Por Jesús Ortega Martínez
“El chirrión por el palito” es una frase de los mexicanismos populares que se aplica para aquellas personas que queriendo ser los verdugos se convierten en los guillotinados. Esto es lo que le sucedió al presidente López Obrador con la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación acerca de su solicitud para llevar a cabo una consulta popular que, según su petición al supremo tribunal, “garantizara que fuese el pueblo quien decidiera llevar a juicio penal a los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique peña Nieto”.
Desde luego tal solicitud de López Obrador es una aberración política y jurídica. Es aberrante desde el punto de vista político, porque su propósito no es buscar justicia sino escandalizar mediáticamente sobre un eventual juicio a los ex presidentes y de esa manera, influir, aun sea de manera indirecta, en el ánimo de las y los electores. El presidente quiere aparecer en las boletas electorales desde el burdo montaje de una consulta popular para decidir si la ley se aplica.
Es una aberración jurídica, porque como dijo el ministro Javier Laynez: “La Justicia no se consulta, los jueces no son nombrados para ganar popularidad”.
Así, la sentencia de la Corte contiene dos partes fundamentales: La primera fue declarar que la consulta popular se encuentra apegada a la constitución. Ello fue un gran equivoco, una determinación que daña a la corte y al conjunto del poder judicial. Esta aberración jurídica motivó que muchas personas en todo el país asuman que no existe mas un poder judicial independiente, que la Suprema Corte de Justicia ha sido cooptada y que se encuentra sometida al ejecutivo federal.
La otra parte de la sentencia, consiste en que la corte decidió desechar por inconstitucional la pregunta que sugirió López Obrador para llevar a cabo la consulta popular. En lugar de la pregunta tendenciosa del presidente, los ministros aprobaron otra, que es sustantivamente diferente y, desde luego, la incluyeron en la sentencia. Esta dice: ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.
Como lo pueden apreciar, la pregunta de la sentencia no menciona a nadie de manera especifica, y tampoco a los ex presidentes, sino que habla de los actores políticos; establece que hay que esclarecer las decisiones políticas tomadas en años anteriores para garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas. Con esta redacción, y de ser aprobada por los electores, podrían ser investigados los expresidentes, pero no solo ellos, sino todos los actores políticos que tomaron decisiones que pudieron haber afectado derechos de las personas. Así, Manuel Bartlett sería un actor político, investigado por la posible comisión de delitos al haber participado en el fraude electoral de 1988; y lo mismo sucedería con Marcelo Ebrard que sería investigado y en su caso sujeto a proceso, si se comprueba que cometió fraude y afectó el patrimonio público durante las obras de la línea 12 del metro de la ciudad de México; podrían ser sujetos a investigación los comandantes militares en cuyo mando se encontraban los soldados que participaron en la masacre de Tlatlaya, en donde fueron asesinados (fusilados) 22 civiles; o bien podría ser investigado Alfonso Romo, el ahora jefe de la oficina del presidente, como uno de los beneficiarios del gigantesco fraude del fobaproa; o incluso el propio presidente, que fue el actor político fundamental, en la construcción de los segundos pisos de la capital del país, obra de vialidad de un enorme costo y del de la cual no se han presentado, hasta ahora, ningun informe.
Yo veo, entonces una sentencia de la Suprema Corte de Justicia contradictoria, pues se declara consitucional una consulta popular para que los electores decidan si la ley debe aplicarse, y al mismo tiempo, aprueba la pregunta de la consulta con la cual, parecería, se busca la creación de una especie de comisión de la verdad en donde podría ser investigados todos los actores políticos del pasado lejano y reciente oscuro y algunos de los cuales son altos funcionarios del actual gobierno.
