públicas deben estar enfocadas con una visión del desarrollo de las niñas y los niños, se deben generar estrategias para alcanzar un desarrollo integral.
