Por Jesús Zambrano Grijalva
Presidente Nacional del PRD
La sociedad mexicana enfrenta una nueva embestida por parte del dictadorzuelo de Palacio Nacional que pretende acabar con el INE como órgano constitucional autónomo e imparcial: El plan C.
El plan A, la propuesta de reforma constitucional en materia electoral, fue el primer intento presidencial por eliminar al INE, los Oples y al Tribunal Electoral. En resonancia con la gran marcha ciudadana del 19N, la totalidad de los grupos parlamentarios de oposición en la Cámara de Diputados rechazaron la iniciativa del Ejecutivo.
Tras su fracaso, a López Obrador no le quedó de otra que cumplir con su amenaza de enviar al Congreso de la Unión el plan B, su segundo intento por “destazar” al INE y establecer condiciones favorables para sus “corcholatas” en las elecciones de 2024.
El plan B, una reforma electoral a seis leyes secundarias que claramente contravienen a la Constitución y trasgreden la autonomía del INE, fue aprobado por la mayoría de Morena y sus rémoras de forma vergonzosa y violentando el proceso legislativo en todos sus términos.
Ante este contexto, diversos organismos facultados para tal efecto, entre ellos el PRD, promovieron acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales ante la Corte. En muy poco tiempo, los dos paquetes de reformas del Plan B se convirtieron en los decretos más impugnados en la historia jurídica de nuestro país.
En resonancia con la gran concentración ciudadana del 26F, la Corte empoderada le dio la razón al INE: El viernes pasado, el ministro Javier Laynez admitió a trámite su controversia constitucional y concedió la suspensión total del plan B por –según sus propias palabras- “posible violación de los derechos político-electorales de la ciudadanía.”
La suspensión del plan B tiene enfurecido a López Obrador. El reyezuelo de Palacio está echando espuma por la boca porque sabe que el fallo de la Corte es incontrovertible, que el plan B está en “estado de coma” y que sus decretos no serán aplicables para la contienda electoral de 2024.
Ante este segundo fracaso, López Obrador y Morena buscan poner en marcha su plan C: una maniobra política para imponer a una presidenta a modo y capturar así al Consejo General del INE.
El domingo pasado la Jucopo de la Cámara de Diputados recibió la integración de las quintetas propuestas por el Comité Técnico Evaluador, no obstante, Maite Azuela, integrante de dicho comité, por medio de un voto particular, evidenció que seis de los 20 finalistas no cumplen con el perfil de imparcialidad y autonomía que requería la convocatoria. Pero eso no es todo, resulta que la quinteta para disputar la presidencia del Consejo General del INE quedó conformada por cuatro mujeres que claramente son afines a Morena.
Sergio López Ayllón, el otro integrante del comité que hizo público su voto particular, coincidió en dos de los seis casos que señala Maite Azuela por no cumplir con los requisitos, pero no por las mismas razones, sino porque no lo convencieron sus trayectorias y desempeño en las entrevistas.
Es decir, Morena quiere imponer en la presidencia del Consejo General del INE a una persona sin experiencia, sin capacidad, sin la seguridad de cumplir al pie de la letra lo que señala la Constitución y las Leyes correspondientes para el desempeño de una responsabilidad en la que se requiere, sobre todo, profesionalismo y autonomía. Desde el PRD no lo permitiremos.
Seguro estoy de que el plan C no será la última embestida presidencial, hay que estar preparados para lo que viene porque conforme López Obrador vislumbra el riesgo de perder la elección de 2024, sus embates serán más peligrosos.
Artículo publicado en El Diario del Yaqui el 30 de marzo de 2023
