Contrariamente a lo que dicta la ley, el proceso de elaboración, impresión y distribución de los libros de texto gratuito se dio en total opacidad y hermetismo, a escondidas de los especialistas, maestros y padres de familia que debieron ser consultados.
El titular de la Dirección de Materiales Educativos de la SEP, Marx Arriaga, sostiene que sí se hicieron dichas consultas, pero por alguna “extraña razón” decidió reservar esa información por cinco años, como si el contenido de los nuevos libros de texto fueran un asunto de seguridad nacional.
Otro de los requisitos que señala la ley es que los libros deben adecuarse y tener sustento en los planes de estudio, pero fue el mismo López Obrador quien en la mañanera del martes pasado reconoció que “todavía falta tiempo para su presentación”. Es decir, confesó que los libros se elaboraron sin tomar en cuenta los planes de estudio vigentes, sin elaborar las currículas correspondientes y violando el procedimiento pedagógico establecido.
Hasta ahora lo que se sabe del contenido de los nuevos libros ha sido porque han circulado filtraciones. Los expertos que han tenido acceso a los textos están señalando que, aunque hay un evidente y alarmante enfoque político e ideológico de fondo, lo más preocupante es la falta de rigor metodológico, la ausencia de un esquema pedagógico riguroso que se expresan, entre otras cosas, en la enorme cantidad de errores y la falta de conocimientos en los mismos.
Diego Armando Piñón López, experto en la materia educativa, en un artículo publicado esta semana en la revista Nexos, comenta que “preocupa el vacío que se generó en el tratamiento de la historia, tanto nacional como universal” así como la “drástica reducción en sus contenidos correspondientes a las disciplinas matemáticas.” Por su parte, Alma Maldonado, experta en educación del Cinvestav, durante una mesa de análisis, concluyó que “las consecuencias de usar estos libros de texto será un rezago educativo.”
Por muchas de estas razones y violaciones a la ley, la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) promovió desde el pasado mes de abril un amparo contra la impresión de los libros de texto gratuitos del ciclo escolar 2023-2024. En el mes de mayo, la jueza Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la CDMX, Yadira Medina, otorgó el amparo y ordenó la suspensión definitiva de la impresión y distribución de los libros de texto.
Sin embargo, la SEP fue omisa en cumplir con la resolución y decidió continuar con la impresión y distribución de los libros. Ante este desacato, la misma jueza lanzó un ultimátum y el pasado lunes fijó un plazo de 24 horas para que la SEP someta a consulta, revisión y rediseño el contenido de los libros y se cumpla con otros requisitos legales.
En la mañanera del día siguiente, López Obrador desestimó la exigencia de la jueza. El mandatario aseguró que no había ningún impedimento para que los libros de texto lleguen para el inicio de clases el 28 de este mes y afirmó que “no hay ningún juicio de amparo que impida el que se distribuyan esos libros.”
Luego, la inexistente secretaria de Educación, Leticia Ramírez, precisó que “Hasta el momento, la SEP no ha sido notificada oficialmente del requerimiento de amparo al que se refieren diversos medios de comunicación”. Es decir, el gobierno federal salió de nuevo con la coartada de que no han sido notificados, ello para desacatar la orden judicial, diciendo que “no me vengan con que la ley es la ley”.
López Obrador y sus huestes pudieron haber impulsado la elaboración de los nuevos libros de texto gratuito conforme al procedimiento legal y pedagógico recomendado por los expertos, pero prefirió imponer su propio contenido y retar al poder judicial, a los maestros y a los padres de familia.
Ante este nuevo desacato presidencial para imponer un “modelo educativo” acorde con una equivocada visión del mundo en abierta oposición a los más elementales cánones pedagógicos, los maestros debieran sentirse en la libertad que, mientras estos libros son revisados y rediseñados por expertos conforme al rigor académico y pedagógico y en cumplimiento del mandato judicial, basen sus enseñanzas en los programas actuales y atiendan la demanda educativa de las y los niños de nuestro país.
Artículo publicado el 3 de agosto de 2023 en El Diario del Yaqui
