Por Rogelia González Luis
Todas las personas tienen derecho a la vida y la seguridad, como lo menciona la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Nuestra Constitución en su artículo primero, menciona que todas las personas gozarán de los Derechos Humanos reconocidos en la misma y en los tratados internacionales, por lo que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.
Los hechos suscitados los días 21 y 22 de junio, en el Municipio de San Mateo del Mar, Oaxaca, donde mujeres y hombres perdieron la vida y otras personas más resultaron heridas, son totalmente lamentables. Ante estos hechos violentos, es fundamental la intervención urgente, del Gobierno Federal, el Gobierno estatal, la Fiscalía General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca para que realicen el proceso de investigación eficaz que conduzca al esclarecimiento de los hechos constitutivos de delitos, cometidos en agravio de los habitantes del Municipio. Lo anterior, en aplicación irrestricta de la Ley y del Estado de Derecho, en contra de quien o quienes resulten responsables, y haciendo énfasis que en los últimos meses se han agudizado las diferencias sociales entre las comunidades, generándose zonas de conflicto, en donde prevalece la ingobernabilidad. Las autoridades del estado, no debieron dejar que esos conflictos avanzaran a tal grado, pues se pudo haber evitado la pérdida de vida de 13 hombres y 2 mujeres.
Los sucesos en Huazantlán del Río, agencia del municipio de San Mateo del Mar, tienen antecedentes en los conflictos sociales y políticos de hace más de un año. Es lamentable la pérdida de vidas debido a dichos conflictos, en donde se han mezclado los usos y costumbres y permea la cultura patriarcal y machista, por lo que no se les permite participar a las mujeres en las asambleas para la designación de las autoridades en el pueblo.
El gobierno del estado debe asumir la responsabilidad y la inmediata atención de estos lamentables hechos, al igual que la Legislatura local; salvaguardar la vida, Integridad y los Derechos Humanos, así como preservar las libertades, el orden y la paz pública, privilegiando el diálogo, que permita los consensos necesarios para construir y garantizar la paz.
Exigimos de manera urgente: Garantizar la vida, la seguridad y la paz de nuestras comunidades indígenas como responsabilidad del Estado de Derecho; Un Alto a la violencia política contra las mujeres para garantizar su derecho a participar en la vida pública y en la toma de decisiones; La Inmediata instalación de una mesa de del dialogo del más alto nivel para la construcción de Paz en el Municipio, donde participen defensoras, defensores, académicos funcionarias y funcionarios públicos y las voces de mujeres y hombre de la comunidad para consolidar la paz en la comunidad; Se garanticen las medidas de apoyo y asistencia a las mujeres, niñas, niños, adolescentes, así como a los deudos como lo señala la Ley General de Victimas
Como mujer indígenas externo mi profunda solidaridad con el pueblo Ikotss por la vida, la Seguridad, la paz y la Justicia de nuestras hermanas y hermanos de la comunidad Ikoots seguiremos alzando la voz.
