El Congreso de España aprobó una nueva ley de aborto que permitirá a las jóvenes de entre 16 y 17 años acceder la interrupción legal del embarazo durante las primeras 14 semanas de gestación sin presentar el permiso de sus padres y madres.
La ley aprobada este jueves, elimina el requisito del plazo de tres días de reflexión otorgado a la mujer antes de acceder al aborto, termina con la obligación de informar sobre las ayudas a la maternidad y prevé un registro de objetores de conciencia para el personal sanitario.
Además, promueve que los abortos se realicen en el servicio público de salud, ya que actualmente 85 por ciento de las interrupciones voluntarias del embarazo se realizan en clínicas privadas.
El Poder Legislativo de España con 185 sufragios, votó a favor de una ley que crea la ‘baja menstrual’ para las mujeres que sufren reglas dolorosas, una medida considerada inédita en Europa. Según datos del sindicato español Unión Sindical Obrera, 53 por ciento de las mujeres sufre reglas dolorosas y en jóvenes, sube al 74 por ciento.
La nueva legislación propone combatir la pobreza menstrual y apuesta por la gratuidad de los productos de higiene menstrual -tampones, compresas o copas menstruales- en centros educativos, prisiones y centros sociales para las mujeres en situación de vulnerabilidad.
Sobre los derechos de las personas trans, las y los diputados españoles dieron luz verde a una ley que reconocerá la autodeterminación de género a través de una simple declaración administrativa a partir de los 16 años, aunado a que elimina la obligación de aportar informes médicos, psicológicos o psiquiátricos y de presentar pruebas de dos años de tratamiento hormonal, como ocurría hasta ahora para los adultos.
El texto -aprobado por 191 votos a favor, 60 en contra y 91 abstenciones- también extiende este derecho a los jóvenes de entre 14 y 16 años, siempre que vayan acompañados en el procedimiento por sus tutores legales, así como a los de entre 12 y 14 años, si obtienen el visto bueno de un tribunal.
El dictamen apunta que las personas que cambien su género no eludirán condenas por violencia machista, puesto que se mantendrán las obligaciones jurídicas que cualquier persona tuviese antes de rectificar su género, y prohíbe las llamadas “terapias de conversión” aunque haya consentimiento de las personas que las recibe, además de que brinda apoyo estatal para lesbianas y mujeres solteras que buscan tratamiento de fertilización in vitro.
La norma prohíbe conceder subvenciones, recursos ni fondos públicos a ninguna persona física o jurídica, pública o privada, que “incite o promocione LGTBIfobia”, incluido el fomento de las terapias de conversión.
Esta ley es un proyecto del Ministerio de Igualdad a cargo de Irene Montero, quien señaló que se trata de una las legislaciones más importantes de la actual legislatura pues “las personas trans no son enfermos, son personas”, opinión que compartió la activista Carla Antonelli, primer mujer trans en llegar al Congreso español. “Siempre hemos estado en el lado correcto de la historia y hoy se ha hecho justicia”.
España se suma así a los pocos países del mundo que permiten la autodeterminación de género a través de una simple declaración, como Dinamarca, el primer país de Europa en conceder este derecho a las personas transgénero en 2014.
