Según informó Alfonso Durazo Montaño, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, durante su participación en la habitual conferencia matutina del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) el 4 de agosto, se destituyó a cuatro funcionarios por estar vinculados en la red de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, quien se encuentra detenido en Estados Unidos por nexos con el narcotráfico y falsedad de declaraciones.
Asimismo, informó, dos de los casos se tratan de personas con rango de directores generales de la Guardia Nacional; un director de administración en penales, y a personal de menor nivel, todos relacionados con la trayectoria profesional de García Luna. En este sentido, el secretario aclaró la falta de procesos penales contra ellos, pues “no se les está despidiendo porque encontraron alguna irregularidad en su desempleo”. Además, mencionó, “no podemos ser ingenuos en este tema, y sabemos que la red de complicidades se va tejiendo cuando las carreras profesionales crecen de manera paralela, en este caso a García Luna”.
Cabe recordar, el 10 de marzo el secretario informó, ningún funcionario que esté vinculado al caso García Luna puede permanecer en su cargo, por lo cual, solicitó la renuncia de varios directores. Estos despidos se cumplen bajo instrucción del Ejecutivo, “para que en el área de seguridad no trabaje nadie que pueda tener alguna complicidad con Genaro García”. En la “mañanera” del 4 de agosto, Durazo enfatizó, “los riesgos de la permanencia de ese personal serían altos”.
Por otro lado, el funcionario público opinó, en la cultura política de México las relaciones personales tienden a tornarse políticas y convertirse, con frecuencia, en complicidades; ante ello, se han abierto investigaciones de ciertas directivas, aunque no especificó el dato. En este sentido, AMLO dio instrucciones de que las personas vinculadas con el caso fueran investigadas sin cometer “actos de injusticia“.
En cuanto a su situación internacional, el Departamento de Justicia de Estados Unidos amplió la acusación de García Luna y sumó cargos a Luis Cárdenas Palomino, extitular de la división de seguridad regional, y Ramón Pequeño, de la división antidrogas. Se les acusa de recibir sobornos por parte de los cárteles de Sinaloa y los Beltrán Leyva, así como de filtrar información sobre operativos en su contra.
Tanto el caso de Genaro García Luna, como el de Emilio Lozoya se han perfilado bajo el estandarte del presidente López Obrador de combatir la corrupción en todas las esferas políticas. Ante un contexto de crisis económica, estos golpes contra la corrupción podrían convertirse en la esperanza del Ejecutivo para justificar las de la Cuarta Transformación.
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