Por Raymundo Moreno Romero
El actual gobierno federal se ha destacado por su intención de concentrar la mayor cantidad de poder y recursos, de preferencia discrecionales, en manos de un solo hombre: el presidente de la República, no obstante, luego del despilfarro de casi 300,000 millones de pesos del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, y considerando la asfixia financiera con la que la Federación pretende dominar a los gobiernos estatales y municipales, ya solo restaban dos rubros de donde el Ejecutivo podría obtener los fondos para impulsar su megalomanía y su estructura político clientelar: las Afores y los fideicomisos públicos.
El pasado martes 29 de septiembre, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados aprobó por mayoría, en una atropellada sesión y a pesar de las protestas de la oposición, un Dictamen que pretende disolver 109 Fondos y Fideicomisos Públicos que en su totalidad suman más de 68,000 millones de pesos. Entre dichos Fondos y Fideicomisos destacan los vinculados a la ciencia y la innovación tecnológica, los que financian a instituciones académicas y de investigación como el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), el Colegio de la Frontera Norte, el Colegio de la Frontera Sur, el Instituto de Ecología o el Centro de Investigación en Matemáticas, igualmente propone desaparecer los Fondos que promueven el deporte de alto rendimiento, la creación artística y cinematográfica, así como el Fondo de Desastres Naturales, el de Cambio Climático y el de ex trabajadores migrantes, entre muchos otros.
Además del evidente retroceso en términos de transparencia que significa retirar recursos multimillonarios, con reglas de operación y destinos específicos, a fin de sumarlos a la partida secreta del presidente, es indispensable señalar el despropósito histórico que representa el dejar sin presupuesto nada más y nada menos que a las instancias del Estado Mexicano encargadas de combatir el calentamiento global, de abonar a la transición energética o de generar conocimiento y tecnología. Adicionalmente, para quienes promovemos y defendemos los derechos humanos resulta especialmente preocupante la posibilidad de que la mayoría de Morena en la Cámara baja disuelva el Fondo para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas. En un país donde la violencia criminal ha costado la vida de más de 62,000 mexicanas y mexicanos en los últimos 21 meses, en donde los feminicidios crecieron en casi 10% en el primer semestre de 2020 en comparación con el mismo periodo de 2019, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y en donde los crímenes de odio contra personas de la diversidad sexual, especialmente activistas, han detonado la movilización social e incluso las huelgas de hambre de algunas y algunos de nuestros compañeros, considero indispensable dar la batalla para evitar que se desmantelen los instrumentos de política publica creados precisamente para hacer frente a la difícil situación de inseguridad que prevalece.
El atentado contra las instituciones, con el objetivo de adueñarse de los recursos financieros de los que dependen, amenaza el destino de una generación de cineastas, artistas, deportistas, activistas, periodistas, científicos, académicos y profesionales del servicio público, y con ellas y ellos pone en jaque el futuro de México. Desde la sociedad civil organizada y desde los partidos políticos que integran el bloque de contención, especialmente desde el PRD, tenemos la obligación de alzar la voz y denunciar tanto esta nueva intentona autoritaria, como los devastadores efectos que tendría.
Hay Fideicomisos con recursos privados e internacionales cuya disolución, si se concreta en el Congreso, podría combatirse en los tribunales. Por lo que a mi toca, hago un llamado a la resistencia civil y política en el pleno de San Lázaro, en la plaza pública, en los juzgados o ante las instancias internacionales. Es nuestro deber plantar cara a la irresponsabilidad, la arrogancia, la indiferencia y el abusivo apetito de poder de quien hoy despacha en Palacio Nacional.
