Por Jesús Ortega Martínez
Vivimos, como país, situaciones verdaderamente graves, que debieran generar entre los actores políticos y en el conjunto de la población, una gran alarma. Tales situaciones son expresión de una crisis política y social motivada por el debilitamiento (o, francamente, la ausencia) de varias de las instituciones fundamentales del Estado Nacional. Para demostrar como cierta esta afirmación, tomemos el caso del control político y económico que los cárteles del crimen organizado, mantienen sobre buena parte del territorio nacional.
Hay entidades federativas y amplias regiones del país, en donde las autoridades son -de facto- los jefes de los grupos delictivos que se dedican a la producción, tráfico y distribución de estupefacientes; a los secuestros; el cobro de piso; la apropiación, mediante la violencia y las amenazas a pequeños y medianos empresarios, de negocios agrícolas o de servicios, Para consolidar ese control político y económico, el crimen organizado ha desplegado a miles de “efectivos” armados que, como si de un ejército se tratara, “toman” ciudades, asaltan aeropuertos, cierran vías terrestres de comunicación, asaltan negocios, mientras comandos de sicarios recorren las calles y avenidas, disparando sus armas de alto poder, liquidando a sus rivales, y asesinando a personas inocentes. Ello ocasiona un enorme temor entre la población que se encierra en sus casas, clausura sus negocios o huye aterrorizada.
Culiacán, Mazatlán, Tijuana, Ensenada, Rosarito, Reynosa, Cd. Victoria, Nuevo Laredo, Ciudad Obregón, Fresnillo, Zacatecas, Guadalupe, Jerez, Teocaltiche, Zapopan, Tlajomulco, Teloloapan, Arcelia, Acapulco, Iguala, Tixtla, Manzanillo, Colima, Lázaro Cárdenas, Zamora, Uruapan, Coatzacoalcos, Minatitlán, Poza Rica, Cd, Juárez, Celaya, Irapuato, Salamanca, Cuernavaca, Cuautla, Cancún, Ecatepec, Naucalpan, Tejupilco, son -entre muchas otras ciudades- donde el control político no lo detenta el estado, si no que lo ejercen, con brutalidad, los diversos y numerosos grupos del crimen organizado.
La presencia de los cárteles en el control de estas y otras poblaciones, ha ocasionado, a lo largo de varios sexenios, que cientos de miles de personas sean asesinadas y desaparecidas cual si se tratara de un país en guerra. Hay un reporte elaborado por organismos internacionalmente acreditados, que informa sobre más de 110,000 personas desaparecidas hasta el año 2022, y de más de 140,000 personas asesinadas en tan solo cuatro años del actual gobierno de López Obrador.
El gobierno busca opacidad a estas terribles cifras o tergiversa otras, como los casos de los feminicidios e infanticidios, los asesinatos de migrantes y la presencia de un nuevo elemento que impacta social y económicamente: el de los desplazados que se pueden contabilizar en millones.
¿Y que hace el gobierno ante este horror? Nada efectivo, pues ha elaborado “una estrategia de seguridad” a la que el mismo presidente denomina, “abrazos, no balazos” y que consiste, realmente, en dejar hacer y cerrar los ojos ante el crimen y la violencia que llevan a cabo los cárteles de las drogas y las bandas del crimen organizado, las que han diversificado sus actividades hasta el grado de cobrar piso a l@s niñ@s que venden golosinas en la vía pública, como sucedió, hace unos días en Juchitán, Oaxaca, en donde dos infantes fueron asesinados por no pagar “su cuota”.
López Obrador ha militarizado las tareas de la seguridad pública. Pero eso solo sucede en el papel, porque en realidad, ni los militares en activo, ni los militares de la guardia nacional, participan en tareas de persecución de los delincuentes.
La seguridad pública es la responsabilidad principal de todo Estado, pero para el cumplimiento de esta responsabilidad en México, no existe ningún Estado.
