Desde Palacio Nacional, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció el estado final de la recientemente propuesta reforma a la ley la subcontratación, o outsourcing. El presidente de México celebró lo que caracterizó como producto del diálogo entre el gobierno y los sectores obrero y empresarial; además de un avance para garantizar el derecho al reparto de utilidades.
Representando dichos intereses, asistieron a la conferencia Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y Fernando Salgado; de la Confederación de Trabajadores de México (CTM). Destacó también la participación de Luisa María Alcalde, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), quien explicó a detalle las implicaciones de la mencionada reforma.
Principalmente, la reforma prohibirá la subcontratación de personal, con especial atención a combatir las llamadas “empresas nomineras”. No obstante, sí se permitirá la subcontratación de servicios y obras especializadas, mientras no estas formen parte del objeto social o las actividades principales de la empresa. A su vez, se reformará la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, con el fin de prohibir la subcontratación en dependencias del gobierno.
Adicionalmente, las empresas o empleados que deseen prestar servicios bajo un esquema de subcontratación deberán estar dados de alta en un padrón según los requisitos de la STPS. Deberán acreditar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y actualizar su registro cada 3 años. Alcalde puntualizó, los lineamientos se darán a conocer un mes después de la publicación de la reforma en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y las empresas deberán regularizarse en un plazo de 3 meses.
Por otra parte, aquellas empresas que reciban los servicios serán responsables de responder frente a los trabajadores en caso de algún incumplimiento. Se endurecieron las sanciones y se facilitó la homologación de criterios entre el código fiscal, las leyes del ISR, el IVA y la Ley Federal del Trabajo.
Apuntó Alcalde, si bien el objetivo de la reforma es combatir la práctica de subcontratación abusiva, ello conlleva un importante beneficio en términos de garantizar el derecho al reparto de utilidades. Según se consigna en el artículo 127, las empresas están obligadas a dividir sus ganancias anuales con sus empleados, responsabilidad que se evade de forma frecuente con la subcontratación. Declaro, además se facilita la evasión de otras responsabilidades fiscales, así como la competencia desleal y el subregistro de derechohabientes ante instituciones de asistencia social.
Concretamente, estos beneficios en términos de reparto de utilidades ascenderán hasta a 157 mil millones de pesos anuales, un incremento del 154%, de acuerdo con las autoridades. Asimismo, esperan poder formalizar hasta 300 mil nuevos trabajadores tan pronto entre en vigor la reforma, lo que conllevará una importante cuota administrativa a instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Infonavit.
Durante su participación, Carlos Salazar del CCE celebró estos objetivos y afirmó “es un ejemplo de como podemos abordar los problemas de nuestro país. El diálogo, el debate, la apertura siempre conducen a mejores decisiones.”. Por su parte, Fernando Salgado, de la CTM, calificó el movimiento como “muy trascendente” en cuanto a garantizar el derecho constitucional de “a trabajo igual, salario igual”.
En ese sentido, el objetivo es hacer competitivo el país, afirmó, “pero no pensando solamente en lo que podemos exportar, hay que fortalecer a los trabajadores dándoles certeza, equidad y libertad”. Previo a la ronda de preguntas, AMLO informó, buscarán hacer vigente la reforma al outsourcing ese mismo día, 23 de abril de 2021.
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