Por Raymundo Moreno
Durante la campaña presidencia estadounidense de 1992, el entonces candidato Bill Clinton acuñó una frase que se volvió un mantra de la política de ese país: “es la economía, estúpido”. Se trató de un exitoso discurso electoral enfocado en las cuestiones más relacionadas con la vida cotidiana de los ciudadanos y sus necesidades inmediatas. Con esa estrategia Bill Clinton le ganó al George Bush de la Guerra del Golfo que apenas unos meses antes parecía imbatible. Durante su primer periodo en la Casa Blanca, Clinton centro su política justamente en mejorar la situación económica de las familias y eso le valió una incuestionable popularidad.
En México el candidato López Obrador construyó un extraordinario movimiento social que le permitió llegar a Palacio Nacional en el tercer intento, a partir del hartazgo de la sociedad civil por la evidente y generalizada corrupción del gobierno que le precedió. El hoy presidente articuló un discurso que señalaba los abusos y excesos del pasado y prometía una suerte de “renovación moral”, de limpieza de la casa y, lo más importante, de incorruptibilidad. La honestidad valiente fue el estandarte que lo diferenció y contra el que sus rivales jamás tuvieron oportunidad.
El diagnóstico era correcto, en México la corrupción, ya sea a través de la asignación directa de contratos a sobre precio, de pagos de sobornos, de la entrega de obsequios, del financiamiento de campañas o de la denominada mordida, había penetrado en todas las estructuras del Estado, con la necesaria complicidad de los partidos, algunas empresas y una parte de los ciudadanos. Era indispensable visibilizar, reconocer el problema y atacarlo de fondo.
Al cabo de casi veintiún meses en el cargo, el diagnóstico del presidente sigue siendo correcto: la corrupción es uno de los mayores retos de la república y un añejo mal que nos duele a muchas y a muchos. El problema radica en la implementación de soluciones y lo más grave, en la supuesta incorruptibilidad de la autodenominada cuarta transformación.
La exitosa retórica presidencial se ha hecho acompañar de pocas acciones concretas: la concentración de las compras gubernamentales en la Secretaría de Hacienda, con los no pocos ni menores problemas logísticos y de desabasto, particularmente de medicamentos, que han sido ampliamente documentados tanto por la prensa, como por las organizaciones de la sociedad civil; el encarcelamiento, no sin un halo de revancha, de Rosario Robles; y la muy sonada detención con amplios privilegios de Emilio Lozoya, bajo la premisa de los denominados criterios de oportunidad. En este último caso la caja de pandora tiene forma de video escándalos y filtraciones, donde el debido proceso cede protagonismo al juicio mediático, y cuyo relator ha sido el propio presidente de la República.
Fue el presidente quien, con su característica dosis histriónica, pidió que todos los videos se hicieran públicos y remató “el pueblo está cansado de tanta pinche tranza”. Tiene razón, estamos muy cansados. Lo que el hasta hoy imbatible López Obrador probablemente no esperó, fue la publicación de un par de videos de su hermano Pío López Obrador recibiendo primero “cuatrocientos” y luego “uno”, en referencia a cuatrocientos mil y un millón de pesos, respectivamente, en efectivo, como parte de los pagos que religiosamente anotaba en su libreta y de los que, hasta donde se puede inferir en las cintas, tenía conocimiento el hoy presidente de México.
La Ley electoral vigente es muy clara, las aportaciones ciudadanas a los partidos son legales, pero hay límites en los montos, deben realizarse entre personas acreditadas y reportarse a la autoridad electoral. Las polémicas y generosas aportaciones que David León, hasta hace unos días un alto funcionario federal relacionado con el gobierno de Manuel Velasco en Chiapas, le entregó al hermano del presidente para financiar el movimiento no cumplieron con esos indispensables requisitos legales.
La riqueza inmobiliaria del Director General de la CFE, Manuel Bartell, y los contratos otorgados a sobre precio al hijo de este, León Manuel Bartell; los cuarenta y cinco mil dólares que recibió René Bejarano en 2004; el caso Eva Cadena en Veracruz; el millón de pesos en efectivo del aeropuerto de Tapachula en 2015; las dudas sobre el patrimonio de la Secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, y su esposo, el controversial Dr. John Ackerman; pero sobre todo el uso y abuso del procedimiento de adjudicación directa, han puesto en tela de juicio la honorabilidad de algunos integrantes del movimiento, pero hasta el momento, no habían alcanzado al jefe del ejecutivo. El video escándalo que involucra a su hermano, cambio las cosas.
En 1996 Bill Clinton ganó la reelección en Estados Unidos toda vez que cumplió su promesa de mejorar la economía de las y los estadounidenses. Allá, entonces, fue la economía, estúpido. En México el presidente y su movimiento enfrentarán las elecciones intermedias de 2021 con las consecuencias de una pandemia, una profunda recesión económica, altos índices de violencia, y un monumental dilema: ¿cómo refrendar el discurso anti corrupción, cuando la incorruptibilidad del primer círculo de la administración está en duda? Al tiempo.
