Por Jesús Ortega Martínez
En la historia contemporánea del País, ningun presidente había debilitado tanto al Estado Mexicano como lo ha hecho López Obrador. Calderón y Peña Nieto ya había hecho lo propio -como buenos neoliberales- para reducir al Estado a una condición mínima, pero López Obrador, en ese propósito, los ha superado con creces.
El actual presidente, le ha restado tantos deberes al Estado, que para otras naciones resultaría claramente inadmisible. Por ejemplo, ha anulado el deber del Estado para garantizar la seguridad en la vida y en el patrimonio de sus habitantes. Esta, que es una razón fundacional de los estados nacionales, ha dejado de tener sentido en México. Los cárteles de las drogas y otras bandas delincuenciales que asolan el territorio nacional, pueden quitarles la vida a personas pacíficas, pueden despojarlos de su patrimonio legítimamente adquirido, pueden privarles de su libertad, y tales asesinos y criminales no solo gozaran de impunidad, sino incluso, las autoridades les podrán ofrecer abrazos en lugar de perseguirlos, capturarlos y presentarlos ante los tribunales para que se cumpla con la ley y se haga la justicia. Esta obligación fundacional y básica del Estado, no existe en México, pues el presidente López Obrador ha ordenado la disfuncionalidad de la Constitución y de las leyes en materia de justicia penal.
La función del estado de garantizar a la población seguridad en sus vidas, no existe, y en sentido contrario, la gente se encuentra a merced de la delincuencia.
Tampoco existe el hecho de que el Estado tenga para si el monopolio del uso legítimo de la violencia, como escribía Max Weber. Tal monopolio no existe para el Estado mexicano, pues al margen de las fuerzas armadas institucionales (las polícias, el ejército, la marina) actúan múltiples grupos de la delincuencia que hacen uso indiscriminado de la violencia. Es así que una parte significativa del territorio nacional está controlado por esos grupos delincuenciales que haciendo uso de una violencia ilegitima, están, literalmente, sangrando a la nación. Hacen uso de la violencia a la luz del día, con la mirada cómplice del ejército y las polícias, y con la anuencia del encargado del ejecutivo federal, que, literalmente, ha ordenado que estos grupos violentos no sean enfrentados. Les ha dado “patente de corso” para que lleven a cabo actividades ilícitas que dañan la convivencia civilizada de la sociedad.
Los Estados nacionales se crearon para hacer posible esa convivencia civilizada, pero en regiones del territorio mexicano se ha vuelto a la “de estado de naturaleza”, aquella que, según Hobbes, existía antes del surgimiento del Estado-Nación.
Otra obligación de los Estados modernos es la de garantizar a sus habitantes protección para que puedan ejercer sus derechos humanos. Pero el Estado mexicano, y especialmente este gobierno, están socavando tales derechos e impiden que quienes residen en este territorio puedan ejercer su derecho al libre tránsito, a la libre asociación, a la libertad de expresión, a la difusión de sus ideas y pensamientos, a elegir una profesión y un trabajo digno y bien remunerado que les permita una vida de dignidad y bienestar.
Con López Obrador el Estado se ha reducido a un ente que distribuye una mínima parte del presupuesto en forma de un pedestre asistencialismo, que en lugar de ciudadanos libres, convierte a las personas en individuos sometidos y dependientes. López Obrador está haciendo del Estado Mexicano, la caricatura de un presidente banal e incompetente.
