Por Jesús Zambrano Grijalva
Presidente Nacional del PRD
Los economistas Daron Acemoglu y James A. Robinson, en su obra sobre “Por qué Fracasan los Países”, señalan que la riqueza o la pobreza dependen principalmente del Estado de Derecho, entendiendo a este último como “el principio de que las leyes no deben aplicarse de forma selectiva ni arbitraria y de que nadie está por encima de la ley”.
En México, el Estado de Derecho está amenazado de muerte por y desde el gobierno. El signo distintivo de esta administración ha sido el desprecio a la legalidad. El inquilino de Palacio Nacional ha sido insistente en violar y transgredir la Constitución y las leyes. Su megalomanía y cinismo lo han llevado a acuñar la máxima presidencial de “no me vengan con que la ley es la ley”.
Sobre el desprecio al Estado de Derecho y a las instituciones democráticas por parte de López Obrador hay un sinfín de ejemplos. Por citar el más reciente, la declaración del Tren Maya como obra de seguridad nacional.
Desde el 30 de mayo existe una sentencia judicial que otorgó una suspensión definitiva contra la planeación, construcción, desarrollo y acondicionamiento del Tramo 5 del Tren Maya por no contar con estudios sobre impacto ambiental. Sin embargo, el 15 de julio activistas de la sociedad civil, a los que López Obrador ha optado por llamar “pseudoambientalistas”, denunciaron públicamente que el gobierno había reanudado la construcción de la obra, lo cual es una violación flagrante a la sentencia judicial y a la ley.
Pero el desprecio al Estado de Derecho no quedó ahí. En lugar de presentar las pruebas y las evaluaciones de impacto ambiental correspondientes para levantar la suspensión definitiva, el gobierno federal, en una burda maniobra, buscó darle vuelta a la ley y basándose en un decreto del mismo López Obrador, el cual -dicho sea de paso- se encuentra impugnado y suspendido parcialmente por una resolución de la SCJN, declaró al Tren Maya como una obra de seguridad nacional y reanudó su construcción.
Además de estar cometiendo un delito, la razón que dan para la reanudación de la construcción es una burla para todas y todos. En ningún momento la suspensión de la construcción de este “elefante blanco” pone en riesgo la seguridad nacional o atenta contra nuestra soberanía, sino todo lo contrario, se protege a una de las reservas de agua dulce más importantes del mundo: la Riviera Maya.
De esta manera, López Obrador pretende imponer su capricho a toda costa, incluso violentando acuerdos y ordenanzas nacionales e internacionales para construir una obra que, a todas luces, figura como un fracaso más y un costo ecológico y económico que habremos de pagar todas y todos los mexicanos. El sobrecosto ya rebasa el 90% de lo proyectado en un inicio, terminará costando más de 200 mil millones de pesos.
La reanudación del Tren Maya es tan solo uno de los infinitos ejemplos del desprecio al Estado de Derecho por parte de este gobierno que nos alertan del riesgo eminente de regresión hacia el autoritarismo. No lo permitamos.
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