Por Antonio Medina Trejo
Con aprecio y admiración para Polo Gómez,
gran activista social de la lucha contra el VIH/sida en México
El Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (sida), sin temor a equivocarme, no solamente fue el descubrimiento científico sobre el deterioro físico de una persona a causa de un virus que ataca el sistema inmunológico, sino el desencadenamiento de prejuicios sociales y culturales en torno a la homosexualidad y los odios construidos culturalmente sobre el amor y los deseos entre personas del mismo sexo.
La lucha contra el sida en México ha sido uno de los movimientos más contestatarios y propositivos de las últimas tres décadas que ha defendido un derecho fundamental: el acceso universal a la salud.
Desde que se supo oficialmente que había personas que vivían con sida en México (marzo de 1983), el activismo homosexual -principal grupo afectado por la pandemia en un inicio- se organizó ante lo que sería la batalla principal de esa comunidad que apenas un lustro atrás había comenzado su visibilidad pública.
En un primer momento el sida se convirtió, no en un problema de salud pública, como debería de haber sucedido, sino en el enjuiciamiento de las buenas conciencias de aquella época que descargaron su odio en contra de las sexualidades disidentes, calificándolas de “abyectas” e “inmorales”.
El activismo político de hombres y mujeres de la diversidad sexual de inicios de la década de los 80 obligó a que, en gran medida, la lucha por reivindicar derechos se focalizara a contener el impacto de la pandemia en la población homosexual.
“Nuestros directorios se llenaron de cruces, nuestros amigos morían en los hospitales sin atención y en estados de mucha degradación física y sin que nos permitieran verlos o atenderlos, ni a sus parejas, ni amigos”, relató alguna vez la sexóloga y activista, Alma Aldana, quien explicó: “cuando morían nuestros amigos, los familiares despojaban a las parejas de sus bienes materiales, aunque en vida rechazaron al hijo homosexual que murió de sida”.
Titulares como “Sidoso infecta a hombres” o “El SIDA le da a homosexuales”, se convirtieron en el linchamiento social desde los medios de comunicación amarillistas que reflejaban un saber colectivo influido por el discurso de odio, construido desde las voces influyentes de la Iglesia Católica o de líderes políticos como Ronald Reagan y Juan Pablo II, que lejos de cumplir con la misión espiritual o política de atender una urgencia de salud pública, influyeron para la estigmatización de quienes contraían el virus.
La lucha del activismo comenzó a tener resultados conforme fue avanzando la ciencia con la formulación de medicamentos que paliaban la enfermedad a mediados de los años 90. El discurso gubernamental y la atención de políticas públicas de salud respecto al VIH comenzaron a atender la parte médica, aunque lo cultural del estigma y la discriminación tardó para ser tomada en cuenta como parte de las estrategias gubernamentales.
La iglesia Católica continuó incitando al odio en contra de quienes vivían con VIH o sida. Fue el caballo de batalla discursivo de jerarcas religiosos para frenar cualquier avance político en la prevención aduciendo que el sida era un “castigo de dios” hacia quienes tenían una “sexualidad libertina” y que el condón, principal barrara para evitar la transmisión del virus, era un “instrumento del demonio”.
El inicio del nuevo siglo trajo, entre otras cosas, avances médicos y una ola mundial en contra del estigma y la discriminación hacia las personas que viven con VIH (PVVS). La cooperación internacional obligó a muchos países a comprometerse con políticas públicas de salud integral que tuvieran como eje fundamental el respeto a los derechos humanos de las personas y garantizar el derecho a la salud.
No fueron pocas las marchas, plantones y clausuras simbólicas frente a instituciones públicas en México para exigir al gobierno el acceso universal a los antirretrovirales en los primeros años del nuevo siglo. Pronto se hicieron propuestas desde sociedad civil para que se garantizara el acceso a la salud de quienes vivían con el virus.
La exigencia tuvo buenos resultados hasta antes del 2018. Se logró prácticamente el acceso universal al tratamiento y atención médica de las PVVS. Las organizaciones fueron tomadas en cuenta y tuvieron presupuestos gubernamentales para hacer trabajo comunitario y prevenir o dar atención a poblaciones clave.
Cada año la Cámara de Diputados discutía junto con el activismo, que no dejó de tener contacto con ese poder, el presupuesto para el incremento de recursos y políticas públicas que permitieran dar atención integral a quienes fueron impactados por el VIH. Con algunas reticencias, burocracias y siempre con falta de recursos, pero se avanzó de manera sostenida durante los tres sexenios anteriores.
¿Qué sucede hoy con la lucha contra el sida en México?
De entrada, las cifras sobre el desabasto de medicamentos antirretrovirales no responde a la realidad. Con la llegada del nuevo gobierno y el desmantelamiento del Seguro Popular, se generó un descontrol en quienes dependían de esa instancia pública de salud que permitió el acceso a la atención y medicación de más de 30 por ciento de las más de las 200 mil personas que vive con VIH en México.
El IMSS y el ISSSTE simplemente esconden datos. También hay desabasto en esas instituciones y la mala atención ha generado que quienes ya eran indetectables, generaran resistencias ante la negación de servicios, exámenes de laboratorio y el desabasto intermitente que ha provocado que la gente muera de enfermedades relacionadas con el VIH o de su combinación con el Covid19.
La decisión del presidente de México de suspender recursos a las organizaciones civiles desde el inicio de su sexenio afectó directamente a la lucha contra el sida y la prevención, pues eran los y las activistas que por más de tres décadas hicieron en gran medida ese trabajo focalizado a grupos de mayor impacto.
Hoy en día no hay prevención del VIH en México hacia ningún sector. Las organizaciones civiles lo hacen con sus propios recursos y con toda la voluntad, pero al no tener fondos para sufragar gastos mínimos, se ha reducido considerablemente la estrategia de contener el número de nuevas infecciones.
El gobierno del presidente López Obrador ha dividido al activismo, ha cooptado a unos cuantos y atemorizado al resto, por lo que la protesta social, el cabildeo y el cuestionamiento público ha sido mínimo ante las negligencias que todos ven y que muy pocos denuncian.
Ante la urgencia, el PRD interpuso amparos para defender el derecho a la salud de PVVS que sufren de desabasto, mientras que activistas de Querétaro han judicializado denuncias por la violación del derecho a la salud, logrando una respuesta positiva por parte de la Corte.
A 37 años de que se registró por primera vez casos de sida en México, se tiene un descontrol gubernamental de la pandemia, y a pesar de haber evidencia de que el subregistro de nuevos casos es monumental, y que no refleja la realidad de la situación en nuestro país, hay muy pocas voces que conociendo la realidad, no lo denuncian; mientras que las instituciones de salud callan el desbordamiento de nuevos casos y la falta de atención hacia quienes viven con VIH, entre otros motivos, por falta de presupuesto.
En este 1º de diciembre, “Día Mundial de la Lucha contra el Sida”, o de la “Respuesta Comunitaria al VIH”, como han querido matizar las instituciones públicas, es preciso redoblar esfuerzos desde el activismo y obligar al Estado mexicano a que garantice el derecho a la salud de quienes viven con VIH a través de la atención con calidad y la medicación correcta, además de fortalecer la lucha en contra del estigma y discriminación; y desde luego, no dejar de hacer prevención, tanto focalizada a los grupos poblacionales de mayor impacto, como hacia población en general.
@antoniomedina41
