Por Jesús Ortega Martínez
Desde que asumió el gobierno, López Obrador ha tomado graves decisiones que han resultado, en la mayoría de los casos, erróneas. Son muchas, pero habrá que destacar aquellas que están afectado de manera negativa a la población. Una en extremo delicada, es la militarización de la vida del país. Ahora que los militares son los responsables de la seguridad pública, la delincuencia continúa actuando en la impunidad y los índices de los delitos continúan al alza. Lo único que ha logrado el presidente con esta medida, es aumentar el desprestigio de las fuerzas armadas entre la población. Pero también las ha convertido en contratistas de obras, en conductores de camiones, en empresa transportadora de valores, en guardaespaldas, en empleados aduaneros, en administradores de puertos civiles, en guardias fronterizos para detener migrantes y atender las exigencias de Donal Trump. Hacen de todo, menos cumplir con su responsabilidad constitucional, es decir, la de garantizar la seguridad nacional y la vigencia del Estado mexicano en la totalidad de nuestro territorio.
Pero también es necesario decir que su política económica es un auténtico desastre, y ello no es solo resultado de la pandemia, sino que antes de que esta se hiciera presente en nuestro país, la gestión del gobierno había colocado a nuestro país en situación recesiva.
Esto es verdad, como lo es que, ante la pandemia, López Obrador no ha adoptado ninguna medida que sea efectiva para evitar el quiebre de miles y miles de empresas y el consecuente despido de millones de trabajadores.
Pero quizás la gestión gubernamental mas desastrosa, es la que tiene que ver con la disminución de la desigualdad social y la reducción de la pobreza, es decir, con los dos compromisos que durante décadas ubico como los principales. Las evidencias tangibles, las cifras verdaderas, los datos ciertos e irrefutables, indican que, durante los meses que López obrador lleva al frente del gobierno, la desigualdad se ha profundizado, el número de pobres ha aumentado, y los que ya eran pobres antes del 1 de diciembre del 2019, son, al 1 de septiembre del 2020, aun más pobres.
La política social del gobierno morenista resultó en un fiasco porque la confundió con un asistencialismo caritativo, al que además utiliza para el control electoral de las personas subsidiadas.
Por supuesto que el Estado, al tutelar los derechos sociales, tiene que aplicar una serie de apoyos y subsidios a los sectores de mayor pobreza y marginación, pero estos no deben ser planeados y aplicados para existir de manera perene; en sentido diferente, junto a las políticas subsidiarias, se debe dar prioridad a políticas fiscales de redistribución del ingreso y de aumento en la recaudación que posibilite la construcción de un sistema de seguridad social que sea de calidad y que de manera sustantiva comprenda la educación universal y de excelencia, el acceso pleno a la salud, el seguro de desempleo y una pensión suficiente para una vida de dignidad para las personas de la tercera edad, todo esto como derechos humano y constitucionales y no como dadivas gubernamentales.
Igualmente es indispensable para un eficaz combate a la pobreza, aquellas políticas que alientan el crecimiento de la economía y la generación de millones de empleos justamente remunerados. Empleos bien pagados y con seguridad social de calidad garantizada, es la variable económica y la política pública más eficaz para abatir la pobreza y disminuir de manera consistente la desigualdad social.
Esto no está siendo comprendido por el actual gobierno, al grado de que confunde creación de empleos con entrega de subsidios.
La terrible paradoja que tiene que soportar López Obrador, es que la supuesta razón para acceder al poder, es decir, el combate a la pobreza, es ya, el mayor de sus fracasos.
