Durante la sesión del Plano del Congreso del 22 de octubre, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y lo particular la consulta popular para llevar a cabo el proceso judicial en contra de expresidentes, “actores políticos del pasado” y la expedición de su convocatoria.
Con 272 votos a favor, 116 en contra y ninguna abstención, los diputados validaron el proyecto del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), enviado el 15 de septiembre, aún en medio del debate entre legisladores de oposición y la bancada morenista, del Partido del Trabajo (PT), Verde Ecologista, y Encuentro Social.
En la sesión, los legisladores del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Movimiento Ciudadano, Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN) indicaron, este acto tiene un trasfondo político con la finalidad de mantener a AMLO en las boletas y a Morena como mayoría en el Congreso. Afirmaron, el planteamiento de presidencia, así como las adecuaciones de la Corte “son inconstitucionales, innecesarios y generarán un gasto millonario al país”. “La justicia no se consulta, la justicia se aplica”, dijeron los diputados Cruz Roa Sánchez y Felipe Macías Olvera, del PRI y PAN, respectivamente.
Bajo esta línea, el panista Macías Olvera reafirmó, Acción Nacional no busca proteger a nadie, pero si la sociedad reclama un juicio penal contra “los corruptos del pasado”, también debe exigirse castigo para los de la actual administración, y puso de ejemplo a Pio López Obrador y Barlett. “Por supuesto que estamos a favor de que se sanciona a cualquier persona que haya cometido un delito, en el pasado y en el presente”.
Tras la aprobación de la consulta ciudadana de enjuiciar a los expresidentes por la Cámara de Diputados, el Instituto Nacional Electoral (INE) llevará a cabo la organización, desarrollo, coordinación, análisis y declaración de resultados, la cual se realizará el 1 de agosto de 2021, con lo que se empata con las elecciones intermedias.
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