Por Jesús Zambrano Grijalva
Durante los llamados “Diálogos” por la reforma constitucional al Poder Judicial, los representantes de la 4T han insistido en señalar que la mayoría que la ciudadanía les confirió el pasado 2 de junio es razón suficiente para vulnerar la autonomía del Poder Judicial. Sin embargo, es preciso subrayarles que la justicia no puede subordinarse a mayorías partidistas.
El pasado 5 de febrero de 2024, el Ejecutivo Federal envió a la Cámara de Diputados un paquete de 20 iniciativas de reforma, 18 de ellas constitucionales y 2 legales, al que se le denominó “Plan C” porque no era ni la primera ni la segunda vez que se intentaban aprobar, luego de que varias de esas reformas fueran rechazadas por la oposición o declaradas inconstitucionales por la SCJN.
Dentro del conjunto de las 18 reformas constitucionales se encontraba la reforma al Poder Judicial con la que se pretendía, entre otras aberraciones, organizar una elección popular para reemplazar a más de 1,600 jueces, magistrados y ministros, porque, según el Ejecutivo Federal, es la única forma de garantizar la independencia del Poder Judicial.
En aquel momento, el nuevo intento por capturar al Poder Judicial se concibió de esa forma, como un nuevo intento, un nuevo amague, un nuevo capricho presidencial que correría con la misma suerte que los anteriores.
Sin embargo, el pasado 2 de junio, mediante una intervención descarada, ilegal y artera del gobierno federal en turno, la candidata oficialista y su coalición tuvieron una victoria amplia sobre la oposición.
Por el compromiso adquirido luego de la cínica elección de Estado, o peor aún por convicción propia, la primera acción de Claudia Sheinbaum como virtual presidenta electa ha sido sucumbir ante su jefe, López Obrador, al revivir como una de sus reformas prioritarias la reforma al Poder Judicial.
La intención es que la reforma al Poder Judicial se discuta en septiembre próximo, es decir, en el último mes de la administración de López Obrador y en el primero de la LXVI Legislatura. Para ello, y siguiendo al pie de la letra el manual populista, Claudia Sheinbaum giró instrucciones a sus lacayos para que en julio y agosto se realicen supuestas consultas populares que justifiquen el asalto al Poder Judicial y la justicia.
Los llamados “Diálogos” por la reforma constitucional al Poder Judicial son parte de esa estrategia. No tienen nada que ver con una práctica de parlamento abierto, son más de lo mismo, una simulación que, insisto, tiene por objetivo avalar la mayoritaria aprobación de una reforma que vengativamente busca someter al Poder Judicial a los designios del jefe del Ejecutivo federal.
Y los representantes de la 4T descaradamente así lo han manifestado en los tres foros que hasta ahora se han llevado a cabo. Cuando los especialistas, académicos y opositores se han atrevido a cuestionar las supuestas razones para elegir a los jueces, magistrados y ministros por elección popular, los representantes de la 4T soberbiamente alegan el respeto a la voluntad de la mayoría expresada en las urnas.
Hace unos días, Beatriz Paredes, respondiendo a uno de estos representantes de la 4T señaló que “el argumento de la mayoría, es el peor de los argumentos, el verdadero argumento es la razón”. Y advirtió que “cuando las mayorías no tienen razón suceden aberraciones históricas.” Esperemos que no estemos ante esos hechos.
