Por Jesús Ortega Martínez
El presidente de la República, según nuestra constitución, no puede actuar a su libre albedrío. Su accionar esta, necesariamente, sujeto a lo que establecen la Constitución y las leyes.
Esto viene a colación, debido a que López Obrador ha dicho apenas hace unos días, que a “él solo se somete al tribunal de su conciencia”. Con esta frase -que ya ha repetido en varias ocaciones”, reafirma su descabellada concepción sobre las facultades del presidente de México que él supone omnímodas, al grado de que cree que ninguna persona, que ninguna otra autoridad, que ninguna otra institución política o administrativa, le puede señalar errores, corregir prácticas, sancionar comportamientos, aunque estos sean indebidos o ilegales. Peor aún, asume que nadie puede criticarle, y por ello, día tras día, López Obrador descarga su ira ante cualquier persona, partido, periodista, medio de comunicación que ose criticarle.
El “tribunal de su conciencia” solo es un tribunal alcahuete de su proceder autoritario.
Así, blandiendo su espada en llamas, López Obrador pasa buena parte de su tiempo, confrontando, rebatiendo, señalando, atacando, a todas aquellas personas que se atreven a criticarlo. Esto ya significa un problema serio, porque mucho del tiempo que debería utilizar para gobernar -que para eso fue electo- lo desperdicia en polémicas absurdas e inútiles.
Entonces, el hecho real y trágico, es que tenemos un presidente que no gobierna, y que su investidura, sus facultades constitucionales y los recursos con los que cuenta, no las utiliza para atender y resolver los problemas del país y los de la gente. En sentido contrario los utiliza para pelear con sus contrincantes políticos y con todas aquellas personas que simplemente no comparte sus visiones y concepciones políticas.
Un primer resultado de todo esto, es que la administración pública federal es un desastre, y el mejor ejemplo de ello es la situación del sistema público de salud. El sistema de salud público ha colapsado y es posible observar cómo se han deteriorado los hospitales en los cuales no hay camas suficientes y adecuadas; no hay el necesario personal médico; no hay medicamentos indispensables para atender a los enfermos contagiados por covid19, pero tampoco hay condiciones para aplicar tratamientos para otras enfermedades, como sucede, trágicamente, con las niñas y niños que padecen de cáncer.
Esto que pasa en el sistema de salud, se reproduce de manera más aguda en otras áreas de la administración pública, como la seguridad publica, la educación, el cuidado del medio ambiente, la gestión de la economía.
Un caso notable es la situación por la que pasan cientos de miles de micro y pequeñas empresas, que han quebrado o se encuentran en vías de hacerlo, enviando al desempleo a millones de personas. Desde que comenzó el gobierno de López Obrador ha crecido el número de personas en condición de desempleo y pobreza. Lo peor es que la estrategia del presidente consiste en decirle a los pequeños y medianos empresarios que “se rasquen con sus propias uñas”
Y eso mismo es lo que el presidente aplica a las familias damnificadas por las inundaciones en el sureste del país. Ha llovido mucho, cierto, pero también hay negligencia criminal por parte de la Comisión Federal de electricidad en el manejo de las presas, como lo dijo el propio gobernador de Tabasco. En Tabasco, Chiapas, Quintana Roo, las personas afectadas por las inundaciones “se están rascando con sus propias uñas”
Al presidente no lo juzga su conciencia; esta es una argucia retorica para eludir sus responsabilidades políticas. Al presidente lo pueden juzgar los tribunales civiles y, a final de cuentas, lo juzgara el pueblo, la ciudadanía.
@jesusortegam
