Por Antonio Medina Trejo
Como si estuviéramos a finales de la década de los 80, Uriel, de 25 años, fue ingresado a la Clínica 71 del IMSS, en Chalco, Estado de México, a causa de complicaciones por sida, donde se le negó el servicio médico en un primer momento, y a su pareja, con quien comparte su vida, no le quisieron dar información sobre la salud de su novio que duró varios días en una silla en un pasillo del hospital sin que le atendieran.
Al trato inhumano de esa institución federal, se suma el dejo discriminatorio del personal que en varias ocasiones enfatizaron la orientación sexual del joven y la relacionaron con el sida, tal como sucedía hace tres décadas cuando no se tenía información ni sensibilización sobre ese virus y sus implicaciones médicas y sociales.
La familia de Uriel, junto con Alex, su pareja, decidieron denunciar la negligencia del IMSS, no sólo por la falta de suministro de medicamentos antirretrovirales y la mala atención que tiene al filo de la muerte a su ser querido, sino por el trato discriminatorio que ha recibido.
Esta mala experiencia que vive Uriel era común en los años en que en México no había medicamentos que paliaran los efectos del sida en las personas y cuando no existían protocolos de actuación médica o leyes que indicaran que no se debe discriminar a nadie por su condición de salud o por sus preferencias sexuales.
Lo lamentable de todo esto es que a pesar de los avances científicos en la lucha contra el sida, los logros del activismo para erradicar estigmas, y la existencia de medicamentos altamente efectivos como los antirretrovirales que permiten que las personas que viven con VIH puedan tener una extraordinaria calidad de vida, la realidad es que no hemos avanzado en la eliminación del virus de la discriminación y se siguen replicando actitudes que vulneran a quienes viven con VIH en algunas instituciones públicas de salud en todo el país.
Éste caso es sólo uno muchos que no conocemos y nos indica que la falta de voluntad institucional para garantizar el derecho a la salud de quienes son detectados seropositivos, además de que en los últimos dos años se ha agudizado el problema por el desabasto de antirretrovirales, exámenes de laboratorio e insumos médicos que requieren las personas que viven con VIH.
Contrario a lo que ha asegurado el presidente López Obrador en su segundo informe de gobierno sobre que en México ya no se violan derechos humanos, éste y muchos casos más de personas que viven con enfermedades crónicas, son la muestra del retroceso en la progresividad de derechos y políticas públicas que ya funcionaban óptimamente, pero con el gobierno actual se ha retrocedido en el derecho a la salud y la obligación del Estado mexicano de garantizarlo a todas las personas, tengan seguridad social o no.
Ante la urgencia de exigencia a la salud del joven Uriel, su familia y su novio decidieron interponer una demanda penal en contra del titular del IMSS, Zoé Robledo Aburto, en la Fiscalía General de la República por la negligencia médica y la violación de su derecho a la salud con el agravante de discriminación implícita por su orientación sexual.
Casos como éste suceden todos los días, pero las personas, que no conocen sus derechos, que tienen poca información de cómo proceder y ven a las instituciones públicas de salud como entes que les “regalan” el servicio médico y no como instituciones que están obligadas a garantizarles ese derecho, genera un círculo vicioso de violación a sus derechos dejando en manos de la institución su bienestar sin exigir la atención como debe ser.
Hoy las personas que tienes estas situaciones ya no cuentan con el apoyo de las organizaciones civiles como antaño, salvo honrosas excepciones, pues el gobierno actual les quitó recursos para llevar a cabo su activismo y las tiene amenazadas con el terrorismo fiscal que se implementó desde el año pasado, el cual ha desanimado a las ONG`s para cuestionar al gobierno o denunciar violaciones contra quienes viven con VIH, y muchas han optado mejor por hacerle pleitesía al presidente y a su partido en lugar de defender a la gente.
Este caso fue atendido por la abogada Andrea Rocha, quien junto con militantes del Partido de la Revolución Democrática han defendido mediante amparos a personas que viven con VIH, niños, niñas con cáncer, mujeres con cáncer de mama, además de pacientes crónicos de otras enfermedades como lupus, leucemia y diabetes.
Se espera que con esta demanda penal en contra del IMSS, (y en donde también se inculpa al secretario de Salud, Jorge Carlos Alcocer Varela por la implicación de esa institución en el desabasto de antirretrovirales), el Estado mexicano resarza el derecho a la salud de Uriel y le garantice como derechohabiente el respeto a sus derechos humanos. Asimismo, con esta demanda penal se sienta precedente para que todas las personas que les sean violados sus derechos en instituciones de salud pública, recurran a la justicia para obligar al Estado mexicano a cumplir con sus obligaciones.
@antoniomedina41
