A partir de la revolución y durante más de 70 años en nuestro país aconteció algo común para las democracias incipientes o jóvenes, la falta de autonomía entre los poderes de la unión, provocando que al menos en México se creara un fenómeno que los teóricos del derecho constitucional denominan facultades meta constitucionales del presidente de la República.
Por medio de las cuales el poder se aplicaba por una estructura burocrática administrativa compleja pero que era dirigido y ejercido por una sola persona, el presidente de la república, es decir, los servidores públicos encargados de tareas altamente tecnificadas como la impartición de justicia, la investigación del delito, la realización de elecciones y la defensa ante abusos de autoridad, eran realizados por personas que debían cumplir un solo requisito: lealtad absoluta al presidente.
Con el devenir de los años, y gracias al esfuerzo de una la sociedad civil organizada, el fortalecimiento de los partidos políticos de oposición y el incremento de la culturo política en nuestro país, cada día estas facultades meta constitucionales fueron disminuyendo hasta llegar a nuestros días, en donde la injerencia sigue presente, pero de una manera mucho más sutil, a la hora del presupuesto.
En la democracia mexicana del siglo XXI la división de poderes y el encargo de las tareas más técnicas han pasado por un proceso democratizador, que, si bien no es perfecto, garantiza de cierta forma la autonomía, y, además, por ley obliga a que el requisito más importante para ser titular de alguno de ellos, sea la capacidad, la preparación y el perfil idóneo por encima de la afinidad política de los actores.
Provocando que los poderes de la unión y los hoy, los organismos públicos autónomos sean encabezados por actores con cierto perfil, profesionales y desligados en medida de lo posible de afinidades políticas, algo que el gobierno federal no se está permitiendo tolerar.
Durante este primer año de gobierno los enfrentamientos entre el presidente y actores de gobierno e integrantes de órganos autónomos, como los presidentes municipales, los ministros de la corte y los consejeros del Instituto Nacional Electoral han sido una realidad que se repite semana a semana. 2
Emblemáticos casos como el Aeropuerto de Santa Lucia y la Ley Bonilla, así como su viabilidad legal y material dependen de una decisión jurisdiccional, por lo que el nuevo gobierno no se permite, no contar con incondicionales que estén dispuestos a deformar la ley al gusto del presidente.
Pero, ¿Cómo piensa lograr que éstos se sometan a su voluntad? ¿Cómo borrar consciencias y criterios de los entes cuya función primordial es, ser contrapeso?; y, sobre todo, ¿Cómo regresar al país más de cinco décadas atrás, a la época que el presidente ejercía el poder absoluto? Muy fácil: por medio del presupuesto.
Lo que aconteció la semana pasada, en la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 no debe verse como algo aislado, ya que en el convergen un gran número de fenómenos, no sólo fue un ejercicio de autoridad que no contó con el respaldo de ningún partido fuera del bloque morenista, sino que, fue un ejercicio realizado en un escondite fortificado en Santa Fe. Fue un golpe directo a toda la oposición política, desde gobiernos emanados de otras fuerzas políticas, hasta a entes que constitucionalmente deben de fungir como supervisores del ejercicio gubernamental.
Lo que aconteció en la discusión y aprobación del PEF 2020 es el debilitamiento de la democracia y un intento fragante por destruir cada esfuerzo, cada institución y cada conciencia democrática creada y fortalecida en los últimos 50 años. Mientras que se crea una compleja y robustecida maquinaria electoral a base programas y recursos con poca eficacia y fiscalización.
La vieja y conocida estrategia de mermar materialmente y anímicamente al enemigo es aplicada por el gobierno de México a todo contrapeso existente, está estrategia busca el aniquilamiento de la libertad de criterio, pero sobre todo busca que todos y todas se unan al sistema, ya que de no hacerlo no se tiene garantizada la subsistencia.
Sin embargo, el gobierno olvida que este método fue utilizado por años, por el viejo PRI, y ni en un siglo pudieron doblegar a la oposición, al libre pensamiento y a la democracia. Ahora tampoco lo lograrán.
